Luego del ataque a balazos a la fachada del periódico Noroeste en Mazatlán, autoridades de Sinaloa dieron a conocer que el hecho será turnado a la Procuraduría General de la República (PGR) ante las evidencias de que se trata de una acción de la delincuencia organizada.
El subprocurador Rolando Bon López detalló que la agresión ocurrió a las 00:20 horas del miércoles en las oficinas del rotativo, en el fraccionamiento Campo Bello del puerto de Mazatlán. En el lugar se levantaron 64 cascajos percutidos de rifles automáticos.
La empresa de comunicación mencionó en un boletín que el ataque fue hecho por dos personas, horas después de que se recibieron amenazas telefónicas.
El texto aclara que sólo se registraron daños en la fachada, recepción y en algunas oficinas desocupadas, pues la plantilla de editores, reporteros y diseñadores ya se había retirado.
El periódico Noroeste agregó que los pistoleros colocaron una manta frente al edificio. En las llamadas de amenaza se exigía la difusión de las actividades delictivas de un cártel.
Bon López dijo que el ataque pudo derivarse de la negativa de los directivos para publicar cierta información.
Después del ataque, personal del Ejército, además de policías estatales y municipales, acordonó la zona y levantó evidencias. El subprocurador señaló que elementos castrenses recogieron la “narcomanta”, en la que se hace un recuento de homicidios en Mazatlán.
Este ataque es el tercero en contra de medios sinaloenses, luego de que el periódico El Debate y el semanario Río Doce sufrieran daños en los últimos meses.
Hace apenas 15 días, los relatores especiales de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero Marina, recopilaron denuncias sobre 16 agresiones a reporteros, desde golpes, intimidaciones, detenciones, hasta asesinatos y ataques con artefactos explosivos.
Repudian el atentado
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el atentado. Alejandro Aguirre, presidente del organismo y subdirector del Diario de las Américas, con sede en Miami, expresó su consternación: “No se trata sólo de un ataque contra las instalaciones de un medio periodístico, sino cercena además la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información”.
Robert Rivard, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director editorial del San Antonio Express-News, Texas, manifestó su “confianza en que las investigaciones y delimitación de responsabilidades conduzcan a los malhechores a la justicia, como una forma de detener la violencia desatada”.
La presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, Irene González Sánchez, dijo que la impunidad que priva en una larga cadena de ataques a reporteros y medios alienta a la delincuencia a seguirlos cometiendo.
La líder precisó que en estas agresiones se encuentran los asesinatos del vocero del operativo México Seguro, Óscar Rivera Inzunza, en septiembre de 2007, y las muertes de los periodistas José Luis Romero y Enrique Mirandas Vázquez.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llamó a las autoridades a aplicar medidas emergentes de protección a periodistas de Sinaloa. Dijo que la responsabilidad del Estado es prevenir y proteger, por lo que es urgente la implementación de mecanismos de protección, a nivel federal y estatal. (Con información de Miguel Sosa)
El subprocurador Rolando Bon López detalló que la agresión ocurrió a las 00:20 horas del miércoles en las oficinas del rotativo, en el fraccionamiento Campo Bello del puerto de Mazatlán. En el lugar se levantaron 64 cascajos percutidos de rifles automáticos.
La empresa de comunicación mencionó en un boletín que el ataque fue hecho por dos personas, horas después de que se recibieron amenazas telefónicas.
El texto aclara que sólo se registraron daños en la fachada, recepción y en algunas oficinas desocupadas, pues la plantilla de editores, reporteros y diseñadores ya se había retirado.
El periódico Noroeste agregó que los pistoleros colocaron una manta frente al edificio. En las llamadas de amenaza se exigía la difusión de las actividades delictivas de un cártel.
Bon López dijo que el ataque pudo derivarse de la negativa de los directivos para publicar cierta información.
Después del ataque, personal del Ejército, además de policías estatales y municipales, acordonó la zona y levantó evidencias. El subprocurador señaló que elementos castrenses recogieron la “narcomanta”, en la que se hace un recuento de homicidios en Mazatlán.
Este ataque es el tercero en contra de medios sinaloenses, luego de que el periódico El Debate y el semanario Río Doce sufrieran daños en los últimos meses.
Hace apenas 15 días, los relatores especiales de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero Marina, recopilaron denuncias sobre 16 agresiones a reporteros, desde golpes, intimidaciones, detenciones, hasta asesinatos y ataques con artefactos explosivos.
Repudian el atentado
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el atentado. Alejandro Aguirre, presidente del organismo y subdirector del Diario de las Américas, con sede en Miami, expresó su consternación: “No se trata sólo de un ataque contra las instalaciones de un medio periodístico, sino cercena además la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información”.
Robert Rivard, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director editorial del San Antonio Express-News, Texas, manifestó su “confianza en que las investigaciones y delimitación de responsabilidades conduzcan a los malhechores a la justicia, como una forma de detener la violencia desatada”.
La presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, Irene González Sánchez, dijo que la impunidad que priva en una larga cadena de ataques a reporteros y medios alienta a la delincuencia a seguirlos cometiendo.
La líder precisó que en estas agresiones se encuentran los asesinatos del vocero del operativo México Seguro, Óscar Rivera Inzunza, en septiembre de 2007, y las muertes de los periodistas José Luis Romero y Enrique Mirandas Vázquez.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llamó a las autoridades a aplicar medidas emergentes de protección a periodistas de Sinaloa. Dijo que la responsabilidad del Estado es prevenir y proteger, por lo que es urgente la implementación de mecanismos de protección, a nivel federal y estatal. (Con información de Miguel Sosa)
Yovana Gaxiola y Xavier Cabrera corresponsales, La Jornada, 2 de septiembre.
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