La bancada del PRD en la Cámara de Diputados advirtió a los legisladores de PRI y PAN que no permitirá que pase la reforma a la ley Federal del Trabajo, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, y en caso de que quieran “dar un albazo como sucedió con la ley del ISSSTE” están dispuestos a la movilización y a tomar la tribuna.
La diputada Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, explicó que aunque el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, no ha entregado formalmente su propuesta de reforma laboral a la Junta de Coordinación Política, su contenido es copia fiel de la denominada ley Abascal, presentada en 2002 durante el gobierno de Vicente Fox, con la salvedad de que en esta versión se fomenta más la corrupción del sindicalismo tradicional.
“Nosotros ya advertimos a PRI y PAN que no vamos a permitir que pase una reforma lesiva para los mexicanos y cuya único objetivo es precarizar el empleo y el salario, incrementar la jornada de trabajo sin generar antigüedad ni derechos ni prestaciones, y eximir a las empresas de hacerse responsable de un accidente debido a la propuesta de fijar el salario por horas”, especificó.
La reforma será presentada en los próximos días sin el consenso, apoyo o aval tanto de los sindicatos independientes, como es el caso de los afiliados a la Unión Nacional de trabajadores y al Frente Sindical Mexicano, como de los oficiales concentrados en el Congreso del Trabajo y a la CTM, principalmente.
Enrique Aguilar Borrego, presidente del Congreso del Trabajo, aseguró: “nosotros no vamos avalar esta reforma, que quede claro, y no aceptamos ningún tipo de modificaciones. El gobierno debe presentar su propuesta al Congreso, éste debe hacer su trabajo y ahí nos tendrán que oír”.
Para Borrego Aguilar la propuesta de reforma pretende hacer cambios que pueden ir contra el libre ejercicio al derecho a la huelga y que atenta contra el sindicalismo, además de que “nos preocupa algunas cosas de esa ley Abascal relativas al Banco de Horas, eso nos preocupa mucho”.
Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la Confederación de Trabajadores de México, se opuso tajantemente a que se pretenda fiscalizar a los sindicatos, aunque se trate de recursos federales, ya que, a su juicio, sería atentar contra la autonomía sindical.
“No vamos a permitir que cualquier hijo de vecino solicite información que ya está abierta y a la mano de los agremiados y de la gente en general. No hay nada oculto y lo único que pedimos es que se respete la autonomía sindical, un sindicato es una persona moral y autónoma que constituye sus estatutos y sus reglas para crear ingresos”, aclaró.
¿Pero qué contiene el documento que presentará la Secretaría del Trabajo al poder legislativo? El propio Javier Lozano Alarcón ha dado a conocer algunos puntos importantes en foros, como el de American Chamber, donde explicó algunos de los aspectos más controversiales de esta reforma vinculados al derecho a huelga y a la cancelación del registro a los sindicatos poco trasparentes.
La regulación de los contratos colectivos de trabajo y de las prácticas “que desafortunadamente vemos todos los días, que so pretexto del uso legítimo del derecho de huelga se hacen emplazamientos que no tienen validez, que no tienen legitimidad, y que sin embargo, ante la ausencia de requisitos más estrictos en la ley, pues se llega a casos auténticamente de extorsión”.
Y agregó que se van a establecer “requisitos de procedibilidad” para poder hacer un emplazamiento por supuestas violaciones del Contrato Colectivo del Trabajo.
“Lo que nos pasó por ejemplo con el caso de la mina de Cananea. Se habla de una violación de condiciones generales de trabajo en el Contrato Colectivo de Trabajo, en materia de seguridad e higiene, y cuando se les solicita la precisión, simple y sencillamente se quedan en esa denuncia genérica de supuestas violaciones.
“Y cuando se declara inexistente la huelga por parte de la Junta por no haber precisado cuáles eran dichas violaciones, el Poder Judicial de la Federación, en ausencia de una letra expresa en la Ley Federal del Trabajo, le da la razón al sindicato y entonces se hace prácticamente imposible levantar una huelga…y puede haber un allanamiento simple de lo que serían sus obligaciones en esa materia”.
La Secretaría del Trabajo, que se ha negado a abrir el debate público porque ya están dadas las condiciones para modernizar la reforma laboral, se propone fortalecer la competitividad en las relaciones laborales y en la economía, impulsar la creación de empleos, mejorar el nivel de vida de los trabajadores y eliminar la discriminación.
Planea un programa de acumulación mensual de horas laborales sin contravenir las exigencias del artículo 123 constitucional; se establecerán nuevas modalidades de trabajo como serían los contratos a prueba o de capacitación inicial con periodos de hasta 180 días, es decir, seis meses para puestos de dirección, gerenciales, labores técnicas, profesionales y especializadas, lo que amplía las posibilidades de contratación.
Se suprimiría el escalafón ciego y se privilegiaría la capacitación como el principal criterio para el ascenso de los trabajadores y no necesariamente la antigüedad.
La iniciativa también contempla que el registro de los sindicatos pueda cancelarse por no proporcionar informes a la Secretaría del Trabajo respecto a su actuación como organización.
