El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a colaborar con el Judicial para poner en marcha los mecanismos que se requieran, a fin de concretar en los hechos la reforma de justicia penal, incluida la aprobación de los recursos públicos necesarios.
Ante el presidente Felipe Calderón, el ministro presidente de la Corte indicó que la reforma a 10 artículos de la Constitución generará nuevos desafíos para los tres poderes y tres órdenes de gobierno, por lo que es necesario enfrentarlas en coordinación.
Dejó claro que el Poder Judicial de la Federación se ha mantenido atento a las exigencias y cambios que se introducen de manera constante en los derechos constitucional y penal, por lo que permanentemente actualiza y capacita a sus integrantes, además de que siempre tiene presente la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Mayagoitia recordó que cada reforma en materia de justicia penal amerita una planeación adecuada para cambiar y actualizar diversos instrumentos legales y estar en condiciones de seguir elevando la justicia penal.
Con la reforma penal aprobada recientemente, indicó, el Poder Legislativo deberá allegarse información pertinente para mantener las leyes a la altura de la sociedad.
En tanto, el Ejecutivo “ha de mantener la fuerza para perseguir a quienes optan por el camino de la delincuencia, así como la infraestructura penitenciaria para asegurar la estricta, pero digna, compurgación de penas”.
La reforma penal aprobada en marzo pasado rechaza el allanamiento de domicilios sin orden judicial y permite la aplicación de juicios orales.
Ante el presidente Felipe Calderón, el ministro presidente de la Corte indicó que la reforma a 10 artículos de la Constitución generará nuevos desafíos para los tres poderes y tres órdenes de gobierno, por lo que es necesario enfrentarlas en coordinación.
Dejó claro que el Poder Judicial de la Federación se ha mantenido atento a las exigencias y cambios que se introducen de manera constante en los derechos constitucional y penal, por lo que permanentemente actualiza y capacita a sus integrantes, además de que siempre tiene presente la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Mayagoitia recordó que cada reforma en materia de justicia penal amerita una planeación adecuada para cambiar y actualizar diversos instrumentos legales y estar en condiciones de seguir elevando la justicia penal.
Con la reforma penal aprobada recientemente, indicó, el Poder Legislativo deberá allegarse información pertinente para mantener las leyes a la altura de la sociedad.
En tanto, el Ejecutivo “ha de mantener la fuerza para perseguir a quienes optan por el camino de la delincuencia, así como la infraestructura penitenciaria para asegurar la estricta, pero digna, compurgación de penas”.
La reforma penal aprobada en marzo pasado rechaza el allanamiento de domicilios sin orden judicial y permite la aplicación de juicios orales.
Nota de Rubén Mosso, Milenio, 25 de abril.
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