Quadri plantea devolver el derecho de huelga a trabajadores del servicio público

Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, el candidato presidencial del partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, planteó derogar el apartado “B” del Artículo 123 constitucional, eliminar la cláusula de exclusión y devolver el derecho de huelga a los trabajadores en el servicio público.

Asimismo, sustituir las Juntas de Conciliación y Arbitraje Tripartitas por Tribunales del Poder Judicial de la Federación “para eliminar la corrupción, evitar la simulación, y  garantizar imparcialidad tanto para los trabajadores como para las empresas”.

Quadri no realizó actividades públicas ayer, pero mediante un comunicado reconoció la urgencia de avanzar en la aprobación de reformas estructurales de gran calado, cambios cuantitativos y cualitativos que permitan al Estado mexicano “transformarse de un simple gestor de políticas mediocres en un proveedor de bienes públicos eficaces y de calidad”.

En este sentido, Quadri de la Torre pidió  exigir elección democrática de dirigencias a través de voto directo, secreto y universal;  suprimir la afiliación forzada a partidos políticos; instituir figuras como plebiscito, referéndum y revocación de mandato.

De igual manera, instituir recuento sindical para resolver sobre la titularidad de las condiciones de trabajo y/o el contrato colectivo; y establecer derechos de los agremiados en materia de transparencia y rendición de cuentas.

“Estamos convencidos que la reforma del sindicalismo es uno de los grandes pendientes del cambio democrático. México necesita sindicatos fuertes, democráticos y representativos; con capacidades de propuesta y resolución, y fortaleza para participar y corresponsabilizarse en los procesos económico, social y político del país”, estableció.

Quadri se comprometió a  garantizar la plena portabilidad de derechos de los trabajadores, de manera que éstos puedan migrar de una a otra institución sin perder derechos ni prestaciones, mediante la homologación de formas de financiamiento, operación, costos y prestaciones, y acceso a cualquiera de las dos instituciones, fortaleciendo y desarrollando el seguro popular.

Eliminar, además, el Registro de las Organizaciones y de la Toma de Nota como atribuciones gubernamentales, como mecanismos de control del gobierno; evitar contratos de protección y de los organismos fachada o sindicatos blancos que se dedican a administrarlos, para terminar con la corrupción, y la simulación, y avanzar hacia una economía productiva con transparencia en la protección de los derechos de los trabajadores.


Alejandro Páez, La Crónica, 2 de mayo.