La COP-16 acuerda crear un Fondo Verde para financiar a países en desarrollo

La cumbre de cambio climático de Cancún llegó a un consenso para establecer un Fondo Verde que financie a los países en desarrollo, aunque resta decidir cuestiones sobre el fideicomiso y la composición de su consejo.

Así lo anunció ayer el ministro de Medio Ambiente de Bangladesh, Hasan Mahmud, que apuntó a la existencia de este acuerdo “con independencia” de que después haya que acordar sus características y funcionamiento. No obstante, dijo, aún se revisa lo concerniente a transferencia de tecnología, mitigación y adaptación y deforestación. La clausura de la cumbre climática, hasta el cierre de la edición, se había suspendido.

El Fondo Verde debe estar dotado con 100,000 millones de dólares anuales a partir de 2020, según lo comprometido en la anterior cumbre de Copenhague.

Australia y Bangladesh presiden el grupo para facilitar la consecución de un acuerdo sobre este Fondo Verde.

Países como Estados Unidos prefieren que el Fondo sea gestionado por el Banco Mundial, mientras que muchas naciones en desarrollo se inclinan por crear un nuevo organismo o que dependa de las Naciones Unidas.

El ministro de Bangladesh, añadió, por otro lado, que no puede haber excusas para que los países ricos no suscriban un segundo periodo del Protocolo de Kyoto, porque “ellos son los mayores contaminadores”.

Con independencia de lo que suceda en la 16 cumbre de cambio climático, “creo que hay que lograr un tratado vinculante” en Durban, ciudad sudafricana sede de la cita de 2011.

PROPUESTA. En tanto, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, propuso un primer texto de compromiso que aplaza a un momento futuro la decisión sobre si habrá o no una segunda fase del Protocolo de Kyoto y pide a los países subir su “nivel de ambición” en recortes de gases efecto invernadero.

El documento preparado como base de negociación sugiere adoptar “tan pronto como sea posible y a tiempo” esa decisión para “garantizar que no haya una brecha entre el primer y el segundo período de compromisos de ese tratado”.

La prórroga de Kyoto, que expira en 2012, es la piedra angular de estas negociaciones sobre la reducción de emisiones de gases contaminantes debido a las posiciones encontradas de Japón y otros países con las demás naciones sobre los compromisos para realizar esos recortes.

El borrador sugiere “elevar el nivel de ambición” en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), y propone que los países con vínculo jurídico con ese protocolo deberían “en 2020 reducir sus emisiones en un rango entre el 25 y el 40% en relación a los niveles de 1990”.

En la actualidad ese porcentaje obligatorio es del 20%, y algunas delegaciones, como la Unión Europea (UE) es partidaria de subir esa cifra al 30%.

Antes de que se conociera el texto, el negociador jefe de Brasil, Luiz Figueiredo, cuyo país trabajó con el Reino Unido en ese texto, dijo a la prensa que se intentó “crear un lenguaje que pueda equilibrar distintos intereses”.

“El jueves por la noche conseguimos un lenguaje que a mi modo de ver resuelve el problema de forma adecuada para las dos partes, para los que quieren definitivamente una segunda fase, y para los que no”, agregó.

El negociador y facilitador brasileño señaló que Japón tomó “parte activa en las consultas que condujeron al borrador”.

También pasaron por el grupo de trabajo informal que abordó la cuestión los demás países del grupo BASIC (Sudáfrica, India y China).

COSTO. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, dijo que la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en países industrializados podría costar en 2020 unos 400 mil millones de dólares.

En su discurso ante la Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) animó a los países desarrollados a avanzar en sus compromisos contra ese fenómeno, “algo que es posible en la medida necesaria”.

“Un enfoque de costo-eficacia para reducir las emisiones costaría apenas una fracción de un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) por año (en el grupo de países industrializados). La inacción es la alternativa más cara y más devastadora”, manifestó.

La Crónica, 11 de diciembre.

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