La cúpula de la iniciativa privada venezolana, que en abril de 2002 se alió a estratos militares y policiales y encabezó el frustrado golpe, no deja de fustigar a la revolución bolivariana instalada en 1998. Y el gobierno socialista venezolano tampoco desaprovecha un momento para atacar a “los ricos” y a todos sus enemigos.
Hace seis años, un golpe derribó durante unas 48 horas a Chávez—quien fue llevado preso a una base militar— y los conspiradores anunciaron al país que el presidente había renunciado. Pero una espontánea reacción popular callejera rechazó la versión de la renuncia y, con miles de venezolanos lanzados a las vías públicas, denunció que el gobernante estaba secuestrado.
Acorralados por la multitud, los golpistas perdieron fuerza y comenzaron a huir, dejando abierto el espacio para el regreso de Chávez. A seis años de unos sucesos que dejaron un numeroso saldo de muertos y heridos y concluyeron con el retorno triunfante del “comandante Chávez”, Venezuela enfrenta una severa polarización socioeconómica y política, con posiciones que parecen irreconciliables.
Empeñado en avanzar hacia el socialismo del siglo XXI, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a “todos los batallones socialistas” a participar, desde hoy y hasta el domingo, en los actos para conmemorar la derrota del golpe y la consolidación revolucionaria. Chávez culpó a Estados Unidos y España de apoyar la intentona golpista.
El pueblo “restituyó la democracia, la paz, y acabó con las ínfulas traidoras de unas pocas hienas”, afirmó Jorge Rodríguez, director del PSUV, partido con el que Chávez aglutinó a casi todas las fuerzas políticas que le han respaldado en los últimos años, desde que asumió en 1998 y empezó a desarrollar su revolución.
En la acera del frente, el reclamo contra las políticas socialistas es constante de parte de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), organización líder del empresariado y que, hace seis años, instaló a su presidente de turno, Pedro Carmona, como presidente de la junta de gobierno que depuso a Chávez.
Tras las nacionalizaciones de la industria cementera (que afectaron a compañías de México, Francia y Suiza) y de una empresa siderúrgica de capital argentino, mexicano, brasileño y venezolano, adoptadas en los últimos ocho días, Chávez consolidó el capitalismo de Estado, para emular a China y Cuba, reprochó el sector empresarial.
“Tenemos un Estado que se dedica a ser empresario, coartando de este modo la libertad de quienes cumplen con el rol de producir bienes y servicios para los venezolanos”, acusó José Manuel González, presidente de Fedecámaras. Las nacionalizaciones, fustigó, desalientan la atracción de capitales extranjeros.
Nota de José Meléndez, El Universal, 11 de abril.
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