Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegura que México tiene un “innegable” problema de uso de la fuerza.
En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que el uso legítimo de la fuerza por el Estado en labores de seguridad pública ha supuesto una escalada de violencia, y advierte: “Si ese escalamiento se da sin controles de derechos humanos, lo que vamos a tener siempre” son violaciones a las garantías de la población civil y del debido proceso judicial en contra de los criminales.
¿Qué ha pasado en materia de derechos humanos?
En estos ocho años, en México y en el conjunto de América Latina hemos entrado a un escenario de rasgos comunes en los que la emergencia de terceros actores —en el caso de México, el crimen organizado— se ha hecho no sólo permanente, sino violentamente visible, afectando el goce de derechos humanos de la ciudadanía. Independientemente de las condiciones de cada país, la respuesta genérica de privilegiar y hacer predominante el uso de la fuerza e inclusive el uso de las Fuerzas Armadas, no parece estar dando los resultados que todos deseamos.
¿Esto acercaría el caso de México al de Colombia?
No sólo acerca el caso mexicano al caso de Colombia, también al peruano y al de Guatemala. No son países iguales, pero el tipo de problemas que como sociedades y construcción institucional estamos enfrentando, sí es muy común.
En materia de seguridad pública, ¿qué pasó desde la llegada de la oficina que representa, cómo impactó la política de seguridad pública armada a los derechos humanos?
En materia de seguridad hay ciclos que no sólo dependen de México. Las premisas bajo las que se construyó la llamada guerra contra las drogas y su implementación en el sur de nuestro continente americano, lleva en general a políticas de represión, de persecución, de ingentes esfuerzos y desembolsos económicos en los lugares de producción y comercialización, pero hay un desbalance en los lugares de destino de esas sustancias prohibidas. Ese desbalance para muchos es incorrecto, pero el marco del debate actual —entre legalización y continuación de la guerra— distrae el objetivo.
La respuesta de México, cualquiera que sea la causa, ha sido la militarización del país. ¿Qué significa eso para los derechos humanos?
Está documentado y probado que las fuerzas del orden, incluidas la policía y las Fuerzas Armadas, han cometido violaciones a los derechos humanos. El desplegar unidades que han tenido funciones tradicionales de patrullaje, infraestructura, de seguridad nacional, en tareas de calle, es complicado y peligroso. Tenemos hechos en que unidades militares fuera de control disciplinario —aparentemente—, en posesión de alcohol u otros estupefacientes, han cometido desmanes que han sido documentados y denunciados, tanto por personas que han sido en el mínimo maltratadas, detenidas o torturadas o, en el máximo, ejecutadas extrajudicialmente o caídas como parte de un fuego incontrolado en retenes militares. (Son casos) que pretendieron ser presentados como un intercambio de fuego o falta de obediencia a órdenes de la patrulla, pero que luego, bajo análisis, queda asentado que hubo manipulación de pruebas, contaminación de la escena de los hechos, y que las víctimas eran ciudadanos de a pie.
Su llegada a México es un fortalecimiento de la oficina para el cumplimiento del mandato de observación. ¿Qué ha encontrado?
Hay varios Méxicos. Esa distancia entre realidades hace complicado que haya un consenso social extendido sobre la gravedad de las apuestas en algunas decisiones. En términos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la revisión que ha hecho este órgano sobre el estado del goce y disfrute de derechos en México, en particular sobre el punto del uso de las Fuerza Armadas en tareas de seguridad ciudadana, el comité ha dicho claramente que no son tareas que deban ser asignadas a las Fuerzas Armadas. Hay, sin embargo, un criterio de realidad que está abierto para los actores políticos. Hay un tema de uso de la fuerza legítima del Estado, que supone un escalamiento de la violencia en la confrontación. Eso, nos guste o no, es una realidad. Ahora, si ese escalamiento se da sin controles de derechos humanos, lo que vamos a tener siempre son violaciones de derechos humanos que van tanto contra población civil, como contra procedimientos rigurosos de documentación, prueba y sometimiento de la justicia de los sospechosos o cabecillas.
Entonces, ¿justifica la militarización del país?
