Madrid, 9 de diciembre. “En México prevalece la impunidad; los defensores de los derechos humanos y los periodistas están amenazados y carecen de protección efectiva del Estado. La militarización en el país ha aumentado las denuncias de ataques a los derechos básicos de la población”, señaló, a manera de conclusión, el abogado español Joaquín Sánchez al presentar un demoledor informe sobre el incumplimiento del Estado mexicano a las medidas preventivas reclamadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento fue elaborado por la prestigiosa Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE), tras un trabajo de campo en el estado de Guerrero para constatar la situación en que se encuentran 109 defensores de los derechos humanos, quienes, ante la “pasividad del gobierno”, son amenazados reiteradamente.
Paramilitares, otro peligro
El informe Impunidad e indefensión: caso Fernández Ortega y otros vs México es un exhaustivo documento que valora el grado de cumplimiento del dictamen de la CIDH sobre la situación de riesgo de 109 defensores de los derechos humanos en Guerrero, todos de comunidades indias y vinculados a la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa.
La resolución de la CIDH, emitida en abril de 2009, no sólo instaba al Estado mexicano a garantizar la seguridad de los activistas amenazados, sino también señalaba la urgencia de esclarecer una serie de asesinatos, torturas y graves violaciones a los derechos humanos perpetradas contra este colectivo en los últimos años.
Los abogados españoles se interesaron por el caso ante las persistentes llamadas de auxilio de los indígenas guerrerenses, que advirtieron del “grave peligro” en que se encontraban ante las amenazas y agresiones de soldados del Ejército Mexicano, paramilitares y caciques de la región.
En acuerdo con el entonces responsable del área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Guevara, se pactó con las propias comunidades amenazadas encargar a una entidad independiente la elaboración de un informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
“El gobierno decía que cumplía en 90 por ciento, y nosotros decíamos que ni siquiera llegaba a 20 por ciento de lo reclamado”, explicó el abogado guerrerense amenazado Vidulfo Rosales, quien denunció que desde que soldados mexicanos mataron en El Charco a 11 líderes indígenas e hirieron a cinco más –junio de 1998–, el acoso y la presencia militar han ido en aumento.
“Durante el trabajo de campo para la elaboración del informe constatamos la militarización de la zona; verificamos también que las amenazas, las agresiones y la descalificación pública de los defensores de los derechos humanos continúa”, explicó otro de los juristas que participaron en la redacción del informe, Vania Oliveros, quien subrayó la “imperiosa necesidad de proteger cuanto antes a los 109 ciudadanos mexicanos amenazados”.
El informe fue entregado en octubre pasado tanto a la CIDH como a la Secretaría de Gobernación, que no ha contestado ni lo ha hecho público hasta ahora. Por eso la FCGAE decidió difundir el documento, del que tiene copia La Jornada.
“El dato de que existe 98.3 de impunidad en los delitos en Guerrero es de gravedad extrema. Y ante el mismo debería existir un reflejo muy claro de preocupación en las autoridades de un país con los medios y el prestigio internacional que tiene México. El elevado índice de impunidad está agravado por la falta de coordinación y colaboración constatada entre organismos judiciales y del Ministerio Público”, concluye el documento.
Este clima de impunidad, cacicazgo y militarización ha provocado, según el jurista Joaquín Sánchez, que “en México enmudecen las leyes con el estrépito de las armas”, pues en ocasiones “los defensores de los derechos humanos son tratados como simples delincuentes”.
Entre los casos más graves que investigaron se encuentra el de Inés Fernández Ortega, quien fue víctima de una violación sexual perpetrada por integrantes del Ejército Mexicano. Luego de levantar una denuncia por los hechos ante la CIDH, ésta falló contra “la doble discriminación de que fue objeto la víctima por su condición de mujer e indígena; la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de estos hechos; la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; los obstáculos para que las personas indígenas, en particular las mujeres, puedan acceder a la justicia; la falta de reparación adecuada en favor de la víctima y sus familiares; el impacto negativo de los actos de amenaza y hostigamiento contra la víctima”.
El abogado Sánchez insistió en que “también hay que preocuparse por los paramilitares y por el aumento del poder del narcotráfico en la región, pues es una zona donde se produce droga y, lógicamente, hay interés por controlar la tierra”.
