La Habana, 2 de diciembre. El gobierno retiró a la Unión Cubapetróleo (Cupet), al holding Corporación Alimentaria (Coralsa) y a otras 14 empresas, la capacidad de importar y exportar mercancías, como parte de la reforma económica en curso, de acuerdo con un paquete de resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial.
Cupet es la operadora del sector petrolero, en parte en sociedad con empresas extranjeras, y Coralsa es la controladora de compañías exportadoras o productoras de mercancías de venta interna en moneda fuerte, algunas de capital mixto.
Según las resoluciones, las empresas afectadas podrán cumplir sus compromisos pendientes dentro de un plazo de 90 días, tras lo cual sus operaciones internacionales pasarán a la “entidad que haya sido autorizada” y de la cual se desconocen detalles.
En 2009 Cupet importó 112 mil barriles diarios de petróleo y derivados de Venezuela –cerca de 78 por ciento del consumo de la isla– y vendió a terceros mercados parte de su crudo nacional. La empresa cubana y su similar del país sudamericano operan una refinería y desarrollan un polo petroquímico, ambos con vistas a la exportación, en el puerto surcentral de Cienfuegos.
Entre otras compañías, Coralsa controla a Alimentos Ríos Zaza, el emprendimiento mixto que colapsó hace un año al abrirse una investigación por corrupción, que desembocó en sendas órdenes de aprehensión contra los dos principales socios extranjeros, los chilenos Max y Marcel Marambio.
Parte de Coralsa son también una cervecera, una procesadora de carne, una embotelladora de aguas y refrescos y una molinera, respectivamente sociedades mixtas con capitales de Canadá, España, Suiza y México.
Los textos legales sólo explicaron la decisión por el “proceso de reordenamiento de la actividad de comercio exterior”. El diario Juventud Rebelde remitió hoy el origen del caso a los Lineamientos de la Política Económica y Social, el documento base para el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Según el matutino, la clave está en un párrafo que propone “lograr una mayor racionalidad en la gestión importadora del país, a través del reordenamiento de las empresas que realizan actividades de comercio exterior, con una mejor asignación de las nomenclaturas de productos, para alcanzar una eficaz utilización del poder de compra del país”.
Aunque no hay precisiones, la información disponible sugiere un control centralizado del presupuesto del comercio exterior, en un momento en el que el país afronta una aguda escasez de divisas.
Según los Lineamientos, las empresas públicas dejarán de estar bajo el control del gobierno y ganarán autonomía de gestión, pero tendrán “nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial” y un reglamento para el sector.
También perdieron su capacidad de comerciar con el exterior, entre otras entidades, el Instituto Cubano del Libro, Pesca Caribe, Importadora de Productos para la Pesca, Servicios de la Educación Superior, Movitel, Empresa Exportadora de Bebidas y Refrescos y la Procesadora de Soya.
Cupet es la operadora del sector petrolero, en parte en sociedad con empresas extranjeras, y Coralsa es la controladora de compañías exportadoras o productoras de mercancías de venta interna en moneda fuerte, algunas de capital mixto.
Según las resoluciones, las empresas afectadas podrán cumplir sus compromisos pendientes dentro de un plazo de 90 días, tras lo cual sus operaciones internacionales pasarán a la “entidad que haya sido autorizada” y de la cual se desconocen detalles.
En 2009 Cupet importó 112 mil barriles diarios de petróleo y derivados de Venezuela –cerca de 78 por ciento del consumo de la isla– y vendió a terceros mercados parte de su crudo nacional. La empresa cubana y su similar del país sudamericano operan una refinería y desarrollan un polo petroquímico, ambos con vistas a la exportación, en el puerto surcentral de Cienfuegos.
Entre otras compañías, Coralsa controla a Alimentos Ríos Zaza, el emprendimiento mixto que colapsó hace un año al abrirse una investigación por corrupción, que desembocó en sendas órdenes de aprehensión contra los dos principales socios extranjeros, los chilenos Max y Marcel Marambio.
Parte de Coralsa son también una cervecera, una procesadora de carne, una embotelladora de aguas y refrescos y una molinera, respectivamente sociedades mixtas con capitales de Canadá, España, Suiza y México.
Los textos legales sólo explicaron la decisión por el “proceso de reordenamiento de la actividad de comercio exterior”. El diario Juventud Rebelde remitió hoy el origen del caso a los Lineamientos de la Política Económica y Social, el documento base para el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Según el matutino, la clave está en un párrafo que propone “lograr una mayor racionalidad en la gestión importadora del país, a través del reordenamiento de las empresas que realizan actividades de comercio exterior, con una mejor asignación de las nomenclaturas de productos, para alcanzar una eficaz utilización del poder de compra del país”.
Aunque no hay precisiones, la información disponible sugiere un control centralizado del presupuesto del comercio exterior, en un momento en el que el país afronta una aguda escasez de divisas.
Según los Lineamientos, las empresas públicas dejarán de estar bajo el control del gobierno y ganarán autonomía de gestión, pero tendrán “nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial” y un reglamento para el sector.
También perdieron su capacidad de comerciar con el exterior, entre otras entidades, el Instituto Cubano del Libro, Pesca Caribe, Importadora de Productos para la Pesca, Servicios de la Educación Superior, Movitel, Empresa Exportadora de Bebidas y Refrescos y la Procesadora de Soya.
Gerardo Arreola, La Jornada, 3 de diciembre.
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