El Senado aprobará en su sesión de hoy reformas a la Ley General de Población tendientes a evitar “la criminalización” de los inmigrantes indocumentados. Así, se indica en la minuta, se armonizará la legislación nacional con los instrumentos internacionales que el país ha signado y ratificado y se modernizan las disposiciones jurídicas en la materia, promoviendo los derechos humanos.
Con las reformas a esa ley se modifican los artículos 118 y 125 y se derogan siete ––19, 120, 121, 123, 124 y el 127–, que “penalizan con severidad los actos más frecuentemente efectuados en el contexto de la migración indocumentada, lo cual es inadmisible, por distanciarse de las exigencias sociales y el respeto a los derechos humanos”.
De acuerdo con el documento, los artículos que se derogan y los que se modifican “criminalizan la pobreza y la búsqueda de oportunidades; se basan en una política criminal contraria al derecho penal mínimo y a los principios básicos del derecho penal democrático y se suman a una pluralidad de sanciones previstas para las mismas conductas”.
La reforma que se votará hoy en el Senado fue aprobada en la Cámara de Diputados el 4 de septiembre del 2007, y en ella se resalta que al mantener como está en la actualidad dicha ley “el estatus migratorio legal de nuestro país sólo legitima y otorga elementos adicionales a los actores más conservadores en Estados Unidos para continuar con su campaña de odio contra nuestros connacionales y ayuda a los sectores más racistas del norte en su empeño por considerar a nuestros migrantes terroristas, contribuyendo a que las redes trasnacionales de tráfico de personas sigan disfrutando de un negocio ampliamente lucrativo, por lo que resulta necesaria la no criminalización y la despenalización de la migración y de los migrantes”.
Las comisiones revisoras afirman que criminalizar la migración indocumentada no sólo va en contra de los avances y convenios internacionales que en materia de defensa de los derechos humanos de los migrantes México “ha sido uno de los más entusiastas y comprometidos promotores y firmantes”, sino que además “contribuye a facilitar y detonar la extorsión, la amenaza y la arbitrariedad hacia los cientos de miles de centroamericanos que anualmente cruzan nuestro país con rumbo a la frontera norte”.
Recuerdan además que el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias recomendó a México “que oriente sus esfuerzos a la creación de una nueva ley de migración, que corresponda con la nueva realidad migratoria del país y se ajuste a lo dispuesto por la convención y otros instrumentos internacionales aplicables”.
Agrega: “esta ley deberá eliminar, inter alia (entre otras cosas), como delito penado con privación de la libertad la entrada irregular de una persona a su territorio”.
Con las reformas a esa ley se modifican los artículos 118 y 125 y se derogan siete ––19, 120, 121, 123, 124 y el 127–, que “penalizan con severidad los actos más frecuentemente efectuados en el contexto de la migración indocumentada, lo cual es inadmisible, por distanciarse de las exigencias sociales y el respeto a los derechos humanos”.
De acuerdo con el documento, los artículos que se derogan y los que se modifican “criminalizan la pobreza y la búsqueda de oportunidades; se basan en una política criminal contraria al derecho penal mínimo y a los principios básicos del derecho penal democrático y se suman a una pluralidad de sanciones previstas para las mismas conductas”.
La reforma que se votará hoy en el Senado fue aprobada en la Cámara de Diputados el 4 de septiembre del 2007, y en ella se resalta que al mantener como está en la actualidad dicha ley “el estatus migratorio legal de nuestro país sólo legitima y otorga elementos adicionales a los actores más conservadores en Estados Unidos para continuar con su campaña de odio contra nuestros connacionales y ayuda a los sectores más racistas del norte en su empeño por considerar a nuestros migrantes terroristas, contribuyendo a que las redes trasnacionales de tráfico de personas sigan disfrutando de un negocio ampliamente lucrativo, por lo que resulta necesaria la no criminalización y la despenalización de la migración y de los migrantes”.
Las comisiones revisoras afirman que criminalizar la migración indocumentada no sólo va en contra de los avances y convenios internacionales que en materia de defensa de los derechos humanos de los migrantes México “ha sido uno de los más entusiastas y comprometidos promotores y firmantes”, sino que además “contribuye a facilitar y detonar la extorsión, la amenaza y la arbitrariedad hacia los cientos de miles de centroamericanos que anualmente cruzan nuestro país con rumbo a la frontera norte”.
Recuerdan además que el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias recomendó a México “que oriente sus esfuerzos a la creación de una nueva ley de migración, que corresponda con la nueva realidad migratoria del país y se ajuste a lo dispuesto por la convención y otros instrumentos internacionales aplicables”.
Agrega: “esta ley deberá eliminar, inter alia (entre otras cosas), como delito penado con privación de la libertad la entrada irregular de una persona a su territorio”.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 28 de abril.
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