Bogotá, 21 de septiembre. El líder campesino Hernando Pérez, quien participó en un acto de restitución de tierras para pobladores desplazados, fue asesinado este lunes por sicarios, informaron este martes las autoridades.
Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, participó el pasado domingo en la entrega de títulos a 34 familias víctimas del desplazamiento forzado, en el primer acto de ese tipo que realiza el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el poder hace mes y medio.
El asesinato, perpetrado en la zona bananera de Urabá, departamento de Antioquia (noroeste), fue condenado por el vicepresidente Angelino Garzón y por el defensor del Pueblo, Volmar Pérez.
“Es un mensaje para ver si desde el gobierno nos paralizamos o echamos marcha atrás, y es un mensaje de intimidación a la comunidad con el fin de que no reclame y no acepte la devolución de tierras”, dijo Garzón, citado en un comunicado de su despacho.
Pérez, en tanto, pidió “sanciones ejemplares”, así como “medidas eficaces que permitan garantizar el derecho a la vida e integridad a las personas de la población desplazada”.
Se calcula que más de tres millones de personas han sido desplazadas en Colombia a causa del conflicto interno.
Por otra parte, un embargo de bienes, incluidas las regalías por el libro que Ingrid Betancourt acaba de publicar sobre sus seis años de cautiverio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue solicitado por el abogado de Juan Carlos Lecompte, ex esposo de la franco-colombiana, informó el jurista este martes.
Lecompte señaló que no leerá el libro No hay silencio que no termine, de Betancourt. “Prefiero cerrar ese capítulo. Me dicen que en el libro no hay nada acerca de mí”, comentó. El ex esposo de la autora publicó en enero pasado el libro Ingrid y yo, una libertad agridulce, en el cual relata la decepción que fue el regreso de su esposa. Según un sondeo de la empresa Gallup, 80 por ciento de colombianos tienen una opinión desfavorable de Betancourt.
Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, participó el pasado domingo en la entrega de títulos a 34 familias víctimas del desplazamiento forzado, en el primer acto de ese tipo que realiza el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el poder hace mes y medio.
El asesinato, perpetrado en la zona bananera de Urabá, departamento de Antioquia (noroeste), fue condenado por el vicepresidente Angelino Garzón y por el defensor del Pueblo, Volmar Pérez.
“Es un mensaje para ver si desde el gobierno nos paralizamos o echamos marcha atrás, y es un mensaje de intimidación a la comunidad con el fin de que no reclame y no acepte la devolución de tierras”, dijo Garzón, citado en un comunicado de su despacho.
Pérez, en tanto, pidió “sanciones ejemplares”, así como “medidas eficaces que permitan garantizar el derecho a la vida e integridad a las personas de la población desplazada”.
Se calcula que más de tres millones de personas han sido desplazadas en Colombia a causa del conflicto interno.
Por otra parte, un embargo de bienes, incluidas las regalías por el libro que Ingrid Betancourt acaba de publicar sobre sus seis años de cautiverio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue solicitado por el abogado de Juan Carlos Lecompte, ex esposo de la franco-colombiana, informó el jurista este martes.
Lecompte señaló que no leerá el libro No hay silencio que no termine, de Betancourt. “Prefiero cerrar ese capítulo. Me dicen que en el libro no hay nada acerca de mí”, comentó. El ex esposo de la autora publicó en enero pasado el libro Ingrid y yo, una libertad agridulce, en el cual relata la decepción que fue el regreso de su esposa. Según un sondeo de la empresa Gallup, 80 por ciento de colombianos tienen una opinión desfavorable de Betancourt.
La Jornada, 22 de septiembre.
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