La ONU condena muerte de locutoras

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) en México condenó el asesinato de las locutoras Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, de La voz que rompe el silencio de San Juan Copala, Oaxaca, y confió en que las autoridades esclarezcan los hechos de manera rápida y eficaz para evitar la impunidad.

Advirtió la necesidad de modificar el marco jurídico para que se garantice adecuadamente la operación de las radios comunitarias. A través de un comunicado, expresó: “La oficina confía en que las autoridades competentes esclarezcan los hechos de manera rápida y eficaz con el propósito de que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados. Sólo a través del efectivo esclarecimiento de estos hechos se evitará la impunidad y la repetición de ataques contra periodistas y comunicadores sociales”.

Manifestó que la información que recibió la oficina sobre estos hechos refiere que las dos jóvenes fueron emboscadas por un grupo armado. También señaló estar enterada de nuevos ataques a trabajadores de los medios de comunicación, como la reciente amenaza contra la reportera de EL UNIVERSAL, Silvia Otero.

Omar Rábago, del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destacó la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) se niegue a atraer el caso de las locutoras asesinadas con el argumento de que no se reconoce a los trabajadores de radios comunitarias como periodistas y señaló que el vacío legal que hay en la materia impide a esos medios contar con protección ante las amenazas a la libertad de expresión.

Las organizaciones civiles internacionales Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 exigieron el “cese al clima de impunidad que permite la continuidad de las agresiones, desapariciones y asesinatos en contra de los medios comunitarios”.

En un pronunciamiento público, al que también se sumó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), exigieron el esclarecimiento del asesinato de las dos periodistas, así como la sanción a los responsables intelectuales y materiales.

Además, pidieron a las autoridades del estado garantizar la vida e integridad de los sobrevivientes Faustino Vázquez Martínez, Cristina Martínez Flores y sus dos hijos menores, “quienes son testigos clave de los hechos, así como la vida e integridad de los demás integrantes de la emisora comunitaria”.

Señalaron la importancia de la labor que desempeñaban Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes denunciaron los abusos cometidos por los caciques de la zona, entre los que destacaban las agresiones y violaciones de las mujeres de la comunidad de San Juan Copala.

“Este atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información de las comunidades indígenas es también una muestra más de la violencia extrema en contra de las mujeres de nuestro país, una muestra de que las mujeres han sido y siguen siendo usadas como botín político y que sus derechos pueden ser vulnerados con total impunidad”, reiteraron.

Destacaron que este nuevo episodio de violencia se agrega “a la ya grave situación de agresiones en nuestro país contra periodistas y el clima de impunidad en el que permanecen”.

Misión internacional

Dichas organizaciones informaron que una misión internacional visitará México del 21 al 25 de abril, a fin de constatar las condiciones en las que los trabajadores de los medios de comunicación desempeñan su labor y verificar las acciones hechas por las autoridades federales y estatales encaminadas a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

La misión visitará Oaxaca, Guerrero, Sonora y Michoacán.

Nota de Liliana Alcántara, El Universal, 18 de abril.