La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) citará a Ricardo Ravelo, reportero de la revista Proceso, para que declare “lo que a su derecho convenga”, en respuesta a los señalamientos del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán en los que le imputa haber recibido 50 mil dólares para no seguir publicando cosas que lo afectaran. El Grande, como las autoridades también identifican al ex integrante del cártel Beltrán Leyva, oficialmente rindió esa declaración ministerial en su calidad de “testigo colaborador” de la Procuraduría General de la República (PGR), señalando que a ello se acogió “porque era parte de la delincuencia organizada”.
A ese respecto, el vocero del gabinete de seguridad nacional, Alejandro Poiré, declaró que lo dicho por Villarreal Barragán es en contra del periodista y no contra la revista Proceso. Durante una entrevista con MVS Radio, el funcionario indicó: “Es una acusación delicada de este sujeto, El Grande me refiero, en contra de un reportero y esa acusación, como cualquier otra declaración que haga una persona en el proceso de una averiguación previa, tiene que ser deslindada, tiene que ser investigada”.
Fuga de información
Funcionarios de la PGR también revelaron que la dependencia inició una averiguación previa, por órdenes del procurador Arturo Chávez Chávez, para identificar y proceder penalmente contra el responsable de haber entregado a la empresa Televisa la grabación y texto de la declaración que Villarreal Barragán rindió el pasado 24 de noviembre, y que según la información obtenida fue integrada a una averiguación previa hasta el pasado día 30.
Los antecedentes del caso se ubican en la nota publicada en la revista Proceso el 21 de noviembre y la cual se tituló “El Grande, hasta con Calderón convivió”, y en la que se mencionó que cuando el senador por Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, presentó al capo con el mandatario, el legislador habría dicho: “cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”, refiriéndose a Villarreal Barragán, a lo que el presidente contestó: “igualmente”.
Según la información obtenida de funcionarios de la SIEDO, la noche del 23 de noviembre (dos días después de la publicación y uno antes de la declaración ministerial de El Grande), la titular de esa subprocuraduría, Marisela Morales, “se reunió con Villarreal Barragán en su oficina y a puerta cerrada”.
De acuerdo con la copia de las actuaciones ministeriales, a las 13:51 horas del 24 de noviembre, Angélica Herrera Rivero, agente del Ministerio Público adscrita a la SIEDO, realizó la diligencia en algún lugar de la ciudad de México que no se precisa, a pesar de que El Grande se encuentra, supuestamente, bajo arraigo y en una celda del centro de mando de la Policía Federal en la delegación Iztapalapa.
Villarreal Barragán declaró si asistencia de un abogado, supuestamente porque no fue su deseo, y sin mediar pregunta alguna dijo que comparecía voluntariamente y comenzó diciendo que lo hacía en su “calidad de testigo colaborador a lo cual me acogí porque era parte de la delincuencia organizada relacionado con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva”.
Luego de narrar sus inicios como delincuente, otra vez sin pregunta de por medio, aludió a Ricardo Ravelo, y cosas que relacionaban la supuesta entrega del dinero al periodista, pero el capo no mencionó si entregaría pruebas de sus imputaciones y según las declaraciones vertidas dos de los que podrían corroborar sus afirmaciones ya están muertos el presunto comandante al que identifica como Beretta y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
La declaración ministerial solamente fue para hablar de Ricardo Ravelo, la revista Proceso y la presunta entrega de dinero a cambio de que cesara sus publicaciones, ninguna otra mención ni pregunta respecto de las actividades o ilícitos que cometió al servicio de los Beltrán Leyva.
La revelación de las declaraciones de El Grande en las que menciona a Ricardo Ravelo, se dieron por parte de Televisa, tres días después de que Proceso publicara un artículo titulado “Testigos protegidos: creerles a conveniencia”, firmado por el mismo periodista, y otro texto en el que se señala que el fallecido ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, instrumentó una operación para pactar con el capo del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera.
