Reos mayas carecen de traductor, acusan

MÉRIDA, Yuc.— De unos 700 indígenas que purgan condenas en penales de Yucatán, un número importante fue sentenciado de manera injusta, porque durante el proceso no contaron con las garantías constitucionales mínimas, como tener un traductor al no hablar español, según señaló el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

En Yucatán, hay alrededor de 700 indígenas mayas recluidos —en su mayoría son hombres— en los penales de Mérida, Tekax y Valladolid, acusados por delitos contra la salud, robo calificado y lesiones, entre otros.

La directora del Indemaya, Abigaíl Uc Canché, declaró a EL UNIVERSAL que los internos mayas provienen de zonas apartadas, rurales y enfrentan condenas injustificadas, pues durante los juicios “no tuvieron una defensa jurídica adecuada y ni siquiera sabían de qué se les acusaba, porque no hablan español, solamente la lengua maya”.

Hay indígenas acusados de delitos ambientales, violencia intrafamiliar y abusos sexuales. En otros casos se les involucró en delitos graves como homicidios y uso y consumo de estupefacientes, enumera.

Empero, para muchos de ellos el encarcelamiento es incomprensible pues fueron acusados por incurrir en la caza de animales protegidos o cortar madera, actividades ancestrales para ellos, precisó.

Este instituto interviene en los casos en que los indígenas son detenidos por vez primera, para vigilar que las condenas sean las que correspondan conforme a la ley y no sean víctimas de excesos dentro del sistema de justicia.

Uc Canché urge a brindar mayor apoyo a los indígenas presos y garantizar que reciban asesoría jurídica y un traductor de su lengua nativa cuando se enfrenten a procesos penales.

El director del penal de Mérida, Francisco Brito Herrera, informó que en el Centro de Readaptación Social del estado están recluidos alrededor de 164 presos de origen maya, y reconoció que tienen reportes de algunos casos en los que ellos mismos se declaran ignorantes del delito y proceso por el que fueron recluidos.

Ellos aseguran que carecieron de defensa legal y que por hablar únicamente su lengua materna —maya—, no entendieron nada del proceso al que fueron sujetos, dijo.

El diputado local Jorge Carlos Berlín Montero reconoce que se necesitan nuevas leyes que protejan los derechos de los indígenas mayas.

Testimonio

María Alfonsina Ituiz Pech, a sus 59 años fue a dar a prisión, y todavía no alcanza a comprender por qué la condenaron a 10 años y dos meses de encierro.

En los patios de su vivienda en la comisaría de Dzodzil, esta mujer tenía sembradas unas matas de mariguana, pues “me servían para aliviar mi reumatismo”. Mas la acusan de comercializarla.

Nota de Yazmín Rodríguez Galaz, El Universal, 14 de abril.



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