No, no, no. El problema es que sí hay un problema con el uso de la fuerza, es innegable. Tú no vas frente a un hecho de fuerza con ese nivel de magnitud y envías policía comunitaria. El Estado se ve confrontado por una fuerza y hace uso de las Fuerzas Armadas, pero dice que esto es temporal, pero la temporalidad no está determinada; los mecanismos de rendición de cuentas de judicialización y de violación respecto a los derechos humanos no están establecidos, los hechos de violación no son transparentados y llevados al orden civil (...) Si no se corrige ahora, lo que vas a tener es una larga hilera de hechos que van a estar siempre en la impunidad.
En México, ¿hay diálogo del representante con el Ejército?
Está planteado un marco de un diálogo que aún no ha madurado. Aspiramos a que sea el desarrollo de nuestro mandato de observación y no sólo el acompañamiento al proceso de formación, que lleguemos a ese escenario de mayor eficacia de los mandos.
¿Ha conversado con el secretario de la Defensa?
Ya tenemos una cita
¿Hasta dónde alcanza la posibilidad de la oficina del Alto Comisionado frente a los abusos cometidos por las fuerzas federales?
La ciudadanía ve los errores de un despliegue ciego de la fuerza. No importa si es policía o Ejército la vía más sana, más democrática para hacer frente a estos problemas. Hay que poner en claro que uno de los retos de seguridad de México es que el ciudadano se sienta seguro cuando pasa frente a la estación de policía.
¿Hay disposición de México para trabajar con el Alto Comisionado?
Los gobernadores no tienen este diálogo ante la comunidad internacional, por lo tanto desconocen cuáles son esos temas y recomendaciones específicas. Hemos desarrollado un esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y la oficina para hacer llegar las recomendaciones que derivan de estos tratados internacionales a cada uno de los gobiernos estatales, y poder tener una matriz de acciones para su cumplimiento.
¿Estamos muy lejos de un régimen que incluya a la sociedad civil y respete los derechos humanos?
Hasta ahora, los pasos que vamos dando son alentadores en algunos casos, pero no hay avances en otros. Por ejemplo, en Gobernación es claro que las puertas se abren, hay críticas siempre, pero las puertas se abren a dialogar con periodistas y con ONG. No es tan claro que esos resortes estén en la Secretaría de la Defensa Nacional.
En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que el uso legítimo de la fuerza por el Estado en labores de seguridad pública ha supuesto una escalada de violencia, y advierte: “Si ese escalamiento se da sin controles de derechos humanos, lo que vamos a tener siempre” son violaciones a las garantías de la población civil y del debido proceso judicial en contra de los criminales.
¿Qué ha pasado en materia de derechos humanos?
En estos ocho años, en México y en el conjunto de América Latina hemos entrado a un escenario de rasgos comunes en los que la emergencia de terceros actores —en el caso de México, el crimen organizado— se ha hecho no sólo permanente, sino violentamente visible, afectando el goce de derechos humanos de la ciudadanía. Independientemente de las condiciones de cada país, la respuesta genérica de privilegiar y hacer predominante el uso de la fuerza e inclusive el uso de las Fuerzas Armadas, no parece estar dando los resultados que todos deseamos.
¿Esto acercaría el caso de México al de Colombia?
No sólo acerca el caso mexicano al caso de Colombia, también al peruano y al de Guatemala. No son países iguales, pero el tipo de problemas que como sociedades y construcción institucional estamos enfrentando, sí es muy común.
En materia de seguridad pública, ¿qué pasó desde la llegada de la oficina que representa, cómo impactó la política de seguridad pública armada a los derechos humanos?
En materia de seguridad hay ciclos que no sólo dependen de México. Las premisas bajo las que se construyó la llamada guerra contra las drogas y su implementación en el sur de nuestro continente americano, lleva en general a políticas de represión, de persecución, de ingentes esfuerzos y desembolsos económicos en los lugares de producción y comercialización, pero hay un desbalance en los lugares de destino de esas sustancias prohibidas. Ese desbalance para muchos es incorrecto, pero el marco del debate actual —entre legalización y continuación de la guerra— distrae el objetivo.
La respuesta de México, cualquiera que sea la causa, ha sido la militarización del país. ¿Qué significa eso para los derechos humanos?
