Esperan piedad cubana

WASHINGTON.- En el año que su esposo ha pasado detenido en Cuba, Judy Gross se ha visto obligada a vender la casa familiar en Maryland y mudarse a un pequeño apartamento en Washington, mientras que a su hija mayor le diagnosticaron cáncer de mama.

A más de mil 700 kilómetros de distancia, su marido, el estadounidense Alan Gross, pasa su tiempo en un hospital militar cubano, mirando partidos de béisbol por televisión.

Judy Gross dice que cuando Alan, de 61 años, salió para Cuba en diciembre de 2009, planeaba pasar solamente 10 días ayudando a instalar internet para los miembros de la pequeña comunidad judía de la Isla. Sin embargo, fue arrestado en su hotel hace ya un año, acusado de espionaje.

"Todas las mañanas me levanto y por unos segundos es como una mañana cualquiera, y entonces me acuerdo que él se ha ido", cuenta Judy Gross.

El arresto de su esposo se ha vuelto un punto espinoso en las ya de por sí tensas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Washington niega que Gross sea un espía y advierte que no habrá progreso en las relaciones bilaterales hasta que éste sea dejado en libertad.

Su trabajo formaba parte de un programa de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), un organismo estadounidense que provee asistencia en todo el mundo.

Judy Gross también insiste en que su esposo no es un espía. Después de todo, dice, por qué el Gobierno escogería a una persona que no habla español.

Por ahora, Gross, quien no ha sido acusado formalmente, permanece en el hospital militar de La Habana, donde para mantenerse ocupado, escribe mucho, incluyendo cartas a familiares y amigos. Su esposa, quien es sicóloga, dice que a veces Gross suena deprimido o furioso, y en otras cartas está más animado.

Ayer, Estados Unidos reiteró sus llamados a Cuba para la liberación del contratista.

"Seguiremos usando todos los canales disponibles para urgir al Gobierno cubano a mostrar compasión humanitaria y poner fin al largo e injustificable suplicio (de Gross)", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.

Reforma, 3 de diciembre.

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