Entre ocho y diez jueces federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones serán designados en breve por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y entrarán en funciones a más tardar en diciembre próximo.
Trabajarán día y noche. Sus juzgados estarán instalados en el Distrito Federal. Tendrán vigilancia permanente. Además, aunque forman parte del Poder Judicial Federal (PJF), se les considerará órganos auxiliares de la autoridad ministerial, ya que únicamente resolverán las peticiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que tengan relación con investigaciones sobre delincuencia organizada.
Las solicitudes las podrá realizar el Ministerio Público Federal (MPF) las 24 horas del día, ya sea por escrito –como se hace actualmente– o mediante un novedoso método electrónico similar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que sirve a los abogados litigantes para consultar el desarrollo de sus juicios por Internet.
Reveló lo anterior a La Jornada el consejero de la Judicatura Federal Luis María Aguilar Morales, quien agregó que durante los próximos ocho años que fijó de plazo el Constituyente Permanente para desarrollar la reforma de justicia penal, el PJF planea invertir unos 20 mil millones de pesos en la creación de órganos jurisdiccionales especializados.
“No se trata de 20 mil millones extras, pues al menos 80 por ciento de esa inversión puede tomarse del mismo presupuesto asignado cada año al Poder Judicial”, puntualizó el magistrado.
Tan sólo para el ejercicio fiscal de 2008 el Congreso de la Unión asignó al PJF un presupuesto de 23 mil 800 millones de pesos. Según el consejero federal, la propuesta que están discutiendo en el pleno de la Judicatura va encaminada a que poco menos de 10 por ciento del presupuesto de cada año se invierta en la creación de órganos jurisdiccionales especiales.
Aguilar Morales agregó que ya se ordenó que algunos jueces de distrito en procesos penales federales empiecen a adoptar los procedimientos orales conforme la normatividad secundaria que está pendiente de ser legislada lo vaya obligando. “Hay que ir viendo que dentro de los circuitos de territorio nacional los jueces puedan irse especializando en los procesos orales”, refirió.
Otro factor positivo es que se quitará a los jueces una sobrecarga de asuntos que hoy no les permiten ser ágiles en la emisión de sus resoluciones. “Generalmente los jueces hasta ahora son mixtos: conocen amparos y procesos. El juez tiene que desdoblarse para que se le especialice en procesos o en amparo”, indicó.
Darán vigor a reforma judicial
Antes de que entrara en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal, la PGR tenía que solicitar cualquier medida cautelar de urgencia a los jueces en materia de procesos penales adscritos a cualquier entidad del país.
Como en esos juzgados se ventilan cotidianamente asuntos vinculados con procesos penales o con juicios de amparo, los jueces tenían que suspender su labor diaria para dedicarse todo un día a la resolución de medidas cautelares que por su naturaleza, relacionada con la investigación de un delito, deben resolverse con rapidez.
Entrevistado ayer en las instalaciones de la Judicatura, Aguilar Morales refirió que “serán entre ocho y diez jueces dedicados las 24 horas a arraigos, cateos e intervención de comunicaciones. Deberán estar siempre listos para poder resolver estas peticiones, que son de urgencia”.
Agregó que las solicitudes de medidas cautelares se harán de manera electrónica, lo que permitirá al Ministerio Público que pueda comunicarse directamente con los jueces. “Así habrá certidumbre para saber en qué momento exacto, con minutos y segundos, se pidió la medida cautelar, y como la petición la recibe directamente el juez accediendo al sistema con su clave, se evitarán filtraciones”, destacó.
Los jueces serán escogidos fundamentalmente del grupo de los que hoy ya están a cargo de algún órgano jurisdiccio- nal en el país, para aprovechar su experiencia en materia de medidas cautelares.
Trabajarán día y noche. Sus juzgados estarán instalados en el Distrito Federal. Tendrán vigilancia permanente. Además, aunque forman parte del Poder Judicial Federal (PJF), se les considerará órganos auxiliares de la autoridad ministerial, ya que únicamente resolverán las peticiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que tengan relación con investigaciones sobre delincuencia organizada.
Las solicitudes las podrá realizar el Ministerio Público Federal (MPF) las 24 horas del día, ya sea por escrito –como se hace actualmente– o mediante un novedoso método electrónico similar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que sirve a los abogados litigantes para consultar el desarrollo de sus juicios por Internet.
Reveló lo anterior a La Jornada el consejero de la Judicatura Federal Luis María Aguilar Morales, quien agregó que durante los próximos ocho años que fijó de plazo el Constituyente Permanente para desarrollar la reforma de justicia penal, el PJF planea invertir unos 20 mil millones de pesos en la creación de órganos jurisdiccionales especializados.
“No se trata de 20 mil millones extras, pues al menos 80 por ciento de esa inversión puede tomarse del mismo presupuesto asignado cada año al Poder Judicial”, puntualizó el magistrado.
Tan sólo para el ejercicio fiscal de 2008 el Congreso de la Unión asignó al PJF un presupuesto de 23 mil 800 millones de pesos. Según el consejero federal, la propuesta que están discutiendo en el pleno de la Judicatura va encaminada a que poco menos de 10 por ciento del presupuesto de cada año se invierta en la creación de órganos jurisdiccionales especiales.
Aguilar Morales agregó que ya se ordenó que algunos jueces de distrito en procesos penales federales empiecen a adoptar los procedimientos orales conforme la normatividad secundaria que está pendiente de ser legislada lo vaya obligando. “Hay que ir viendo que dentro de los circuitos de territorio nacional los jueces puedan irse especializando en los procesos orales”, refirió.
Otro factor positivo es que se quitará a los jueces una sobrecarga de asuntos que hoy no les permiten ser ágiles en la emisión de sus resoluciones. “Generalmente los jueces hasta ahora son mixtos: conocen amparos y procesos. El juez tiene que desdoblarse para que se le especialice en procesos o en amparo”, indicó.
Darán vigor a reforma judicial
Antes de que entrara en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal, la PGR tenía que solicitar cualquier medida cautelar de urgencia a los jueces en materia de procesos penales adscritos a cualquier entidad del país.
Como en esos juzgados se ventilan cotidianamente asuntos vinculados con procesos penales o con juicios de amparo, los jueces tenían que suspender su labor diaria para dedicarse todo un día a la resolución de medidas cautelares que por su naturaleza, relacionada con la investigación de un delito, deben resolverse con rapidez.
Entrevistado ayer en las instalaciones de la Judicatura, Aguilar Morales refirió que “serán entre ocho y diez jueces dedicados las 24 horas a arraigos, cateos e intervención de comunicaciones. Deberán estar siempre listos para poder resolver estas peticiones, que son de urgencia”.
Agregó que las solicitudes de medidas cautelares se harán de manera electrónica, lo que permitirá al Ministerio Público que pueda comunicarse directamente con los jueces. “Así habrá certidumbre para saber en qué momento exacto, con minutos y segundos, se pidió la medida cautelar, y como la petición la recibe directamente el juez accediendo al sistema con su clave, se evitarán filtraciones”, destacó.
Los jueces serán escogidos fundamentalmente del grupo de los que hoy ya están a cargo de algún órgano jurisdiccio- nal en el país, para aprovechar su experiencia en materia de medidas cautelares.
Alfredo Méndez, La Jornada, 1º de julio.
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