LONDRES.- El Gobierno mexicano ha fracasado en incorporar la protección a los derechos humanos en las políticas de seguridad pública, aseguró Rupert Knox, experto para México de Amnistía Internacional (AI).
En su oficina en Londres, señaló que lejos de tener una política clara para salvaguardar los derechos humanos, el Estado mexicano sólo actúa cuando hay presiones por abusos graves, como la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas, en agosto, o el secuestro de cuatro periodistas en la Comarca Lagunera, en julio.
Fuera del discurso del Presidente Felipe Calderón, aseguró Knox, el Programa Nacional de Derechos Humanos parece inexistente.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra hoy viernes, Knox apuntó que el indicador más claro de la falta de voluntad del Gobierno mexicano para cumplir los compromisos internacionales en la materia es la opacidad con la opera el Ejército.
"Cuando hay evidencia contra los militares, no son investigados, cuando no hay evidencia, el Gobierno dice que las acusaciones son inventadas", apuntó.
¿Cómo describe la situación e los derechos humanos en México?
La situación es mixta. La situación de la seguridad es muy grave en diversas partes del país. La presencia de los militares y de la policía ha llevado a que se cometan violaciones de derechos humanos, pero también la violencia cometida por las bandas criminales ha llevado a extremar la seguridad de la población.
Existe un fracaso de este Gobierno para cumplir con las expectativas y con los compromisos que ha hecho en el campo de los derechos humanos, como el uso de la tortura, que sigue siendo común en muchas partes.
Más importante aún es la impunidad en que permanecen las violaciones a los derechos humanos, que sigue siendo tolerada y siendo parte del ambiente de la seguridad pública.
¿Por qué ha fallado el Gobierno?
Hay un desajuste entre los compromisos del Gobierno mexicano y la práctica. Hay gobernantes, como el del Presidente Calderón, que creen que el compromiso con los derechos humanos es simple, sin embargo, es mucho más complicado garantizar esos compromisos.
El ejemplo más claro es la utilización del Ejército en funciones de policía, que ha cometido violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, y ninguna ha sido investigada.
El Gobierno también ha señalado que las quejas contra el Ejército son inventadas o hechas por gente que trabaja para el crimen organizado, pero jamás ha presentado evidencia.
Simplemente ha considerado conveniente descartar la validez de esas quejas, lo cual contradice la mera raíz de cualquier gobierno comprometido con los derechos humanos, que es investigar sustancial e imparcialmente cualquier acusación.
Parece que hay cosas que han hecho al Gobierno reaccionar...
La masacre de 72 migrantes forzó al Presidente a publicar en el Diario Oficial la reforma al artículo 67 de la Ley General de Población, permitiendo a los migrantes hacer denuncias y recibir atención médica.
Hay un compromiso para desarrollar un mecanismo de protección para periodistas, es un paso positivo, pero fue el resultado de las intensas presiones.
Se requiere que algo verdaderamente dramático ocurra para cambiar el curso, para asegurar que el Gobierno responda. Eso es un fracaso de la política de derechos humanos, porque el Gobierno no ha invertido en medidas que no estén supeditadas a las presiones públicas.
¿Dónde está el Programa Nacional de Derechos Humanos? No lo he visto por ninguna parte, excepto en el discurso del Presidente.
¿Cómo ve AI la propuesta de reforma al Código de Justicia Militar planteada por el Ejecutivo?
Nuestras dos principales preocupaciones es que sólo nombra tres violaciones fuera de la jurisdicción militar -desaparición forzada, tortura y violación sexual- y deja a todas las demás violaciones dentro.
Lo más preocupante es que la agencia que va a conducir la investigación inicial para establecer el crimen es la Sedena. En los cinco casos que ha llevado la Corte Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH) los militares han fallado en identificar el crimen (desaparición forzada, tortura y violación sexual), lo que significa que ninguno de estos casos hubiera sido resuelto con esta reforma.
La CIDH estipula categóricamente que todas las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas por el sistema de justicia ordinario y que los civiles no deben ser sujetos de la jurisdicción militar.
Pero también es cierto que la violencia ha escalado.
Uno de los problemas es la falta de información confiable en el norte del país.
Hay muy pocos periodistas y medios locales que cubren información relacionada con la violencia, por razones obvias, y es muy difícil obtener información de lo que está sucediendo.
Sabemos que grandes poblaciones han migrado debido al miedo. Parece un escenario de combate, donde la investigación de los abusos se mantiene restringida. Si la gente no se siente protegida hay más probabilidad de que los abusos ocurran, porque no hay supervisión, monitoreo o rendición de cuentas.
Esperanza en Oaxaca
Knox manifestó su confianza en que el nuevo gobierno de Oaxaca asuma su responsabilidad en investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado en esa entidad.
"Hay una oportunidad interesante con el Gobierno de Gabino Cué, hay un compromiso para hacer frente a algunos de los abusos de las administraciones previas, para investigar lo ocurrido en 2006", señaló.
En 2007, AI realizó una investigación en el estado y presentó un informe sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto entre el Gobierno estatal y la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el cual fue desestimado por el entonces Gobernador, Ulises Ruiz.
Mientras el organismo internacional aseguraba que hubo detenciones arbitrarias, tortura y falta de investigaciones serias sobre las muertes ocurridas durante el conflicto, Ruiz afirmó que el reporte fue escrito por consejeros de la APPO.
Por otra parte, Knox reconoció la labor que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar a conocer abusos graves, pero cuestionó que ni ésta ni otra institución sea la encargada de procurar justicia en esos casos.
En ese sentido, aplaudió que la Suprema Corte haya intervenido en el proceso de liberación de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes estaban presas en Querétaro.
