En una decisión histórica e inesperada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por ocho votos contra tres la constitucionalidad de las reformas al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal que despenalizan el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, que obligan a las autoridades capitalinas a garantizar que la interrupción legal del embarazo se realice de forma gratuita y en condiciones médicas y sanitarias adecuadas.
Ayer, 10 ministros fijaron su postura con relación al proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de los cuales ocho (José Ramón Cossío, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls, Fernando Franco, Genaro Góngora Pimentel y Margarita Luna Ramos) señalaron –cada quien con sus matices– que no existe en la Constitución, ni en los tratados internacionales suscritos por México, el llamado “derecho a la vida desde el momento de la concepción”, como tampoco la obligación en la Carta Manga de sancionar penalmente el aborto. Además de que es atribución de los congresos locales despenalizar o no los tipos de delitos, como es el caso.
Sólo el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela hablaron a favor del proyecto, que proponía no sólo invalidar la reforma capitalina, sino también castigar con prisión de tres a seis meses a la mujer que aborte de manera voluntaria.
Sánchez Cordero cuestionó: ¿por qué penalizar? Y respondió: este es un problema que nos rebasa como sociedad. Una manera eficaz de ayudar a las mujeres es despenalizarlo, sacarlo de la clandestinidad para poder enfrentarlo y remediarlo, para evitar la muerte de mujeres que no abortan por maldad, ni por delincuencia, sino por necesidad.
Y subrayó: “la ley civil debe ser compatible con el Estado social, al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más alto tribunal del país, en una República representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa de un Estado laico, no tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos”.
Al término de la sesión vespertina, a la que asistieron representantes de diversas organizaciones sociales que apoyan o rechazan el aborto, Ortiz Mayagoitia sostuvo que la concepción protege al producto desde la concepción y que por encima de los derechos reproductivos, sexuales y de proyecto de vida de la mujer “está la protección a la vida y la salud del concebido”.
Tras rechazar que su argumento fuera “sexista”, dijo que la libertad sexual de la mujer radica en que puede tener relaciones voluntarias con quien desee, “en donde pueden resultar embarazadas”, y que no hay “imposición del embarazo (al criminalizar el aborto)”, porque “cuando tiene relaciones en el ejercicio de su sexualidad tiene que ser también responsable”.
Justificó que en la Escuela de Enfermería Militar se prohíba que las estudiantes se embaracen durante el curso, “¡eso es plan de vida!”, dijo, tras señalar que existen métodos anticonceptivos abundantes, publicitados, “ofrecidos gratuitamente” a la población abierta de mujeres. Abundó que la sanción de prisión prevista antes de la reforma penal era “leve” y debe prevalecer el derecho del concebido.
Cossío subrayó que el legislador cuenta con la potestad suficiente para despenalizar las conductas que han dejado de tener un reproche social. “Si esta es la elección que toma el legislador democrático, con qué herramientas constitucionales nosotros podemos impedir que el legislador despenalice las conductas que ha decidido despenalizar”.
Silva Meza aseveró que el Estado mexicano “ha sido incapaz de mitigar las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad , reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres”, y que tampoco ha cumplido con su obligación constitucional de educar en materia sexual y reproductiva, como lo marca el artículo cuarto constitucional, además de que no ha garantizado el acceso pleno a los métodos anticonceptivos.
“No puede reprocharse a la sociedad un ejercicio irresponsable de la libertad reproductiva, mediante la penalización absoluta” de la interrupción del embarazo, indicó.
Fernando Franco destacó que las instituciones de salud capitalinas tengan por ley la obligación de proporcionar información oportuna y veraz de las opciones que tiene la mujer y las consecuencias para su salud en caso de que decidan abortar.
Luna Ramos se limitó a explicar que para ella no se trata de un tema de constitucionalidad.
En apoyo del proyecto, Azuela indicó que sólo se afectaban “ligeramente” los derechos de las mujeres. Y para evitar conflictos entre la madre y el producto, que los gobiernos y los particulares “encuentren fórmulas idóneas”, como la adopción o dar apoyos económicos pertinentes “con relación a esas molestias que tendría que soportar” la mujer durante la gestación.
