Círigo: el embrión no es sujeto de derechos

Víctor Hugo Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, y Leticia Bonifaz, consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, expusieron ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus argumentos de defensa de la reforma penal que permite la irrupción legal del embarazo hasta antes de la semana 12 de gestación.

En lo que fue la segunda de seis sesiones públicas sobre el tema, Círigo afirmó que el embrión no es sujeto de derechos, pues no es una persona jurídica reconocida en la Constitución, ni en legislación local alguna.

Agregó que la personalidad jurídica surge a partir del nacimiento y concluye con la muerte. “Sólo las personas son sujetos de derechos y obligaciones, únicamente éstas pueden ser titulares de derechos fundamentales. El embrión no es persona y, en consecuencia, no puede ser titular de derechos fundamentales”.

Al referirse a las modificaciones legales que impugnaron la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que el concebido y el no nacido son un bien jurídico tutelado, no una persona.

Dijo que en la Constitución no existe precepto alguno que obligue a penalizar la interrupción del embarazo y sostuvo que la Carta Magna consagra el derecho a decidir, por lo que las mujeres tienen la autodeterminación de controlar su cuerpo.

En tanto, Bonifaz justificó la ley por razones de género. “Pareciera que basta que una sola célula femenina sea fecundada para que la mujer pierda su libertad”.

Afirmó que la tradición patriarcal que existe en México establece que a las mujeres “hay que sentarlas en el banquillo de las acusadas y llenarlas de culpas”.

Por su parte, el senador perredista Pablo Gómez señaló que con las reformas en la materia, la ALDF ha mitigado el dolor, reduce la práctica ilícita de la medicina, reivindica el derecho de las mujeres y contrarresta la hipocresía que hay en el Estado y la sociedad.

Fuera de lo penal

El jurista Jesús Zamora Pierce opinó que el aborto debe salir de los códigos penales, debido a que la sociedad lo admite al no denunciar los cientos de miles que se practican cada año.

“De la media de 500 mil abortos que se practican cada año en México no existe una consecuencia jurídica y el sentido común nos dice que deberíamos tener una cifra semejante de averiguaciones previas y procesos penales”, agregó.

Martha Lucía Mícher, directora del Instituto de las Mujeres del DF, dijo que la oposición a la ley deriva de un “Estado patriarcal que discrimina a las mujeres”.
Nota de Ignacio Alzaga, Milenio, 26 de abril.

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