La información difundida el pasado miércoles en el principal noticiario de Televisa, bajo la conducción de Joaquín López Dóriga, respecto de que el reportero Ricardo Ravelo, del semanario Proceso, recibe dinero de jefes del narcotráfico, es un ajuste de cuentas contra un medio crítico que resulta incómodo a la emisora, afirmaron académicos universitarios y defensores de derechos humanos.
Alma Rosa Alva de la Selva, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también colaboradora del semanario, consideró que el planteamiento de la televisora es un “linchamiento mediático” hacia una revista que ha revelado sus proyectos y maniobras, sobre todo en el área de telecomunicaciones y en los relacionados con figuras públicas con miras al proceso electoral de 2012.
Por su parte, Omar Raúl Martínez, director de la Revista Mexicana de Comunicación y docente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, consideró “el colmo que las autoridades, en lo que pudiera interpretarse como un acto de revancha por la incisiva cobertura informativa de Proceso en torno al presidente Calderón y a la voracidad empresarial de Televisa, erigen un tribunal mediático para señalar la presunta complicidad con el narco de un reportero a partir de los dichos de un testigo protegido”.
Señaló que el mensaje contra el oficio periodístico “no podría ser más ominoso. En este caso, el arrinconamiento del trabajo periodístico parecería provenir ahora desde el gobierno federal bajo el dictado de los propios narcotraficantes”.
Por separado, la doctora Josefina Hernández Téllez, académica de la FCPS, criticó que un noticiario de horario estelar dé credibilidad y foro a un delincuente, que “evidentemente carece de ética y responsabilidad social” en detrimento de un medio “que ha probado su vocación por la información equilibrada, plural, crítica”, y que se ha sostenido “contra viento y marea”.
Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que en México la justicia parece estar dirimiéndose en los medios, una facultad que las televisoras pretenden ejercer al margen de las vías institucionales. “Estas cuestiones no deben servir para coartar la libertad de expresión o para desprestigiar a algún medio. Sería lamentable que Televisa se extralimitara, utilizando su poder como si fuera un Ministerio Público, bajo la sospecha de estar realizando un ajuste de cuentas”, señaló.
En este caso, habría que exigirle certidumbre a la emisora sobre los elementos de sus noticias, para no dar pie a las versiones de que está usando la pantalla para atacar a la revista por su línea editorial crítica, dijo.
La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Agnieszka Raczynska, advirtió que lo que subyace en este caso es un ataque a la libertad de expresión, ya que obstaculizar de cualquier forma el trabajo de los periodistas pone en riesgo la frágil democracia del país.
“Me preguntaría si lo que se hizo fue para generar el debate y clarificar información, o para inhibir la actuación de un medio como Proceso” y, por tanto, definir cuál debe ser la actuación de las autoridades frente a este hecho, aseveró.
De su lado, el catedrático e investigador universitario Víctor Flores Olea afirmó que “es lamentable que existan pugnas entre medios de difusión importantes, pero también es importante que se denuncien los casos cuando pueda haber malos manejos.
“Sin embargo, de aclararse las cosas, creo que Televisa tendría también cola que le pisen. Asumir el papel virginal en una cuestión así, no sé si sea lo que le corresponde. Es lamentable que haya ese tipo de ataques que se refieren a la solvencia moral y a la integridad de los actores de este episodio. Lo de Televisa me parece una cuestión un poco turbia en la que nadie gana”.
Alma Rosa Alva de la Selva, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también colaboradora del semanario, consideró que el planteamiento de la televisora es un “linchamiento mediático” hacia una revista que ha revelado sus proyectos y maniobras, sobre todo en el área de telecomunicaciones y en los relacionados con figuras públicas con miras al proceso electoral de 2012.
Por su parte, Omar Raúl Martínez, director de la Revista Mexicana de Comunicación y docente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, consideró “el colmo que las autoridades, en lo que pudiera interpretarse como un acto de revancha por la incisiva cobertura informativa de Proceso en torno al presidente Calderón y a la voracidad empresarial de Televisa, erigen un tribunal mediático para señalar la presunta complicidad con el narco de un reportero a partir de los dichos de un testigo protegido”.
Señaló que el mensaje contra el oficio periodístico “no podría ser más ominoso. En este caso, el arrinconamiento del trabajo periodístico parecería provenir ahora desde el gobierno federal bajo el dictado de los propios narcotraficantes”.
Por separado, la doctora Josefina Hernández Téllez, académica de la FCPS, criticó que un noticiario de horario estelar dé credibilidad y foro a un delincuente, que “evidentemente carece de ética y responsabilidad social” en detrimento de un medio “que ha probado su vocación por la información equilibrada, plural, crítica”, y que se ha sostenido “contra viento y marea”.
Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que en México la justicia parece estar dirimiéndose en los medios, una facultad que las televisoras pretenden ejercer al margen de las vías institucionales. “Estas cuestiones no deben servir para coartar la libertad de expresión o para desprestigiar a algún medio. Sería lamentable que Televisa se extralimitara, utilizando su poder como si fuera un Ministerio Público, bajo la sospecha de estar realizando un ajuste de cuentas”, señaló.
En este caso, habría que exigirle certidumbre a la emisora sobre los elementos de sus noticias, para no dar pie a las versiones de que está usando la pantalla para atacar a la revista por su línea editorial crítica, dijo.
La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Agnieszka Raczynska, advirtió que lo que subyace en este caso es un ataque a la libertad de expresión, ya que obstaculizar de cualquier forma el trabajo de los periodistas pone en riesgo la frágil democracia del país.
“Me preguntaría si lo que se hizo fue para generar el debate y clarificar información, o para inhibir la actuación de un medio como Proceso” y, por tanto, definir cuál debe ser la actuación de las autoridades frente a este hecho, aseveró.
De su lado, el catedrático e investigador universitario Víctor Flores Olea afirmó que “es lamentable que existan pugnas entre medios de difusión importantes, pero también es importante que se denuncien los casos cuando pueda haber malos manejos.
“Sin embargo, de aclararse las cosas, creo que Televisa tendría también cola que le pisen. Asumir el papel virginal en una cuestión así, no sé si sea lo que le corresponde. Es lamentable que haya ese tipo de ataques que se refieren a la solvencia moral y a la integridad de los actores de este episodio. Lo de Televisa me parece una cuestión un poco turbia en la que nadie gana”.
Carlos Paul, Ariane Díaz y Fernando Camacho, La Jornada, 3 de diciembre.
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