Colombia respeta derechos, señala EU

WASHINGTON (DPA).— El gobierno estadounidense informó ayer que ha “certificado” el cumplimiento por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas colombianas de los “criterios” en materia de derechos humanos, por lo que pidió al Congreso que libere los fondos del Plan Colombia condicionados a este requisito, 30.3 millones de dólares.

“Aunque sigue habiendo necesidad de mejora, el gobierno colombiano ha dado pasos positivos para mejorar el respeto de los derechos humanos en el país”, dijo el Departamento de Estado al explicar la certificación, que fue otorgada el pasado 9 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos “sigue comprometido con el colombiano para mejorar la actuación en materia de derechos humanos de las Fuerzas Armadas colombianas, así como con el respeto de los derechos humanos en todo el país”, aseguró en su comunicado.

En este sentido, dijo estar dispuesto a seguir trabajando con el gobierno de Juan Manuel Santos para “construir sobre los compromisos constructivos” que ha adquirido y para “identificar vías para hacer mayores progresos en áreas de inquietud”.

De acuerdo con el informe, la “firme directiva” de Bogotá advirtiendo de que no tolerará los asesinatos extrajudiciales ha llevado a una “rápida inversión de esta alarmante tendencia”.

Además, agrega, el gobierno de Santos ha dado “pasos significativos para demostrar que se toma en serio los derechos humanos”, adoptando medidas como reunirse con ONG y grupos de la sociedad civil para abordar este tema, entre otros.

Pese a estos avances y a haber otorgado su certificación, con lo que se da vía libre para que el Congreso libere la parte de los fondos del presupuesto de este año todavía congelados, el Departamento de Estado subrayó que sigue considerando “preocupantes” algunos aspectos, como la “impunidad” del sistema judicial. En este sentido, advirtió entre otros, que la oficina del procurador general debe “mejorar” su estructura y la resolución de los casos, y destacó las “inquietudes” acerca de que los casos de derechos humanos no estén siendo transferidos de los tribunales militares a los civiles “tan a menudo como debieran”.

Asimismo tachó de “inaceptable” el escándalo de las escuchas de los servicios secretos DAS destapado el año pasado.
La Jornada, 16 de septiembre.

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