El abogado Javier García, también de FCGAE, explicó que uno de las principales fallas que encontraron para cumplir las recomendaciones de la CIDH es que “el mismo gobierno mexicano reconoce que no existe un mecanismo coercitivo en la legislación para hacer que el estado de Guerrero cumpla con los dictámenes, así que al final no se respetan y esto favorece aún más la impunidad”.
El documento fue elaborado por la prestigiosa Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE), tras un trabajo de campo en el estado de Guerrero para constatar la situación en que se encuentran 109 defensores de los derechos humanos, quienes, ante la “pasividad del gobierno”, son amenazados reiteradamente.
Paramilitares, otro peligro
El informe Impunidad e indefensión: caso Fernández Ortega y otros vs México es un exhaustivo documento que valora el grado de cumplimiento del dictamen de la CIDH sobre la situación de riesgo de 109 defensores de los derechos humanos en Guerrero, todos de comunidades indias y vinculados a la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa.
La resolución de la CIDH, emitida en abril de 2009, no sólo instaba al Estado mexicano a garantizar la seguridad de los activistas amenazados, sino también señalaba la urgencia de esclarecer una serie de asesinatos, torturas y graves violaciones a los derechos humanos perpetradas contra este colectivo en los últimos años.
Los abogados españoles se interesaron por el caso ante las persistentes llamadas de auxilio de los indígenas guerrerenses, que advirtieron del “grave peligro” en que se encontraban ante las amenazas y agresiones de soldados del Ejército Mexicano, paramilitares y caciques de la región.
En acuerdo con el entonces responsable del área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Guevara, se pactó con las propias comunidades amenazadas encargar a una entidad independiente la elaboración de un informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
“El gobierno decía que cumplía en 90 por ciento, y nosotros decíamos que ni siquiera llegaba a 20 por ciento de lo reclamado”, explicó el abogado guerrerense amenazado Vidulfo Rosales, quien denunció que desde que soldados mexicanos mataron en El Charco a 11 líderes indígenas e hirieron a cinco más –junio de 1998–, el acoso y la presencia militar han ido en aumento.
“Durante el trabajo de campo para la elaboración del informe constatamos la militarización de la zona; verificamos también que las amenazas, las agresiones y la descalificación pública de los defensores de los derechos humanos continúa”, explicó otro de los juristas que participaron en la redacción del informe, Vania Oliveros, quien subrayó la “imperiosa necesidad de proteger cuanto antes a los 109 ciudadanos mexicanos amenazados”.
El informe fue entregado en octubre pasado tanto a la CIDH como a la Secretaría de Gobernación, que no ha contestado ni lo ha hecho público hasta ahora. Por eso la FCGAE decidió difundir el documento, del que tiene copia La Jornada.
“El dato de que existe 98.3 de impunidad en los delitos en Guerrero es de gravedad extrema. Y ante el mismo debería existir un reflejo muy claro de preocupación en las autoridades de un país con los medios y el prestigio internacional que tiene México. El elevado índice de impunidad está agravado por la falta de coordinación y colaboración constatada entre organismos judiciales y del Ministerio Público”, concluye el documento.
Este clima de impunidad, cacicazgo y militarización ha provocado, según el jurista Joaquín Sánchez, que “en México enmudecen las leyes con el estrépito de las armas”, pues en ocasiones “los defensores de los derechos humanos son tratados como simples delincuentes”.
Entre los casos más graves que investigaron se encuentra el de Inés Fernández Ortega, quien fue víctima de una violación sexual perpetrada por integrantes del Ejército Mexicano. Luego de levantar una denuncia por los hechos ante la CIDH, ésta falló contra “la doble discriminación de que fue objeto la víctima por su condición de mujer e indígena; la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de estos hechos; la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; los obstáculos para que las personas indígenas, en particular las mujeres, puedan acceder a la justicia; la falta de reparación adecuada en favor de la víctima y sus familiares; el impacto negativo de los actos de amenaza y hostigamiento contra la víctima”.
El abogado Sánchez insistió en que “también hay que preocuparse por los paramilitares y por el aumento del poder del narcotráfico en la región, pues es una zona donde se produce droga y, lógicamente, hay interés por controlar la tierra”.
El abogado Javier García, también de FCGAE, explicó que uno de las principales fallas que encontraron para cumplir las recomendaciones de la CIDH es que “el mismo gobierno mexicano reconoce que no existe un mecanismo coercitivo en la legislación para hacer que el estado de Guerrero cumpla con los dictámenes, así que al final no se respetan y esto favorece aún más la impunidad”.
Armando G. Tejeda, La Jornada, 10 de diciembre.
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