Está documentado y probado que las fuerzas del orden, incluidas la policía y las Fuerzas Armadas, han cometido violaciones a los derechos humanos. El desplegar unidades que han tenido funciones tradicionales de patrullaje, infraestructura, de seguridad nacional, en tareas de calle, es complicado y peligroso. Tenemos hechos en que unidades militares fuera de control disciplinario —aparentemente—, en posesión de alcohol u otros estupefacientes, han cometido desmanes que han sido documentados y denunciados, tanto por personas que han sido en el mínimo maltratadas, detenidas o torturadas o, en el máximo, ejecutadas extrajudicialmente o caídas como parte de un fuego incontrolado en retenes militares. (Son casos) que pretendieron ser presentados como un intercambio de fuego o falta de obediencia a órdenes de la patrulla, pero que luego, bajo análisis, queda asentado que hubo manipulación de pruebas, contaminación de la escena de los hechos, y que las víctimas eran ciudadanos de a pie.
Su llegada a México es un fortalecimiento de la oficina para el cumplimiento del mandato de observación. ¿Qué ha encontrado?
Hay varios Méxicos. Esa distancia entre realidades hace complicado que haya un consenso social extendido sobre la gravedad de las apuestas en algunas decisiones. En términos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la revisión que ha hecho este órgano sobre el estado del goce y disfrute de derechos en México, en particular sobre el punto del uso de las Fuerza Armadas en tareas de seguridad ciudadana, el comité ha dicho claramente que no son tareas que deban ser asignadas a las Fuerzas Armadas. Hay, sin embargo, un criterio de realidad que está abierto para los actores políticos. Hay un tema de uso de la fuerza legítima del Estado, que supone un escalamiento de la violencia en la confrontación. Eso, nos guste o no, es una realidad. Ahora, si ese escalamiento se da sin controles de derechos humanos, lo que vamos a tener siempre son violaciones de derechos humanos que van tanto contra población civil, como contra procedimientos rigurosos de documentación, prueba y sometimiento de la justicia de los sospechosos o cabecillas.
Entonces, ¿justifica la militarización del país?
No, no, no. El problema es que sí hay un problema con el uso de la fuerza, es innegable. Tú no vas frente a un hecho de fuerza con ese nivel de magnitud y envías policía comunitaria. El Estado se ve confrontado por una fuerza y hace uso de las Fuerzas Armadas, pero dice que esto es temporal, pero la temporalidad no está determinada; los mecanismos de rendición de cuentas de judicialización y de violación respecto a los derechos humanos no están establecidos, los hechos de violación no son transparentados y llevados al orden civil (...) Si no se corrige ahora, lo que vas a tener es una larga hilera de hechos que van a estar siempre en la impunidad.
En México, ¿hay diálogo del representante con el Ejército?
Está planteado un marco de un diálogo que aún no ha madurado. Aspiramos a que sea el desarrollo de nuestro mandato de observación y no sólo el acompañamiento al proceso de formación, que lleguemos a ese escenario de mayor eficacia de los mandos.
¿Ha conversado con el secretario de la Defensa?
Ya tenemos una cita
¿Hasta dónde alcanza la posibilidad de la oficina del Alto Comisionado frente a los abusos cometidos por las fuerzas federales?
La ciudadanía ve los errores de un despliegue ciego de la fuerza. No importa si es policía o Ejército la vía más sana, más democrática para hacer frente a estos problemas. Hay que poner en claro que uno de los retos de seguridad de México es que el ciudadano se sienta seguro cuando pasa frente a la estación de policía.
¿Hay disposición de México para trabajar con el Alto Comisionado?
Los gobernadores no tienen este diálogo ante la comunidad internacional, por lo tanto desconocen cuáles son esos temas y recomendaciones específicas. Hemos desarrollado un esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y la oficina para hacer llegar las recomendaciones que derivan de estos tratados internacionales a cada uno de los gobiernos estatales, y poder tener una matriz de acciones para su cumplimiento.
¿Estamos muy lejos de un régimen que incluya a la sociedad civil y respete los derechos humanos?
Hasta ahora, los pasos que vamos dando son alentadores en algunos casos, pero no hay avances en otros. Por ejemplo, en Gobernación es claro que las puertas se abren, hay críticas siempre, pero las puertas se abren a dialogar con periodistas y con ONG. No es tan claro que esos resortes estén en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Mara Muñoz, El Universal, 11 de diciembre.
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