Jacinta Francisco Marcial, quien fue encarcelada durante tres años, entre 2006 y 2009, acusada de participar en el secuestro de seis agentes federales, demandó al Estado mexicano la reparación del daño ocasionado por el proceso penal en su contra.
Con base en la Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reclamó una indemnización de 50 mil pesos por daño material, calculada según lo que dejó de percibir como vendedora de aguas frescas durante esos años, y 20 mil salarios mínimos (equivalentes a un millón de pesos) por daño moral.
"A mí me hizo muy difícil de estar allá. Y no nomás yo, creo que hay muchos indígenas en cereso por no saber cuáles son nuestro derecho. Me doy cuenta que nos violan mucho nuestro derecho en donde quiera que vayamos.
"Quería a ellos que me repararan el daño porque yo no tenía un trabajo fijo, pero sí trabajaba diario, apoyaba a mi esposo para sacar adelante mis hijos, mi familia. Cualquiera de nosotros nadie nos gustaría dejar tres años, más cuando llega uno a la cárcel injustamente. Y eso me dolió mucho. Ahorita con esto, estoy libre, estoy afuera, pero todavía no siento bien como antes yo sentía", señaló Jacinta ayer en conferencia de prensa.
Apoyada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Jacinta presentó la demanda de reparación del daño ante la PGR.
El reclamo es por la irregular integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público federal y la negativa de la PGR de reconocer su inocencia una vez que fue liberada.
"Recordemos que la Procuraduría presentó conclusiones de no acusación, pero contra toda lógica afirmó que Jacinta no era inocente, aunque la misma instancia no era capaz de probar su responsabilidad.
"Se fabricó un delito de manera dolosa, pues se estigmatizó a Jacinta como 'secuestradora'", apuntó Luis Arriaga, director del Centro Pro.
Con base en la Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reclamó una indemnización de 50 mil pesos por daño material, calculada según lo que dejó de percibir como vendedora de aguas frescas durante esos años, y 20 mil salarios mínimos (equivalentes a un millón de pesos) por daño moral.
"A mí me hizo muy difícil de estar allá. Y no nomás yo, creo que hay muchos indígenas en cereso por no saber cuáles son nuestro derecho. Me doy cuenta que nos violan mucho nuestro derecho en donde quiera que vayamos.
"Quería a ellos que me repararan el daño porque yo no tenía un trabajo fijo, pero sí trabajaba diario, apoyaba a mi esposo para sacar adelante mis hijos, mi familia. Cualquiera de nosotros nadie nos gustaría dejar tres años, más cuando llega uno a la cárcel injustamente. Y eso me dolió mucho. Ahorita con esto, estoy libre, estoy afuera, pero todavía no siento bien como antes yo sentía", señaló Jacinta ayer en conferencia de prensa.
Apoyada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Jacinta presentó la demanda de reparación del daño ante la PGR.
El reclamo es por la irregular integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público federal y la negativa de la PGR de reconocer su inocencia una vez que fue liberada.
"Recordemos que la Procuraduría presentó conclusiones de no acusación, pero contra toda lógica afirmó que Jacinta no era inocente, aunque la misma instancia no era capaz de probar su responsabilidad.
"Se fabricó un delito de manera dolosa, pues se estigmatizó a Jacinta como 'secuestradora'", apuntó Luis Arriaga, director del Centro Pro.
Daniela Rea, Reforma, 14 de septiembre.
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