Mexicanos, al arbitrio de autoridades prepotentes y déspotas, señalan ONG

Organizaciones sociales y de juristas que conforman el movimiento de unidad nacional por un gobierno democrático en México, en apoyo a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, coincidieron en que no se cumplen ni se respetan los derechos humanos en el país, lo que deja a millones de mexicanos expuestos al arbitrio de “autoridades prepotentes y déspotas”.

Con motivo de la conmemoración del 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México; José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp); Benito Bahena Lome, líder de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), y Ricardo Cantú, representante de Encuentro, AC, promotora del movimiento de unidad popular nacional por un gobierno democrático en México, destacaron en conferencia de prensa que sólo habrá respeto a las garantías individuales con un cambio de gobierno y de políticas en el país.

También participaron Luis Sánchez Zúñiga y Antonio Navarrete, integrantes del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, así como Gonzalo King, integrante de la dirección del comité democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes enfatizaron en la grave descomposición política en que se encuentra el país por la violencia social y la que el gobierno federal ejerce contra los gremios democráticos y los luchadores sociales.

Pusieron como ejemplo la embestida del gobierno federal contra el sindicato minero, la represión a los líderes campesinos de la Cocyp y el abandono de la educación pública.

Por su parte, José Jacobo Femat refirió que los derechos humanos están siendo sistemáticamente conculcados por las autoridades, siendo importante recuperar el estado de derecho en el país con la lucha popular por un nuevo gobierno. Asimismo, denunció la represión que sufre la Cocyp en Chiapas, donde ocho integrantes de esa central están “arraigados arbitrariamente” desde hace más de 40 días, sin que las acusaciones sean sustentadas, convirtiendo dicho arraigo en un “secuestro legal”.

Benito Bahena consideró que debe exigirse que el gobierno reconozca los derechos laborales y sindicales como garantías fundamentales, y llamó a oponerse a la “reforma laboral neoliberal”.

Finalmente, Eduardo Miranda Esquivel, quien presidió la conferencia de prensa, manifestó que la sistemática violación de los derechos humanos es un síntoma actual del sistema político mexicano y un rasgo distintivo de los gobiernos del PAN y del PRI.

Alfredo Méndez, La Jornada, 10 de diciembre.