La posibilidad de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas, sin que se castigue penalmente a la mujer, continuará vigente en el Distrito Federal. Ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte se declararon ayer en favor de la norma. Con ello, la posibilidad de derogar las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa se desvanece.
A pesar de que aún falta que el ministro ponente Sergio Aguirre defienda por última vez su proyecto y se discuta el último, considerando que habla de la exacta aplicación de la ley, se podrá dar paso a la votación formal del asunto, pues en esta tercera sesión las posturas de los integrantes del Alto Tribunal se conocieron. Únicamente los ministros Mariano Azuela y Guillermo Ortiz apoyaron el proyecto de Aguirre Anguiano.
Demandan que el Estado cumpla
Los ministros José Ramón Cossío y Juan Silva Meza coincidieron en que ni en el texto jurídico, ni en los convenios internacionales figura el derecho a la vida desde la concepción. Incluso, Cossío dijo que la Constitución no obliga a establecer sanciones penales para el aborto. Silva Meza fue más allá y demandó que el Estado mexicano, que “no ha cumplido con su obligación de educar en materia sexual ni reproductiva y no se ha esforzado en garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos”, penalice la conducta.
Quien sorprendió fue Fernando Franco González, a quien se le ubica como gente cercana a Carlos Abascal, al pronunciarse en contra del proyecto. Dijo que las reformas se realizaron al valorar los derechos constitucionales que protegen la dignidad, la salud y la intimidad de la mujer. Por su parte, Sergio Valls determinó que no es labor de la Corte hacer un estudio de política criminal, ya que eso le compete exclusivamente al legislativo, “nosotros solamente debemos estudiar la constitucionalidad”.
Los argumentos más emocionales fueron de la ministra Olga Sánchez, quien, al hablar como madre, abuela y mujer, acusó que en México las mujeres fueran pobres, marginadas e ignorantes. Habló de la emoción que causa un embarazo, de los cambios en el cuerpo, del rechazo de una pareja, de los dolores del parto y del síndrome posparto, y aclaró: “Ustedes (los hombres) no tienen la más remota idea”. Margarita Luna fue más teórica. Decidió apartarse de todas las posturas y determinó que votaría en contra del proyecto por el simple hecho de que “la Constitución protege la vida en contra de actos de las autoridades, no contra actos de particulares, pues ellos no violan garantías individuales”.
La sesión continuará hoy para dar la votación final del asunto. Los votos alcanzados en este tema permiten crear jurisprudencia en temas como la libertad de la mujer para decidir en su cuerpo y que el derecho a la vida no es absoluto.
A pesar de que aún falta que el ministro ponente Sergio Aguirre defienda por última vez su proyecto y se discuta el último, considerando que habla de la exacta aplicación de la ley, se podrá dar paso a la votación formal del asunto, pues en esta tercera sesión las posturas de los integrantes del Alto Tribunal se conocieron. Únicamente los ministros Mariano Azuela y Guillermo Ortiz apoyaron el proyecto de Aguirre Anguiano.
Demandan que el Estado cumpla
Los ministros José Ramón Cossío y Juan Silva Meza coincidieron en que ni en el texto jurídico, ni en los convenios internacionales figura el derecho a la vida desde la concepción. Incluso, Cossío dijo que la Constitución no obliga a establecer sanciones penales para el aborto. Silva Meza fue más allá y demandó que el Estado mexicano, que “no ha cumplido con su obligación de educar en materia sexual ni reproductiva y no se ha esforzado en garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos”, penalice la conducta.
Quien sorprendió fue Fernando Franco González, a quien se le ubica como gente cercana a Carlos Abascal, al pronunciarse en contra del proyecto. Dijo que las reformas se realizaron al valorar los derechos constitucionales que protegen la dignidad, la salud y la intimidad de la mujer. Por su parte, Sergio Valls determinó que no es labor de la Corte hacer un estudio de política criminal, ya que eso le compete exclusivamente al legislativo, “nosotros solamente debemos estudiar la constitucionalidad”.
Los argumentos más emocionales fueron de la ministra Olga Sánchez, quien, al hablar como madre, abuela y mujer, acusó que en México las mujeres fueran pobres, marginadas e ignorantes. Habló de la emoción que causa un embarazo, de los cambios en el cuerpo, del rechazo de una pareja, de los dolores del parto y del síndrome posparto, y aclaró: “Ustedes (los hombres) no tienen la más remota idea”. Margarita Luna fue más teórica. Decidió apartarse de todas las posturas y determinó que votaría en contra del proyecto por el simple hecho de que “la Constitución protege la vida en contra de actos de las autoridades, no contra actos de particulares, pues ellos no violan garantías individuales”.
La sesión continuará hoy para dar la votación final del asunto. Los votos alcanzados en este tema permiten crear jurisprudencia en temas como la libertad de la mujer para decidir en su cuerpo y que el derecho a la vida no es absoluto.
Paloma Alcántara, El Economista, 28 de agosto.
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