Policías de Arizona impugnan ley antiinmigrante

La ley antiinmigrante SB1070 fue impugnada ante la Corte de Distrito de Phoenix por policías de Arizona, que pidieron se suspenda de forma permanente, ya que por su trabajo estarían obligados a aplicar una norma que viola derechos civiles y los pone en riesgo de ser demandados.

Un reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revela que de las siete demandas presentadas contra esa legislación ante la juez federal estadounidense Susan R. Bolton dos de ellas fueron formuladas a título personal por policías de Phoenix y Tucson, que se suman a la que entregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y cuatro más elaboradas por organizaciones civiles defensoras de garantías en ese país.

Los argumentos de los policías fueron admitidos como parte de las pruebas en el proceso que sigue su curso ante la Corte de Phoenix donde en los siguientes meses deberá resolverse en definitiva la legalidad o inconstitucionalidad de la SB1070.

El juicio correrá en paralelo al proceso de apelación que presentó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ante el tribunal del Noveno Circuito en California, con el que pretende que se revoque la decisión de la juez Bolton, quien el 28 de julio pasado decidió suspender de forma parcial la entrada en vigor de la ley e impidió que la policía de Arizona detuviera sin orden de arresto a cualquier sospechoso de ser indocumentado.

Rechazan precepto

Encargados de hacer cumplir la ley SB1070 decidieron hacer valer en tribunales sus argumentos contra la aplicación de la norma. Una de las demandas interpuestas es la del policía de Phoenix, David Salgado, apoyado por la organización “Chicanos Por la Causa”.

El policía argumentó en el escrito entregado ante la Corte de Distrito que por tratarse de una norma inconstitucional y en caso de verse obligado a hacer valer sus disposiciones, al ejercer su trabajo en realidad “no cumpliría con la ley”; además de que no recibió la capacitación adecuada para aplicar la norma y al ser violatoria de derechos civiles, podría incurrir en ese delito y corría el riesgo de ser demandado.

“Chicanos Por la Causa” respaldó la demanda de David Salgado, al plantear que al entrar en vigor la ley sus estudiantes estarían menos seguros en las escuelas, ya que ante cualquier incidente tendrían que llamar a la policía que estaría obligada a verificar el estatus migratorio y arrestaría a los indocumentados, con lo que confirmó el argumento del uniformado.

La gobernadora Brewer presentó una moción de desestimación en este caso, bajo el fundamento que los demandantes no habían sufrido daño alguno al momento de presentar la querella.

Martín Escobar es el policía de Tucson que presentó otra demanda contra la SB1070, al considerar que contraviene las normas migratorias federales y viola la ley de derechos civiles de EU y diversas enmiendas de la Constitución federal. Su escrito se anexó a la documentación del juicio que se dirime en la Corte de Distrito de Phoenix. En la demanda inicial de Escobar se señaló como presunta responsable a la ciudad de Tucson, cuyas autoridades se querellaron a su vez contra la gobernadora Brewer, y a la que se sumaron las ciudades de Flagstaff, Tolleson y San Luis.

Argumentaron que la sección que permite a los residentes legales de Arizona demandar a las ciudades por no aplicar las leyes federales de inmigración interfiere con el poder de la ciudad para cumplir con sus obligaciones de brindar seguridad a la comunidad, “ya que la ley delega el control de estas funciones a personas cuyos motivos pueden no ser los mismos del gobierno y los oficiales responsables de hacer cumplir la ley”.

Silvia Otero, EL Universal, 5 de septiembre.