“Objeción de conciencia”, sin firmantes

Hace un año, grupos opositores al aborto, entre ellos el PAN, predijeron que vendría una cascada de recursos de “objeción de conciencia” de médicos que se opondrían a realizar abortos en los 14 hospitales que dependen del Gobierno del Distrito Federal, ello a raíz de la despenalización de esa práctica. No hubo tal. Sin embargo, personal médico, incluidas enfermeras, fueron removidos de sus puestos, como sucedió con Judith, una joven doctora que se opuso a esa práctica, lo que le costó ser enviada a “disposición de personal”.

No hay números que hablen del recurso “objeción de conciencia”. La legisladora local del PAN, María de la Paz Quiñones, afirma que recibió un total de 42 quejas de médicos que se opusieron a realizar un aborto; por su parte, el dirigente de Provida, Jorge Serrano Limón, dice que su causa antiaborto ganó 210 médicos. Pero nada de la famosa “objeción de conciencia” o, en todo caso, para ellos, esos números son parte de ese principio.

Con Judith los hechos ocurrieron el año pasado en el Hospital Materno Infantil de Inguarán. Cuatro meses después de que fueran aprobadas las reformas en la materia.

“Después de la aprobación de la ley se vivieron momentos de terrorismo en los hospitales por parte de los superiores, todos teníamos que participar en los abortos o de lo contrario nuestro contrato sería rescindido; se decía que ahí no valía para nada la cláusula de objeción de conciencia y que ésta era cosa del pasado”.

Judith se mostró contra esa participación. Educada en el seno de una familia religiosa apeló a los principios éticos y morales inculcados durante su infancia. “Pues tú eliges ¿o comes o defiendes tus principios?”, fue la respuesta que encontró. Se sentía sin escapatoria.

“Sucedía de todo, las presiones, las intimidaciones, las circulares, las llamadas de atención y además, por si fuera poco, no había insumos, materiales, medicinas todo estaba restringido. Como está ahora”.

Fue el 9 de mayo de 2007 cuando el PAN inició en la capital del país sus movilizaciones para impedir la práctica del aborto. La presidenta de su comité directivo local, Mariana Gómez del Campo, hizo acto de presencia en el Hospital General de Xoco. Ahí repartió volantes con el texto: “Nadie puede obligarte a realizar un aborto”. La lideresa escuchó de los médicos su rechazo a participar en abortos y otros le manifestaron que hasta el momento no habían recibido presiones para participar en alguno.

La idea, narra la diputada Paz Quiñones, era hablar con el personal médico para que apelara a su derecho de “objeción de conciencia”, para no verse inmiscuidos en la práctica del aborto.

Días antes, frente a las protestas que la comunidad médica hacía en algunos hospitales, la consejera jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, manifestaba que no habría sanción alguna si estos acudían a dicha cláusula por razones morales.

Según la vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Paz Quiñones, en las dos primeras semanas de mayo del año pasado recibieron alrededor de 42 “señalamientos” de médicos y enfermeras que estaban “siendo obligadas a participar en abortos”. Las denuncias le fueron enviadas en forma anónima, pues argumentaron temor a represalias, miedo a perder el trabajo. “Fueron días muy preocupantes”.

Su declaración coincide con la del personal médico entrevistado en los hospitales de Tláhuac, Milpa Alta y Gustavo A, Madero: “Hubo y hay presión por parte de las autoridades. Si denuncian o no están de acuerdo con algo pierden sus fuentes de empleo”, dijo una enfermera de este último.

“En el hospital de Xoco, una mujer no estuvo de acuerdo y por lo tanto fue removida de su plaza. La cambiaron de lugar”, denunció la legisladora. En el hospital de Inguarán sucedieron tres casos similares y en el de Magdalena Contreras se presentó otro caso. Hay terrorismo dentro de las instituciones médicas”, confirmó Quiñones.

Casos de agresiones a personal médico puede haber muchos, dicen. Pero el PAN sólo gestionó las denuncias y las canalizó ante la Secretaría de Salud local y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a decir de la diputada.

En Tláhuac, una enfermera se queja: “Aparte de la carga de trabajo se presentó el problema de la falta de medicamentos”. No lo enuncia, lo describe. “Para las pacientes que van a tener bebé o, en este caso, un aborto, hay que aplicarles anestesia y se dan casos que una ampolleta la tenemos que dividir entre cuatro pacientes”.

La oposición de algunos médicos a la práctica del aborto se suplió con los médicos generales, “conozco casos”, dijo la diputada.

Se le preguntó si adicional a esos 42 “señalamientos” de médicos que habían acudido con ella conocía casos donde se hubiera apelado a la “objeción de conciencia”. No, ninguno “teóricamente debe haber un formato que las propias autoridades deben entregar a su personal, pero no les han dado nada”.

Para Serrano Limón han sido 210 los médicos que se han sumado a su causa antiaborto. “Ellos se han sumado con nosotros y no están haciendo abortos. No se les presiona a hacerlos, mandan a un abortero a que lo haga en su lugar”.

Relata casos de represalias en los hospitales de Ticomán y de Cuajimalpa, donde el personal opuesto a practicar un aborto ha sido amenazado o están a punto de perder el empleo.

Dijo que en el interior de los hospitales hay médicos que les dan información. “Nos dicen lo que sucede allá adentro y por ellos sabemos que han muerto ocho mujeres. Son casos que han ocultado las autoridades de Salud”. Dos en Ticomán, uno en Cuajimalpa, uno en Balbuena, dos en Cuautepec, uno en Xochimilco y uno en el Gregorio Salas.

Pese a todo lo que sucede en los hospitales no surgió el llamado efecto “cascada”. O no es visible. En mayo del año pasado, Paz Quiñones afirmaba que el gobierno de la ciudad no se daría abasto “con la cascada” de demandas que se veían venir. Una cosa es cierta, dice ahora la legisladora, “hay médicos que son presionados”.

Francisco Mejía, Milenio, 25 de abril.