Mujeres amputadas, hombres esposados a barrotes de celdas y luego muertos de olvido, adolescentes confinados a cuartos oscuros y jóvenes obligados a torturas anales…
Son historias documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su expediente sobre violaciones cometidas contra inmigrantes extranjeros, en especial centroamericanos. Éstas han dado origen a 26 recomendaciones —vigiladas por la Quinta Visitaduría, encargada de los asuntos migratorios— y hoy son compartidas a Crónica.
En este archivo negro y contradictorio por los reproches desde nuestro país al maltrato de indocumentados mexicanos, están los casos de Sonia Elizabeth y Aura Maritza, de Honduras y Guatemala, a quienes les fueron amputados los pies, por efectivos de una empresa privada en Coahuila.
Sonia viajaba junto a otros siete hondureños aferrados a un vagón de ferrocarril, cuando dos elementos de la empresa Consultores Profesionales en Seguridad Privada se les emparejaron a bordo de una camioneta.
—¡Bájense, hijos de la chingada! —les gritaron.
Uno de ellos alcanzó la blusa de Sonia y comenzó a jalarla. Ella cayó sobre las vías del tren, que había comenzado el frenado. Rodó y rodó, para no ser alcanzada por las ruedas, pero al impulsarse hacia fuera de las vías, su pie derecho fue alcanzado. Nada se pudo hacer: el pie debió ser amputado desde el empeine hasta los dedos.
—¡Auxilio, auxilio! —suplicaba, pero al ver lo sucedido los vigilantes ignoraron los gritos y huyeron en su vehículo.
Lo mismo pasó con Aura, de origen guatemalteco. Personal de la misma compañía, Copssa, la asaltaron y después la empujaron hacia el tren en marcha. También perdió un pie, desde el tobillo.
El expediente de la CNDH registra lo ocurrido al salvadoreño Santos Catalino Portillo, quien fue entregado por policías municipales a la delegación del Instituto Nacional de Migración en León, Guanajuato. Ahí, se le ingresó a los separos de la Dirección de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, donde fue etiquetado por un asesor médico como “aparentemente sano” y luego esposado de una mano a un barrote de la celda.
Cuatro días después fue encontrado muerto… atado al tubular.
Otra historia es la de 28 jóvenes de nacionalidad hondureña, guatemalteca, y salvadoreña. Al momento de practicarles el examen médico, personal de salud del Instituto de Nacional de Migración de Saltillo, les entregó un tubo de plástico de aproximadamente 20 centímetros de largo, el cual tenía un pedazo de algodón en uno de los extremos.
—Como ustedes son ignorantes, les informo que esto se llama hisopo —explicó en tono burlón uno de los galenos, quien de inmediato ordenó.
—Métanselo en el culo…
Se miraron unos a otros con perplejidad y miedo.
—Les digo que se lo metan.
—No vamos a hacer eso —respondió uno de los migrantes.
—Si no lo hacen, se les castigará y se les mantendrá asegurados por mucho tiempo. ¿O quieren que yo se los meta? O voy a llamar a la enfermera para que lo haga.
Por temor y en contra de su voluntad, el grupo de centroamericanos acató la orden.
El caso de Aldo, un adolescente hondureño de 15 años, también está en la lista. Se escapó de una estación migratoria de Saltillo, pero poco después fue capturado por un agente federal en los alrededores de la instalación.
El agente lo subió a un vehículo a empujones y ahí lo amarró de manos y pies. Ya en la estación, como medida disciplinaria, fue encerrado en un cuarto oscuro, donde permaneció cuatro días esposado de los pies y, la mano derecha, sujetada a un tubo.
“Durante ese tiempo un guardia apodado El Chivo me amenazaba con un garrote y me pateaba la cadera y las piernas. El que me atrapó en la calle también se burlaba de mí, decía que yo no valía nada, me enojaba tanto que hasta pensé en suicidarme con el cordón de la cruz que llevaba en el cuello”, relató a los visitadores de la Comisión.
Otros testimonios son los de 19 centroamericanos que fueron obligados por un agente migratorio a quitarse los zapatos y caminar descalzos más de kilómetro y medio.
—¿Quieren caminar?, a ver si son muy chingones —les decía.
Éstos son algunos de los casos acreditados por la CNDH. En la mayoría, están involucrados funcionarios del INM y de la Armada de México.
Entre las violaciones más comunes se citan la repatriación insegura y desordenada, los aseguramientos ejecutados por autoridades no facultadas para hacerlos, condiciones antihigiénicas de estancias migratorias, omisiones en exámenes médicos, notificación consular y toma de declaración, así como condiciones laborales de explotación.