Sin embargo, aseguró que mientras la PGR siga sin asumir su responsabilidad, casos como ese pueden volver a ocurrir.
En su oficina en Londres, señaló que lejos de tener una política clara para salvaguardar los derechos humanos, el Estado mexicano sólo actúa cuando hay presiones por abusos graves, como la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas, en agosto, o el secuestro de cuatro periodistas en la Comarca Lagunera, en julio.
Fuera del discurso del Presidente Felipe Calderón, aseguró Knox, el Programa Nacional de Derechos Humanos parece inexistente.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra hoy viernes, Knox apuntó que el indicador más claro de la falta de voluntad del Gobierno mexicano para cumplir los compromisos internacionales en la materia es la opacidad con la opera el Ejército.
"Cuando hay evidencia contra los militares, no son investigados, cuando no hay evidencia, el Gobierno dice que las acusaciones son inventadas", apuntó.
¿Cómo describe la situación e los derechos humanos en México?
La situación es mixta. La situación de la seguridad es muy grave en diversas partes del país. La presencia de los militares y de la policía ha llevado a que se cometan violaciones de derechos humanos, pero también la violencia cometida por las bandas criminales ha llevado a extremar la seguridad de la población.
Existe un fracaso de este Gobierno para cumplir con las expectativas y con los compromisos que ha hecho en el campo de los derechos humanos, como el uso de la tortura, que sigue siendo común en muchas partes.
Más importante aún es la impunidad en que permanecen las violaciones a los derechos humanos, que sigue siendo tolerada y siendo parte del ambiente de la seguridad pública.
¿Por qué ha fallado el Gobierno?
Hay un desajuste entre los compromisos del Gobierno mexicano y la práctica. Hay gobernantes, como el del Presidente Calderón, que creen que el compromiso con los derechos humanos es simple, sin embargo, es mucho más complicado garantizar esos compromisos.
El ejemplo más claro es la utilización del Ejército en funciones de policía, que ha cometido violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, y ninguna ha sido investigada.
El Gobierno también ha señalado que las quejas contra el Ejército son inventadas o hechas por gente que trabaja para el crimen organizado, pero jamás ha presentado evidencia.
Simplemente ha considerado conveniente descartar la validez de esas quejas, lo cual contradice la mera raíz de cualquier gobierno comprometido con los derechos humanos, que es investigar sustancial e imparcialmente cualquier acusación.
Parece que hay cosas que han hecho al Gobierno reaccionar...
La masacre de 72 migrantes forzó al Presidente a publicar en el Diario Oficial la reforma al artículo 67 de la Ley General de Población, permitiendo a los migrantes hacer denuncias y recibir atención médica.
Hay un compromiso para desarrollar un mecanismo de protección para periodistas, es un paso positivo, pero fue el resultado de las intensas presiones.
Se requiere que algo verdaderamente dramático ocurra para cambiar el curso, para asegurar que el Gobierno responda. Eso es un fracaso de la política de derechos humanos, porque el Gobierno no ha invertido en medidas que no estén supeditadas a las presiones públicas.
¿Dónde está el Programa Nacional de Derechos Humanos? No lo he visto por ninguna parte, excepto en el discurso del Presidente.
¿Cómo ve AI la propuesta de reforma al Código de Justicia Militar planteada por el Ejecutivo?
Nuestras dos principales preocupaciones es que sólo nombra tres violaciones fuera de la jurisdicción militar -desaparición forzada, tortura y violación sexual- y deja a todas las demás violaciones dentro.
Lo más preocupante es que la agencia que va a conducir la investigación inicial para establecer el crimen es la Sedena. En los cinco casos que ha llevado la Corte Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH) los militares han fallado en identificar el crimen (desaparición forzada, tortura y violación sexual), lo que significa que ninguno de estos casos hubiera sido resuelto con esta reforma.
La CIDH estipula categóricamente que todas las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas por el sistema de justicia ordinario y que los civiles no deben ser sujetos de la jurisdicción militar.
Pero también es cierto que la violencia ha escalado.
Uno de los problemas es la falta de información confiable en el norte del país.
Hay muy pocos periodistas y medios locales que cubren información relacionada con la violencia, por razones obvias, y es muy difícil obtener información de lo que está sucediendo.
Sabemos que grandes poblaciones han migrado debido al miedo. Parece un escenario de combate, donde la investigación de los abusos se mantiene restringida. Si la gente no se siente protegida hay más probabilidad de que los abusos ocurran, porque no hay supervisión, monitoreo o rendición de cuentas.
Esperanza en Oaxaca
Knox manifestó su confianza en que el nuevo gobierno de Oaxaca asuma su responsabilidad en investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado en esa entidad.
"Hay una oportunidad interesante con el Gobierno de Gabino Cué, hay un compromiso para hacer frente a algunos de los abusos de las administraciones previas, para investigar lo ocurrido en 2006", señaló.
En 2007, AI realizó una investigación en el estado y presentó un informe sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto entre el Gobierno estatal y la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el cual fue desestimado por el entonces Gobernador, Ulises Ruiz.
Mientras el organismo internacional aseguraba que hubo detenciones arbitrarias, tortura y falta de investigaciones serias sobre las muertes ocurridas durante el conflicto, Ruiz afirmó que el reporte fue escrito por consejeros de la APPO.
Por otra parte, Knox reconoció la labor que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar a conocer abusos graves, pero cuestionó que ni ésta ni otra institución sea la encargada de procurar justicia en esos casos.
En ese sentido, aplaudió que la Suprema Corte haya intervenido en el proceso de liberación de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes estaban presas en Querétaro.
Sin embargo, aseguró que mientras la PGR siga sin asumir su responsabilidad, casos como ese pueden volver a ocurrir.
Silvia Garduño, La Jornada, 10 de diciembre.
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