El director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, demandó a los coordinadores de todas las fuerzas políticas en el Senado que lleven a cabo las reformas “imprescindibles” para evitar que queden impunes las violaciones a derechos humanos de civiles cometidas por integrantes de las fuerzas armadas, como ocurre ahora.
Asimismo, planteó la urgencia de modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que los elementos castrenses que han cometido delitos graves contra ciudadanos, como detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas, sean juzgados por tribunales civiles, ya que pese a lo argumentado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “la norma es la impunidad”.
Durante el encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, a la que asistieron el nuevo presidente del organismo, el panista Gustavo Madero; el priísta Manlio Fabio Beltrones; el petista Ricardo Monreal y el vicecoordinador perredista, Silvano Aureoles, entre otros, el representante de HRW advirtió que los abusos cometidos por militares que participan en el combate al narcotráfico se han disparado en lo que va del régimen de Felipe Calderón.
Dijo que las quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se incrementaron 600 por ciento de 2006 a la fecha, y la propia Sedena aceptó que sólo en 2008 recibió más de mil 140 quejas, y 365 en los primeros tres meses de este año.
Asimismo, Vivanco expuso que la CNDH formuló 27 recomendaciones al Ejército, que fueron aceptadas, pero no se conocen las investigaciones ni los resultados, ya que hay total opacidad al interior del fuero militar. Dijo también a los senadores que el informe Impunidad uniformada, presentdo por HRW en abril pasado, documentó abusos militares contra civiles, incluyendo niños y mujeres, y el hallazgo más grave fue no encontrar en los últimos 10 años un solo soldado u oficial condenado por violaciones graves de derechos humanos en los tribunales castrenses.
Denunció que a pesar de las reiteradas solicitudes de HRW, la Sedena “no pudo mostrarnos ni un solo ejemplo de una condena emitida en la última década por delitos graves de militares contra civiles.
Destacó que hay “un conflicto de intereses intrínseco”, toda vez que las fuerzas armadas se juzgan a sí mismas y el sistema de justicia militar mexicano “carece de estructura y garantías necesarias para investigar abusos de sus elementos de manera independiente e imparcial”.
Aunado a ello –dijo–, no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre lo que ocurre durante los procedimientos judiciales militares”, ya que la Sedena aplica normas de confidencialidad indiscriminada.
Por ello –recalcó–, es fundamental modificar el Código de Justicia Militar. Los senadores se comprometieron a analizar su propuesta y a solicitar, vía la Secretaría de Gobernación, que la Sedena les proporcione la información que HRW ha solicitado en torno a los juicios militares.
Asimismo, planteó la urgencia de modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que los elementos castrenses que han cometido delitos graves contra ciudadanos, como detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas, sean juzgados por tribunales civiles, ya que pese a lo argumentado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “la norma es la impunidad”.
Durante el encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, a la que asistieron el nuevo presidente del organismo, el panista Gustavo Madero; el priísta Manlio Fabio Beltrones; el petista Ricardo Monreal y el vicecoordinador perredista, Silvano Aureoles, entre otros, el representante de HRW advirtió que los abusos cometidos por militares que participan en el combate al narcotráfico se han disparado en lo que va del régimen de Felipe Calderón.
Dijo que las quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se incrementaron 600 por ciento de 2006 a la fecha, y la propia Sedena aceptó que sólo en 2008 recibió más de mil 140 quejas, y 365 en los primeros tres meses de este año.
Asimismo, Vivanco expuso que la CNDH formuló 27 recomendaciones al Ejército, que fueron aceptadas, pero no se conocen las investigaciones ni los resultados, ya que hay total opacidad al interior del fuero militar. Dijo también a los senadores que el informe Impunidad uniformada, presentdo por HRW en abril pasado, documentó abusos militares contra civiles, incluyendo niños y mujeres, y el hallazgo más grave fue no encontrar en los últimos 10 años un solo soldado u oficial condenado por violaciones graves de derechos humanos en los tribunales castrenses.
Denunció que a pesar de las reiteradas solicitudes de HRW, la Sedena “no pudo mostrarnos ni un solo ejemplo de una condena emitida en la última década por delitos graves de militares contra civiles.
Destacó que hay “un conflicto de intereses intrínseco”, toda vez que las fuerzas armadas se juzgan a sí mismas y el sistema de justicia militar mexicano “carece de estructura y garantías necesarias para investigar abusos de sus elementos de manera independiente e imparcial”.
Aunado a ello –dijo–, no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre lo que ocurre durante los procedimientos judiciales militares”, ya que la Sedena aplica normas de confidencialidad indiscriminada.
Por ello –recalcó–, es fundamental modificar el Código de Justicia Militar. Los senadores se comprometieron a analizar su propuesta y a solicitar, vía la Secretaría de Gobernación, que la Sedena les proporcione la información que HRW ha solicitado en torno a los juicios militares.
Andrea Becerril, La Jornada, 3 de septiembre.
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