La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación es de trascendencia nacional y significa “un antes y un después”, en razón de sus efectos jurídicos y sociales, que son innegables.
Lo anterior señaló el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia al término de la sesión de ayer en la que ocho de los 11 integrantes del pleno avalaron la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, quien agregó: “hoy culmina un intenso y profundo proceso de deliberación nacional”, a partir de ahora “comienza el después en el caso mexicano”.
Y es que con este fallo, se abre la posibilidad de que en otras entidades del país se siga el ejemplo trazado por el Distrito Federal para no penalizar el aborto, pero además, se estableció el marco jurídico para frenar cualquier intento de aprobar leyes “antiaborto” o que se aprueben reformas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, comentaron ministros consultados.
Con el fallo de ayer, el máximo tribunal validó la normatividad que obliga al Gobierno del Distrito Federal a establecer políticas de prevención y educación sexual, así como garantizar condiciones de gratuidad y sanidad necesarias para cumplir la mujer que opte de manera voluntaria abortar. También quedó firme el criterio de que ni la Constitución ni los tratados internacionales hacen referencia al derecho a la vida, como tampoco a los del concebido y por tanto, las legislaturas locales están en su derecho de penalizar o no el aborto.
En su discurso, Ortiz Mayagoitia aprovechó también para destacar “la madurez cívica de la sociedad mexicana” que encauzó sus opiniones “en forma ordenada, respetuosa y seria” sin manifestaciones “ni demostraciones violentas y ruidosas”.
Por cierto, al término de la sesión, un grupo de mujeres que forman parte de organizaciones a favor del aborto salió al área de murales de la Corte para aplaudir por más de un minuto la decisión, otras se abrazaban y lloraban de felicidad; la otra cara de la moneda era la de quienes pretendían que los ministros invalidaran la reforma capitalina.
La sesión comenzó con la participación de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien respondió a los señalamientos de los ocho ministros que votaron en contra de su proyecto (José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Genaro Góngora Pimentel, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls). Insistió en que mantenía sus convicciones respecto a que la constitución prevé el derecho a la vida y que ésta se genera desde la concepción, así como el que los derechos del concebido están por encima de la madre.
Aunque más tranquilo que en las sesiones anteriores, en las que sólo Mariano Azuela y Ortiz Mayagoitia respaldaron su proyecto, Aguirre no dejó pasar la oportunidad para cuestionar la decisión mayoritaria al señalar que su dictamen quedará como voto particular en el engrose final de la sentencia, porque será testimonio para “mutatis mutandis (cambiando lo que se deba de cambiar)”, cambios de opinión, o en su momento, para cuando otras generaciones de ministros vengan, puedan tener en cuenta y, actuando según su parecer, lo hagan mejor de lo que lo hicimos nosotros”.
Al respecto, ministros comentaron que si bien, era previsible desde la semana pasada que había seis votos a favor de la reforma capitalina, Aguirre nunca esperó que perdiera de una forma tan contundente.
Una vez que se oficializó el voto de los ministros, Mayagoitia leyó los resolutivos finales de la sentencia: La acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas al Código Penal y Ley de Salud es infundada y se reconoce la validez de la norma impugnada. Además, designó a José Ramón Cossío para que se haga cargo del engrose, es decir, que elabore un nuevo proyecto de acuerdo con la decisión de la mayoría.
Lo anterior señaló el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia al término de la sesión de ayer en la que ocho de los 11 integrantes del pleno avalaron la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, quien agregó: “hoy culmina un intenso y profundo proceso de deliberación nacional”, a partir de ahora “comienza el después en el caso mexicano”.
Y es que con este fallo, se abre la posibilidad de que en otras entidades del país se siga el ejemplo trazado por el Distrito Federal para no penalizar el aborto, pero además, se estableció el marco jurídico para frenar cualquier intento de aprobar leyes “antiaborto” o que se aprueben reformas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, comentaron ministros consultados.
Con el fallo de ayer, el máximo tribunal validó la normatividad que obliga al Gobierno del Distrito Federal a establecer políticas de prevención y educación sexual, así como garantizar condiciones de gratuidad y sanidad necesarias para cumplir la mujer que opte de manera voluntaria abortar. También quedó firme el criterio de que ni la Constitución ni los tratados internacionales hacen referencia al derecho a la vida, como tampoco a los del concebido y por tanto, las legislaturas locales están en su derecho de penalizar o no el aborto.
En su discurso, Ortiz Mayagoitia aprovechó también para destacar “la madurez cívica de la sociedad mexicana” que encauzó sus opiniones “en forma ordenada, respetuosa y seria” sin manifestaciones “ni demostraciones violentas y ruidosas”.
Por cierto, al término de la sesión, un grupo de mujeres que forman parte de organizaciones a favor del aborto salió al área de murales de la Corte para aplaudir por más de un minuto la decisión, otras se abrazaban y lloraban de felicidad; la otra cara de la moneda era la de quienes pretendían que los ministros invalidaran la reforma capitalina.
La sesión comenzó con la participación de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien respondió a los señalamientos de los ocho ministros que votaron en contra de su proyecto (José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Genaro Góngora Pimentel, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls). Insistió en que mantenía sus convicciones respecto a que la constitución prevé el derecho a la vida y que ésta se genera desde la concepción, así como el que los derechos del concebido están por encima de la madre.
Aunque más tranquilo que en las sesiones anteriores, en las que sólo Mariano Azuela y Ortiz Mayagoitia respaldaron su proyecto, Aguirre no dejó pasar la oportunidad para cuestionar la decisión mayoritaria al señalar que su dictamen quedará como voto particular en el engrose final de la sentencia, porque será testimonio para “mutatis mutandis (cambiando lo que se deba de cambiar)”, cambios de opinión, o en su momento, para cuando otras generaciones de ministros vengan, puedan tener en cuenta y, actuando según su parecer, lo hagan mejor de lo que lo hicimos nosotros”.
Al respecto, ministros comentaron que si bien, era previsible desde la semana pasada que había seis votos a favor de la reforma capitalina, Aguirre nunca esperó que perdiera de una forma tan contundente.
Una vez que se oficializó el voto de los ministros, Mayagoitia leyó los resolutivos finales de la sentencia: La acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas al Código Penal y Ley de Salud es infundada y se reconoce la validez de la norma impugnada. Además, designó a José Ramón Cossío para que se haga cargo del engrose, es decir, que elabore un nuevo proyecto de acuerdo con la decisión de la mayoría.
Jesús Aranda, La Jornada, 29 de agosto.
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