Pide senadora panista se publique ley de protección a periodistas

La senadora del PAN Emma Lucía Larios Gaxiola presentó como un punto de acuerdo solicitar la publicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril y turnada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Ello, dijo, ante los hechos lamentables que se han suscitado en diversos estados del país, en donde representantes de medios de comunicación han resultado ser víctimas de la delincuencia organizada.

“Esta ley —subrayó— constituye un primer paso para la prevención y la protección de dos poblaciones que comparten los mismos riesgos en sus actividades, además, goza de varias virtudes en su contenido, con las cuales se podrá vigilar el cumplimiento del mecanismo que incluye la creación de un consejo consultivo y una junta de gobierno integrada por periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

La legisladora por el estado de Sonora resaltó los datos de la organización especializada en libertad de expresión Artículo 19, en donde se señala que 45 periodistas han sido asesinados en el país de 2006 a 2012, donde 9  laboraban en Veracruz; 7 en Chihuahua; 6 en Guerrero, 3 en Durango; 3 Michoacán; 3 en Tamaulipas; 2 en el Estado de México; 2 en Sinaloa; 2 en Nuevo León; mientras Coahuila, el Distrito Federal, Quintana Roo, Tabasco y Morelos han registrado el asesinato de un periodista.

Ante tales cifras, dijo, se deben realizar acciones concretas que permitan proteger a los periodistas, por lo que también solicitó en su propuesta la aprobación –a la brevedad posible— de la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional por parte de los Congresos locales, a fin de crear un mecanismo de excepción que faculte a las instituciones federales, concretamente a la Procuraduría General de la República (PGR), para atraer las investigaciones relativas a agresiones a periodistas, comunicadores e instalaciones de medios de comunicación, aun cuando se traten de delitos del fuero común.

Larios Gaxiola resaltó que la libertad de expresión constituye un elemento fundamental para la existencia de un Estado democrático y para la formación de una sociedad que esté bien informada para ejercer sus opciones, ya que según lo ha constatado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre.

El derecho a la libertad de expresión comprende tanto el derecho individual de expresar pensamientos e ideas, como el derecho de la comunidad a recibir información, por lo que es urgente que se atienda el tema tanto a nivel social como de las autoridades correspondientes, sostuvo.

De permitir la intervención de la PGR, se permitirá que la investigación no quede en manos de autoridades estatales que por incapacidad —o en algunos casos, complicidad— no tengan los elementos suficientes para llevar a cabo la investigación, “por lo que es necesario que sea la Federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar este tipo de delitos que son competencia de las entidades federativas”.

“Debe decirse con toda claridad que ni la exigencia de una fiscalía o un mecanismo a nivel federal eximen de responsabilidad a las procuradurías locales en la investigación y esclarecimiento de casos que son de su conocimiento, ni a los gobiernos estatales en su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, agregó.


Cecilia Higuera, La Crónica, 28 de mayo.