Son historias documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su expediente sobre violaciones cometidas contra inmigrantes extranjeros, en especial centroamericanos. Éstas han dado origen a 26 recomendaciones —vigiladas por la Quinta Visitaduría, encargada de los asuntos migratorios— y hoy son compartidas a Crónica.
En este archivo negro y contradictorio por los reproches desde nuestro país al maltrato de indocumentados mexicanos, están los casos de Sonia Elizabeth y Aura Maritza, de Honduras y Guatemala, a quienes les fueron amputados los pies, por efectivos de una empresa privada en Coahuila.
Sonia viajaba junto a otros siete hondureños aferrados a un vagón de ferrocarril, cuando dos elementos de la empresa Consultores Profesionales en Seguridad Privada se les emparejaron a bordo de una camioneta.
—¡Bájense, hijos de la chingada! —les gritaron.
Uno de ellos alcanzó la blusa de Sonia y comenzó a jalarla. Ella cayó sobre las vías del tren, que había comenzado el frenado. Rodó y rodó, para no ser alcanzada por las ruedas, pero al impulsarse hacia fuera de las vías, su pie derecho fue alcanzado. Nada se pudo hacer: el pie debió ser amputado desde el empeine hasta los dedos.
—¡Auxilio, auxilio! —suplicaba, pero al ver lo sucedido los vigilantes ignoraron los gritos y huyeron en su vehículo.
Lo mismo pasó con Aura, de origen guatemalteco. Personal de la misma compañía, Copssa, la asaltaron y después la empujaron hacia el tren en marcha. También perdió un pie, desde el tobillo.
El expediente de la CNDH registra lo ocurrido al salvadoreño Santos Catalino Portillo, quien fue entregado por policías municipales a la delegación del Instituto Nacional de Migración en León, Guanajuato. Ahí, se le ingresó a los separos de la Dirección de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, donde fue etiquetado por un asesor médico como “aparentemente sano” y luego esposado de una mano a un barrote de la celda.
Cuatro días después fue encontrado muerto… atado al tubular.
Otra historia es la de 28 jóvenes de nacionalidad hondureña, guatemalteca, y salvadoreña. Al momento de practicarles el examen médico, personal de salud del Instituto de Nacional de Migración de Saltillo, les entregó un tubo de plástico de aproximadamente 20 centímetros de largo, el cual tenía un pedazo de algodón en uno de los extremos.
—Como ustedes son ignorantes, les informo que esto se llama hisopo —explicó en tono burlón uno de los galenos, quien de inmediato ordenó.
—Métanselo en el culo…
Se miraron unos a otros con perplejidad y miedo.
—Les digo que se lo metan.
—No vamos a hacer eso —respondió uno de los migrantes.
—Si no lo hacen, se les castigará y se les mantendrá asegurados por mucho tiempo. ¿O quieren que yo se los meta? O voy a llamar a la enfermera para que lo haga.
Por temor y en contra de su voluntad, el grupo de centroamericanos acató la orden.
El caso de Aldo, un adolescente hondureño de 15 años, también está en la lista. Se escapó de una estación migratoria de Saltillo, pero poco después fue capturado por un agente federal en los alrededores de la instalación.
El agente lo subió a un vehículo a empujones y ahí lo amarró de manos y pies. Ya en la estación, como medida disciplinaria, fue encerrado en un cuarto oscuro, donde permaneció cuatro días esposado de los pies y, la mano derecha, sujetada a un tubo.
“Durante ese tiempo un guardia apodado El Chivo me amenazaba con un garrote y me pateaba la cadera y las piernas. El que me atrapó en la calle también se burlaba de mí, decía que yo no valía nada, me enojaba tanto que hasta pensé en suicidarme con el cordón de la cruz que llevaba en el cuello”, relató a los visitadores de la Comisión.
Otros testimonios son los de 19 centroamericanos que fueron obligados por un agente migratorio a quitarse los zapatos y caminar descalzos más de kilómetro y medio.
—¿Quieren caminar?, a ver si son muy chingones —les decía.
Éstos son algunos de los casos acreditados por la CNDH. En la mayoría, están involucrados funcionarios del INM y de la Armada de México.
Entre las violaciones más comunes se citan la repatriación insegura y desordenada, los aseguramientos ejecutados por autoridades no facultadas para hacerlos, condiciones antihigiénicas de estancias migratorias, omisiones en exámenes médicos, notificación consular y toma de declaración, así como condiciones laborales de explotación.
Nota de Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 27 de abril.
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