A juicio del secretario del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Benito Mirón Lince, todas estas reformas sólo provocarán inestabilidad en el empleo, una mayor informalidad y una “flexibilización vergonzosa” de los contratos colectivos.
La diputada Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, explicó que aunque el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, no ha entregado formalmente su propuesta de reforma laboral a la Junta de Coordinación Política, su contenido es copia fiel de la denominada ley Abascal, presentada en 2002 durante el gobierno de Vicente Fox, con la salvedad de que en esta versión se fomenta más la corrupción del sindicalismo tradicional.
“Nosotros ya advertimos a PRI y PAN que no vamos a permitir que pase una reforma lesiva para los mexicanos y cuya único objetivo es precarizar el empleo y el salario, incrementar la jornada de trabajo sin generar antigüedad ni derechos ni prestaciones, y eximir a las empresas de hacerse responsable de un accidente debido a la propuesta de fijar el salario por horas”, especificó.
La reforma será presentada en los próximos días sin el consenso, apoyo o aval tanto de los sindicatos independientes, como es el caso de los afiliados a la Unión Nacional de trabajadores y al Frente Sindical Mexicano, como de los oficiales concentrados en el Congreso del Trabajo y a la CTM, principalmente.
Enrique Aguilar Borrego, presidente del Congreso del Trabajo, aseguró: “nosotros no vamos avalar esta reforma, que quede claro, y no aceptamos ningún tipo de modificaciones. El gobierno debe presentar su propuesta al Congreso, éste debe hacer su trabajo y ahí nos tendrán que oír”.
Para Borrego Aguilar la propuesta de reforma pretende hacer cambios que pueden ir contra el libre ejercicio al derecho a la huelga y que atenta contra el sindicalismo, además de que “nos preocupa algunas cosas de esa ley Abascal relativas al Banco de Horas, eso nos preocupa mucho”.
Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la Confederación de Trabajadores de México, se opuso tajantemente a que se pretenda fiscalizar a los sindicatos, aunque se trate de recursos federales, ya que, a su juicio, sería atentar contra la autonomía sindical.
“No vamos a permitir que cualquier hijo de vecino solicite información que ya está abierta y a la mano de los agremiados y de la gente en general. No hay nada oculto y lo único que pedimos es que se respete la autonomía sindical, un sindicato es una persona moral y autónoma que constituye sus estatutos y sus reglas para crear ingresos”, aclaró.
¿Pero qué contiene el documento que presentará la Secretaría del Trabajo al poder legislativo? El propio Javier Lozano Alarcón ha dado a conocer algunos puntos importantes en foros, como el de American Chamber, donde explicó algunos de los aspectos más controversiales de esta reforma vinculados al derecho a huelga y a la cancelación del registro a los sindicatos poco trasparentes.
La regulación de los contratos colectivos de trabajo y de las prácticas “que desafortunadamente vemos todos los días, que so pretexto del uso legítimo del derecho de huelga se hacen emplazamientos que no tienen validez, que no tienen legitimidad, y que sin embargo, ante la ausencia de requisitos más estrictos en la ley, pues se llega a casos auténticamente de extorsión”.
Y agregó que se van a establecer “requisitos de procedibilidad” para poder hacer un emplazamiento por supuestas violaciones del Contrato Colectivo del Trabajo.
“Lo que nos pasó por ejemplo con el caso de la mina de Cananea. Se habla de una violación de condiciones generales de trabajo en el Contrato Colectivo de Trabajo, en materia de seguridad e higiene, y cuando se les solicita la precisión, simple y sencillamente se quedan en esa denuncia genérica de supuestas violaciones.
“Y cuando se declara inexistente la huelga por parte de la Junta por no haber precisado cuáles eran dichas violaciones, el Poder Judicial de la Federación, en ausencia de una letra expresa en la Ley Federal del Trabajo, le da la razón al sindicato y entonces se hace prácticamente imposible levantar una huelga…y puede haber un allanamiento simple de lo que serían sus obligaciones en esa materia”.
La Secretaría del Trabajo, que se ha negado a abrir el debate público porque ya están dadas las condiciones para modernizar la reforma laboral, se propone fortalecer la competitividad en las relaciones laborales y en la economía, impulsar la creación de empleos, mejorar el nivel de vida de los trabajadores y eliminar la discriminación.
Planea un programa de acumulación mensual de horas laborales sin contravenir las exigencias del artículo 123 constitucional; se establecerán nuevas modalidades de trabajo como serían los contratos a prueba o de capacitación inicial con periodos de hasta 180 días, es decir, seis meses para puestos de dirección, gerenciales, labores técnicas, profesionales y especializadas, lo que amplía las posibilidades de contratación.
Se suprimiría el escalafón ciego y se privilegiaría la capacitación como el principal criterio para el ascenso de los trabajadores y no necesariamente la antigüedad.
La iniciativa también contempla que el registro de los sindicatos pueda cancelarse por no proporcionar informes a la Secretaría del Trabajo respecto a su actuación como organización.
A juicio del secretario del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Benito Mirón Lince, todas estas reformas sólo provocarán inestabilidad en el empleo, una mayor informalidad y una “flexibilización vergonzosa” de los contratos colectivos.
Nota de Blanca Valadez, Milenio, 6 de abril.
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