La PGR oficialmente se mantuvo en silencio respecto del caso, aunque funcionarios de la esa institución confirmaron que se citará al periodista en calidad de “testigo” para que declare y refute los dichos del narcotraficante, y en paralelo se inició una investigación para deslindar responsabilidades por la filtración del testimonio ministerial.
A ese respecto, el vocero del gabinete de seguridad nacional, Alejandro Poiré, declaró que lo dicho por Villarreal Barragán es en contra del periodista y no contra la revista Proceso. Durante una entrevista con MVS Radio, el funcionario indicó: “Es una acusación delicada de este sujeto, El Grande me refiero, en contra de un reportero y esa acusación, como cualquier otra declaración que haga una persona en el proceso de una averiguación previa, tiene que ser deslindada, tiene que ser investigada”.
Fuga de información
Funcionarios de la PGR también revelaron que la dependencia inició una averiguación previa, por órdenes del procurador Arturo Chávez Chávez, para identificar y proceder penalmente contra el responsable de haber entregado a la empresa Televisa la grabación y texto de la declaración que Villarreal Barragán rindió el pasado 24 de noviembre, y que según la información obtenida fue integrada a una averiguación previa hasta el pasado día 30.
Los antecedentes del caso se ubican en la nota publicada en la revista Proceso el 21 de noviembre y la cual se tituló “El Grande, hasta con Calderón convivió”, y en la que se mencionó que cuando el senador por Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, presentó al capo con el mandatario, el legislador habría dicho: “cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”, refiriéndose a Villarreal Barragán, a lo que el presidente contestó: “igualmente”.
Según la información obtenida de funcionarios de la SIEDO, la noche del 23 de noviembre (dos días después de la publicación y uno antes de la declaración ministerial de El Grande), la titular de esa subprocuraduría, Marisela Morales, “se reunió con Villarreal Barragán en su oficina y a puerta cerrada”.
De acuerdo con la copia de las actuaciones ministeriales, a las 13:51 horas del 24 de noviembre, Angélica Herrera Rivero, agente del Ministerio Público adscrita a la SIEDO, realizó la diligencia en algún lugar de la ciudad de México que no se precisa, a pesar de que El Grande se encuentra, supuestamente, bajo arraigo y en una celda del centro de mando de la Policía Federal en la delegación Iztapalapa.
Villarreal Barragán declaró si asistencia de un abogado, supuestamente porque no fue su deseo, y sin mediar pregunta alguna dijo que comparecía voluntariamente y comenzó diciendo que lo hacía en su “calidad de testigo colaborador a lo cual me acogí porque era parte de la delincuencia organizada relacionado con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva”.
Luego de narrar sus inicios como delincuente, otra vez sin pregunta de por medio, aludió a Ricardo Ravelo, y cosas que relacionaban la supuesta entrega del dinero al periodista, pero el capo no mencionó si entregaría pruebas de sus imputaciones y según las declaraciones vertidas dos de los que podrían corroborar sus afirmaciones ya están muertos el presunto comandante al que identifica como Beretta y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
La declaración ministerial solamente fue para hablar de Ricardo Ravelo, la revista Proceso y la presunta entrega de dinero a cambio de que cesara sus publicaciones, ninguna otra mención ni pregunta respecto de las actividades o ilícitos que cometió al servicio de los Beltrán Leyva.
La revelación de las declaraciones de El Grande en las que menciona a Ricardo Ravelo, se dieron por parte de Televisa, tres días después de que Proceso publicara un artículo titulado “Testigos protegidos: creerles a conveniencia”, firmado por el mismo periodista, y otro texto en el que se señala que el fallecido ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, instrumentó una operación para pactar con el capo del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera.
La PGR oficialmente se mantuvo en silencio respecto del caso, aunque funcionarios de la esa institución confirmaron que se citará al periodista en calidad de “testigo” para que declare y refute los dichos del narcotraficante, y en paralelo se inició una investigación para deslindar responsabilidades por la filtración del testimonio ministerial.
Gustavo Castillo y Alfredo Méndez, La Jornada, 3 de diciembre.
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