El Gobierno de México mostró su preocupación por la nacionalización de la industria cementera en Venezuela, decretada el jueves.
Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó al Embajador de ese país en México, Roy Chaderton, a una reunión en la cual le expresó su inquietud por la decisión del Presidente Hugo Chávez.
"Pudiera afectar los intereses de una empresa mexicana con operaciones de larga data en ese país", explicó la SRE en un comunicado.
Chaderton se reunió con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Gerónimo Gutiérrez, a quien le explicó que el Gobierno de Venezuela considera estratégico el sector cementero para los objetivos de desarrollo que persigue.
Por su parte, sin mencionar por su nombre el caso de Cemex, el Presidente Felipe Calderón cuestionó la incertidumbre que existe respecto a los derechos de propiedad y patrimoniales de las empresas.
"Pienso que es muy importante por la confianza en un entorno regional donde la inversión global tiene síntomas de preocupación", aseguró en una reunión con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).
La cementera refirió en un comunicado que el Gobierno mexicano les informó que hará todo lo que esté a su alcance para proteger sus intereses legítimos.
Las acciones de Cemex cayeron ayer 3.86 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores y 4.22 por ciento en Nueva York, pero analistas minimizaron el impacto.
Reaccionan en Venezuela
Los representantes de Cemex, Lafargue y Holcim, empresas privadas de cemento que operan en Venezuela, sostuvieron ayer una breve reunión con el vicepresidente Ramón Carrizales, donde les informó la decisión del Gobierno de nacionalizar la industria, según una fuente del sector.
La Constitución venezolana de 1999 contempla la posibilidad de expropiar cualquier clase de bienes sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante una sentencia firme y el pago oportuno de la justa indemnización.
El monto a pagar, según el especialista venezolano Gerardo Blyde, lo calculará el Gobierno de acuerdo a un avalúo de activos y pasivos, pero si el afectado no lo acepta comienza un procedimiento judicial.
Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó al Embajador de ese país en México, Roy Chaderton, a una reunión en la cual le expresó su inquietud por la decisión del Presidente Hugo Chávez.
"Pudiera afectar los intereses de una empresa mexicana con operaciones de larga data en ese país", explicó la SRE en un comunicado.
Chaderton se reunió con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Gerónimo Gutiérrez, a quien le explicó que el Gobierno de Venezuela considera estratégico el sector cementero para los objetivos de desarrollo que persigue.
Por su parte, sin mencionar por su nombre el caso de Cemex, el Presidente Felipe Calderón cuestionó la incertidumbre que existe respecto a los derechos de propiedad y patrimoniales de las empresas.
"Pienso que es muy importante por la confianza en un entorno regional donde la inversión global tiene síntomas de preocupación", aseguró en una reunión con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).
La cementera refirió en un comunicado que el Gobierno mexicano les informó que hará todo lo que esté a su alcance para proteger sus intereses legítimos.
Las acciones de Cemex cayeron ayer 3.86 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores y 4.22 por ciento en Nueva York, pero analistas minimizaron el impacto.
Reaccionan en Venezuela
Los representantes de Cemex, Lafargue y Holcim, empresas privadas de cemento que operan en Venezuela, sostuvieron ayer una breve reunión con el vicepresidente Ramón Carrizales, donde les informó la decisión del Gobierno de nacionalizar la industria, según una fuente del sector.
La Constitución venezolana de 1999 contempla la posibilidad de expropiar cualquier clase de bienes sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante una sentencia firme y el pago oportuno de la justa indemnización.
El monto a pagar, según el especialista venezolano Gerardo Blyde, lo calculará el Gobierno de acuerdo a un avalúo de activos y pasivos, pero si el afectado no lo acepta comienza un procedimiento judicial.
Nota de Ariadna García, César Sánchez y Cristina Marcano, Reforma 5 de abril.
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