NUEVA YORK.- El Gobierno estadounidense inició una denuncia civil contra el polémico alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, por negarse a colaborar con una investigación por supuesta violación de derechos civiles que involucra discriminación contra hispanos, informó ayer el Departamento de Justicia.
Desde hace más de un año, el Gobierno le exige al sheriff que entregue documentos para avanzar en una pesquisa que inició en marzo de 2009. Esa investigación surgió a raíz de las denuncias de organizaciones latinas sobre los oficiales de Arpaio y su proceder durante las redadas en busca de inmigrantes indocumentados en la zona de Phoenix, Arizona.
"Las acciones del alguacil no tienen precedentes. Es lamentable que el Departamento se haya visto forzado a recurrir a los tribunales para tener acceso a documentos y oficinas públicas", dijo el asistente del fiscal general de la división de derechos civiles, Thomas E. Pérez.
La puja entre el Departamento de Justicia y Arpaio, una arista más de la pelea entre Washington y Arizona en torno a la política inmigratoria y los extranjeros indocumentados, se tensó la semana pasada, cuando el sheriff rechazó un ultimátum del Gobierno para entregar la documentación solicitada.
Ante lo que interpretó como un nuevo desafío del alguacil, el Gobierno realizó la denuncia en los tribunales.
Se trata de la segunda denuncia de la Casa Blanca contra Arizona. El Departamento de Justicia había pedido meses atrás la nulidad de la controvertida ley SB 1070. En julio, un juez federal revocó los puntos más polémicos de esa norma antiinmigrante, en la que muchos ven un reflejo de lo que hace Arpaio.
"Creo que esto sólo es un ardid", dijo ayer el sheriff durante una conferencia de prensa en Phoenix.
Arpaio calificó la denuncia de acoso, mientras que su oficina justificó la demora en la entrega de información por la supuesta falta de detalles sobre qué es lo que quiere el Departamento de Justicia.
"¿No pueden esperar otra semana? ¿Por qué no nos pueden dar un poco más de tiempo? Creí que estábamos cerca de resolver este asunto", afirmó Arpaio, quien sostuvo que ya entregó miles de documentos.
"La Administración (de Barack) Obama tuvo todo el tiempo la intención de denunciarnos sin importar lo que hiciéramos para impedirlo", atizó.
Aparte de esta investigación, un gran jurado federal en Phoenix evalúa si el alguacil utilizó su poder para investigar e intimidar a opositores políticos y si su oficina desvió fondos públicos.
Ésta no es la primera vez que Arpaio es investigado por violación de derechos civiles. En los 90, otra pesquisa del Departamento de Justicia sobre abusos en la prisión de Maricopa derivó en un acuerdo que modificó ciertas condiciones carcelarias.
"Parecía que era el Virrey de esa zona y nadie lo podía tocar. Qué bueno que el Gobierno puede llamarle la atención de esa manera", dijo a REFORMA Joel Magallán, de la Asociación Tepeyac, destinada a asistir a inmigrantes latinos.
"Creo que el sheriff ha sido bastante agresivo con todo lo que él hace. No sé si es legal, pero muchas de las cosas que ha estado haciendo van contra los derechos humanos", completó.
Desde hace más de un año, el Gobierno le exige al sheriff que entregue documentos para avanzar en una pesquisa que inició en marzo de 2009. Esa investigación surgió a raíz de las denuncias de organizaciones latinas sobre los oficiales de Arpaio y su proceder durante las redadas en busca de inmigrantes indocumentados en la zona de Phoenix, Arizona.
"Las acciones del alguacil no tienen precedentes. Es lamentable que el Departamento se haya visto forzado a recurrir a los tribunales para tener acceso a documentos y oficinas públicas", dijo el asistente del fiscal general de la división de derechos civiles, Thomas E. Pérez.
La puja entre el Departamento de Justicia y Arpaio, una arista más de la pelea entre Washington y Arizona en torno a la política inmigratoria y los extranjeros indocumentados, se tensó la semana pasada, cuando el sheriff rechazó un ultimátum del Gobierno para entregar la documentación solicitada.
Ante lo que interpretó como un nuevo desafío del alguacil, el Gobierno realizó la denuncia en los tribunales.
Se trata de la segunda denuncia de la Casa Blanca contra Arizona. El Departamento de Justicia había pedido meses atrás la nulidad de la controvertida ley SB 1070. En julio, un juez federal revocó los puntos más polémicos de esa norma antiinmigrante, en la que muchos ven un reflejo de lo que hace Arpaio.
"Creo que esto sólo es un ardid", dijo ayer el sheriff durante una conferencia de prensa en Phoenix.
Arpaio calificó la denuncia de acoso, mientras que su oficina justificó la demora en la entrega de información por la supuesta falta de detalles sobre qué es lo que quiere el Departamento de Justicia.
"¿No pueden esperar otra semana? ¿Por qué no nos pueden dar un poco más de tiempo? Creí que estábamos cerca de resolver este asunto", afirmó Arpaio, quien sostuvo que ya entregó miles de documentos.
"La Administración (de Barack) Obama tuvo todo el tiempo la intención de denunciarnos sin importar lo que hiciéramos para impedirlo", atizó.
Aparte de esta investigación, un gran jurado federal en Phoenix evalúa si el alguacil utilizó su poder para investigar e intimidar a opositores políticos y si su oficina desvió fondos públicos.
Ésta no es la primera vez que Arpaio es investigado por violación de derechos civiles. En los 90, otra pesquisa del Departamento de Justicia sobre abusos en la prisión de Maricopa derivó en un acuerdo que modificó ciertas condiciones carcelarias.
"Parecía que era el Virrey de esa zona y nadie lo podía tocar. Qué bueno que el Gobierno puede llamarle la atención de esa manera", dijo a REFORMA Joel Magallán, de la Asociación Tepeyac, destinada a asistir a inmigrantes latinos.
"Creo que el sheriff ha sido bastante agresivo con todo lo que él hace. No sé si es legal, pero muchas de las cosas que ha estado haciendo van contra los derechos humanos", completó.
Rafael Mathus Ruiz corresponsal, Reforma, 3 de septiembre.
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