CIUDAD JUÁREZ.- El Operativo Conjunto Chihuahua cumple hoy un mes en el estado más afectado por la violencia asociada al crimen organizado que ha dejado 266 ejecuciones en lo que va del año.
El reforzamiento del operativo en la frontera, al que se sumaron 2 mil 500 efectivos del Ejército, fue celebrado por autoridades, el Congreso local y empresarios.
Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado presuntos excesos de los efectivos, además de críticas de organizaciones no gubernamentales y de legisladores de oposición.
El organismo estatal de Derechos Humanos reveló que en el municipio rural de Manuel Benavides, al noreste de la entidad, se investigan presuntos actos de tortura y abusos de patrullas militares.
El Alcalde de ese municipio, Benjamín Ortiz Ahumada, denunció en una carta dirigida al presidente de la CEDH, José Armendáriz, que a esa región llegó una patrulla del Ejército para torturar con el uso de bolsas plásticas y golpes a empleados municipales de Obras Públicas.
El propio Alcalde señaló haber sido encañonado y amenazado por los militares.
Según se narra en la misiva que tiene en su poder la CEDH, cuatro personas del departamento de Obras Públicas se encontraron con personal del Ejército mexicano, que los detuvo en un retén para efectuar una revisión.
Los afectados dijeron que los militares les solicitaron sus nombres y que apenas se los dieron, los uniformados respondían: "a ti te andamos buscando".
Uno de ellos declaró que comenzaron a torturarlo sin explicación alguna, que lo golpearon en varias partes del cuerpo y que le colocaron una bolsa de plástico en el rostro hasta que comenzaba a asfixiarse, luego lo dejaban respirar y volvían a comenzar la maniobra.
Además, la presencia militar, que se concentró durante los primeros días en la frontera y la ciudad de Chihuahua, no logró evitar que dos grupos contrarios de sicarios protagonizaran en la ciudad de Parral enfrentamientos a balazos en los que se contabilizaron 14 muertos.
Fue hasta el 8 de abril cuando los elementos del Ejército Mexicano sitiaron por aire y por tierra el Panteón Municipal de Villa Ahumada, donde se efectuaba la sepultura de una de las víctimas de las masacres de Parral.
Los soldados irrumpieron en funeral de ese municipio, localizado a 100 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, orquestando un operativo que incluyó a medio centenar de elementos que se desplazaron en camionetas y hasta en helicópteros.
Reportaron al menos 20 detenidos en el operativo.
El diputado local perredista, Víctor Quintana Silveyra, consideró que es tiempo de que los abusos militares sean investigados y la presencia del Ejército disminuya.
"El Ejército no debe estar ya en las calles, y menos aún cuando se están notificando muchas denuncias de ciudadanos ajenos al crimen, que han sido afectados por operativos en los que son aterrorizados, se destruyen sus puertas y ventanas y ni siquiera se les ofrece una disculpa", comentó el legislador perredista.
El reforzamiento del operativo en la frontera, al que se sumaron 2 mil 500 efectivos del Ejército, fue celebrado por autoridades, el Congreso local y empresarios.
Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado presuntos excesos de los efectivos, además de críticas de organizaciones no gubernamentales y de legisladores de oposición.
El organismo estatal de Derechos Humanos reveló que en el municipio rural de Manuel Benavides, al noreste de la entidad, se investigan presuntos actos de tortura y abusos de patrullas militares.
El Alcalde de ese municipio, Benjamín Ortiz Ahumada, denunció en una carta dirigida al presidente de la CEDH, José Armendáriz, que a esa región llegó una patrulla del Ejército para torturar con el uso de bolsas plásticas y golpes a empleados municipales de Obras Públicas.
El propio Alcalde señaló haber sido encañonado y amenazado por los militares.
Según se narra en la misiva que tiene en su poder la CEDH, cuatro personas del departamento de Obras Públicas se encontraron con personal del Ejército mexicano, que los detuvo en un retén para efectuar una revisión.
Los afectados dijeron que los militares les solicitaron sus nombres y que apenas se los dieron, los uniformados respondían: "a ti te andamos buscando".
Uno de ellos declaró que comenzaron a torturarlo sin explicación alguna, que lo golpearon en varias partes del cuerpo y que le colocaron una bolsa de plástico en el rostro hasta que comenzaba a asfixiarse, luego lo dejaban respirar y volvían a comenzar la maniobra.
Además, la presencia militar, que se concentró durante los primeros días en la frontera y la ciudad de Chihuahua, no logró evitar que dos grupos contrarios de sicarios protagonizaran en la ciudad de Parral enfrentamientos a balazos en los que se contabilizaron 14 muertos.
Fue hasta el 8 de abril cuando los elementos del Ejército Mexicano sitiaron por aire y por tierra el Panteón Municipal de Villa Ahumada, donde se efectuaba la sepultura de una de las víctimas de las masacres de Parral.
Los soldados irrumpieron en funeral de ese municipio, localizado a 100 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, orquestando un operativo que incluyó a medio centenar de elementos que se desplazaron en camionetas y hasta en helicópteros.
Reportaron al menos 20 detenidos en el operativo.
El diputado local perredista, Víctor Quintana Silveyra, consideró que es tiempo de que los abusos militares sean investigados y la presencia del Ejército disminuya.
"El Ejército no debe estar ya en las calles, y menos aún cuando se están notificando muchas denuncias de ciudadanos ajenos al crimen, que han sido afectados por operativos en los que son aterrorizados, se destruyen sus puertas y ventanas y ni siquiera se les ofrece una disculpa", comentó el legislador perredista.
Nota de Reforma, 28 de abril.
0 Responses to "Evalúa Chihuahua presencia militar"
Publicar un comentario