La instrumentación de la reforma penal constitucional le representaría al Poder Judicial una inversión de unos de 20 mil millones de pesos, afirmó ayer Luis María Aguilar, consejero de la Judicatura Federal.
"Durante estos años que tenemos (ocho), gracias a los transitorios de la reforma, tendríamos que hacer un gasto muy considerable. Estimo que va a ser de una cantidad muy semejante al presupuesto anual del Poder Judicial, estamos hablando de 20 mil millones de pesos", comentó.
La inversión, expuso, es para adecuar los juzgados existentes y crear nuevos órganos jurisdiccionales que permitan afrontar el trabajo que representará las modificaciones hechas al sistema penal, especialmente, la oralidad con la que se llevarán la mayoría de los asuntos.
"Será necesario el rediseño de los locales para la celebración de juicios orales, lo cual implicará un gasto considerable", aseguró.
Sobre casos de delincuencia organizada, que dentro de la reforma está considerada como un régimen de excepción debido a que no otorga a los procesados todos los derechos de los que gozarán los implicados en otros delitos, habrá que realizarse una inversión importante.
Esto último, explicó, porque no son recomendables los traslados de reos procesados por delincuencia organizada y tendrán que construirse instalaciones adecuadas en los penales donde están presos.
Advirtió que la instrumentalización de la oralidad y los juicios contra la delincuencia organizada podrían adoptarse, en una primera etapa, en los juzgados de procesos penales que ya existen en el Distrito Federal y el Estado de México.
Una de las modificaciones que podría adoptarse con mayor rapidez, resaltó, es la existencia de los llamados jueces de control, que serán los encargados de librar órdenes de aprehensión, cateo e intervenciones telefónicas.
"Tales jueces serán creados por el Consejo de la manera más pronta y se planea el desarrollo de programas de capacitación específica para quienes tengan a su cargo tan delicadas funciones", aseguró.
Aguilar participó en la inauguración del Congreso "El Sistema de Justicia Penal en México. Retos y Perspectivas" que organiza la Suprema Corte de Justicia con varias instituciones de educación superior y asociaciones de juristas.
Al evento asistió el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, quien indicó que la reforma es un enorme reto tanto como para el Poder Judicial, como para las procuradurías y los abogados litigantes.
"Es una reforma extremadamente retadora. ¿Por qué? El primer reto es un cambio total en nuestra cultura de la legalidad o casi inexistente cultura de la legalidad. Vamos a tener que aprender a respetar la ley", indicó.
"Durante estos años que tenemos (ocho), gracias a los transitorios de la reforma, tendríamos que hacer un gasto muy considerable. Estimo que va a ser de una cantidad muy semejante al presupuesto anual del Poder Judicial, estamos hablando de 20 mil millones de pesos", comentó.
La inversión, expuso, es para adecuar los juzgados existentes y crear nuevos órganos jurisdiccionales que permitan afrontar el trabajo que representará las modificaciones hechas al sistema penal, especialmente, la oralidad con la que se llevarán la mayoría de los asuntos.
"Será necesario el rediseño de los locales para la celebración de juicios orales, lo cual implicará un gasto considerable", aseguró.
Sobre casos de delincuencia organizada, que dentro de la reforma está considerada como un régimen de excepción debido a que no otorga a los procesados todos los derechos de los que gozarán los implicados en otros delitos, habrá que realizarse una inversión importante.
Esto último, explicó, porque no son recomendables los traslados de reos procesados por delincuencia organizada y tendrán que construirse instalaciones adecuadas en los penales donde están presos.
Advirtió que la instrumentalización de la oralidad y los juicios contra la delincuencia organizada podrían adoptarse, en una primera etapa, en los juzgados de procesos penales que ya existen en el Distrito Federal y el Estado de México.
Una de las modificaciones que podría adoptarse con mayor rapidez, resaltó, es la existencia de los llamados jueces de control, que serán los encargados de librar órdenes de aprehensión, cateo e intervenciones telefónicas.
"Tales jueces serán creados por el Consejo de la manera más pronta y se planea el desarrollo de programas de capacitación específica para quienes tengan a su cargo tan delicadas funciones", aseguró.
Aguilar participó en la inauguración del Congreso "El Sistema de Justicia Penal en México. Retos y Perspectivas" que organiza la Suprema Corte de Justicia con varias instituciones de educación superior y asociaciones de juristas.
Al evento asistió el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, quien indicó que la reforma es un enorme reto tanto como para el Poder Judicial, como para las procuradurías y los abogados litigantes.
"Es una reforma extremadamente retadora. ¿Por qué? El primer reto es un cambio total en nuestra cultura de la legalidad o casi inexistente cultura de la legalidad. Vamos a tener que aprender a respetar la ley", indicó.
Nota de Rodolfo Herrera, Reforma, 24 de abril.
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