Una vez que los ministros fijaron su postura, en la sesión de este jueves, Aguirre Anguiano tendrá la palabra para responder a los que no comparten su proyecto y, acto seguido, se pasará a la votación definitiva del asunto.
Ayer, 10 ministros fijaron su postura con relación al proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de los cuales ocho (José Ramón Cossío, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls, Fernando Franco, Genaro Góngora Pimentel y Margarita Luna Ramos) señalaron –cada quien con sus matices– que no existe en la Constitución, ni en los tratados internacionales suscritos por México, el llamado “derecho a la vida desde el momento de la concepción”, como tampoco la obligación en la Carta Manga de sancionar penalmente el aborto. Además de que es atribución de los congresos locales despenalizar o no los tipos de delitos, como es el caso.
Sólo el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela hablaron a favor del proyecto, que proponía no sólo invalidar la reforma capitalina, sino también castigar con prisión de tres a seis meses a la mujer que aborte de manera voluntaria.
Sánchez Cordero cuestionó: ¿por qué penalizar? Y respondió: este es un problema que nos rebasa como sociedad. Una manera eficaz de ayudar a las mujeres es despenalizarlo, sacarlo de la clandestinidad para poder enfrentarlo y remediarlo, para evitar la muerte de mujeres que no abortan por maldad, ni por delincuencia, sino por necesidad.
Y subrayó: “la ley civil debe ser compatible con el Estado social, al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más alto tribunal del país, en una República representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa de un Estado laico, no tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos”.
Al término de la sesión vespertina, a la que asistieron representantes de diversas organizaciones sociales que apoyan o rechazan el aborto, Ortiz Mayagoitia sostuvo que la concepción protege al producto desde la concepción y que por encima de los derechos reproductivos, sexuales y de proyecto de vida de la mujer “está la protección a la vida y la salud del concebido”.
Tras rechazar que su argumento fuera “sexista”, dijo que la libertad sexual de la mujer radica en que puede tener relaciones voluntarias con quien desee, “en donde pueden resultar embarazadas”, y que no hay “imposición del embarazo (al criminalizar el aborto)”, porque “cuando tiene relaciones en el ejercicio de su sexualidad tiene que ser también responsable”.
Justificó que en la Escuela de Enfermería Militar se prohíba que las estudiantes se embaracen durante el curso, “¡eso es plan de vida!”, dijo, tras señalar que existen métodos anticonceptivos abundantes, publicitados, “ofrecidos gratuitamente” a la población abierta de mujeres. Abundó que la sanción de prisión prevista antes de la reforma penal era “leve” y debe prevalecer el derecho del concebido.
Cossío subrayó que el legislador cuenta con la potestad suficiente para despenalizar las conductas que han dejado de tener un reproche social. “Si esta es la elección que toma el legislador democrático, con qué herramientas constitucionales nosotros podemos impedir que el legislador despenalice las conductas que ha decidido despenalizar”.
Silva Meza aseveró que el Estado mexicano “ha sido incapaz de mitigar las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad , reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres”, y que tampoco ha cumplido con su obligación constitucional de educar en materia sexual y reproductiva, como lo marca el artículo cuarto constitucional, además de que no ha garantizado el acceso pleno a los métodos anticonceptivos.
“No puede reprocharse a la sociedad un ejercicio irresponsable de la libertad reproductiva, mediante la penalización absoluta” de la interrupción del embarazo, indicó.
Fernando Franco destacó que las instituciones de salud capitalinas tengan por ley la obligación de proporcionar información oportuna y veraz de las opciones que tiene la mujer y las consecuencias para su salud en caso de que decidan abortar.
Luna Ramos se limitó a explicar que para ella no se trata de un tema de constitucionalidad.
En apoyo del proyecto, Azuela indicó que sólo se afectaban “ligeramente” los derechos de las mujeres. Y para evitar conflictos entre la madre y el producto, que los gobiernos y los particulares “encuentren fórmulas idóneas”, como la adopción o dar apoyos económicos pertinentes “con relación a esas molestias que tendría que soportar” la mujer durante la gestación.
Una vez que los ministros fijaron su postura, en la sesión de este jueves, Aguirre Anguiano tendrá la palabra para responder a los que no comparten su proyecto y, acto seguido, se pasará a la votación definitiva del asunto.
Jesús Aranda, La Jornada, 28 de agosto.
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