La Corte dejó todo listo para establecer este jueves, de manera oficial, un criterio mayoritario en el sentido de que los derechos de la mujer deben privilegiarse por encima de los derechos que tiene “el concebido no nacido”, y que, por lo mismo, los legisladores están en lo correcto al no sancionar y al apoyar con atención médica y sicológica a las mujeres que decidan abortar voluntariamente.
Este criterio abrirá la puerta para que la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas del embarazo pueda ser aprobada y replicada en cualquier entidad, no sólo en el Distrito Federal, con la garantía de que la Corte no anulará disposiciones en este sentido.
Al concluir el tercer día de discusiones en torno a este caso, y una vez que todos los ministros fijaron sus posiciones en torno al tema, de los 11 ministros de la Corte, ocho se pronunciaron por avalar la reforma que aprobó la Asamblea Legislativa del DF, desde abril de 2007, para despenalizar el aborto. Pero la votación oficial se dejó para este jueves.
La mayoría de ministros se pronunció por declarar infundados los juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron PGR y CNDH para anular la eliminación del castigo a mujeres que aborten.
Los ministros que se pronunciaron a favor de mantener la reforma fueron: Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza, Fernando Franco González Salas, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos.
De ellos, los primeros seis llegaron a la conclusión de que al ponderar y enfrentar los derechos de la mujer y la protección del producto de la concepción, deben privilegiarse los derechos de la mujer a decidir si aborta o no, porque no se le puede imponer una maternidad contra su voluntad ni atentar contra sus derechos a la no discriminación, a la igualdad y a la salud, entre otros.
En esencia la mayoría de ministros llegó a la conclusión de que la penalización del aborto es una medida ineficaz.
Y, por lo mismo, determinaron que los legisladores pueden eliminar el castigo para las mujeres que incurren en este tipo de conductas, a la par que deben establecer medidas que garanticen brindarles apoyo médico y políticas públicas para evitar embarazos no deseados.
Los únicos ministros a favor de anular la reforma, y que consideraron que la vida está protegida por la Constitución desde el momento de la concepción, es decir desde que se une un esperma con un óvulo, fueron Sergio Aguirre, Mariano Azuela y Guillermo Ortiz.
Azuela fue el único que introdujo a la discusión cuestiones médicas y científicas dirigidas a definir en qué momento inicia la vida.
El tema fue evadido por los 10 ministros restantes que concluyeron que la Corte no tenía por qué determinar cuándo inicia la vida, pues es un rubro en el que nadie en el mundo se ha puesto de acuerdo, y que es ajeno a cuestión jurídica.
Este criterio abrirá la puerta para que la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas del embarazo pueda ser aprobada y replicada en cualquier entidad, no sólo en el Distrito Federal, con la garantía de que la Corte no anulará disposiciones en este sentido.
Al concluir el tercer día de discusiones en torno a este caso, y una vez que todos los ministros fijaron sus posiciones en torno al tema, de los 11 ministros de la Corte, ocho se pronunciaron por avalar la reforma que aprobó la Asamblea Legislativa del DF, desde abril de 2007, para despenalizar el aborto. Pero la votación oficial se dejó para este jueves.
La mayoría de ministros se pronunció por declarar infundados los juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron PGR y CNDH para anular la eliminación del castigo a mujeres que aborten.
Los ministros que se pronunciaron a favor de mantener la reforma fueron: Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza, Fernando Franco González Salas, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos.
De ellos, los primeros seis llegaron a la conclusión de que al ponderar y enfrentar los derechos de la mujer y la protección del producto de la concepción, deben privilegiarse los derechos de la mujer a decidir si aborta o no, porque no se le puede imponer una maternidad contra su voluntad ni atentar contra sus derechos a la no discriminación, a la igualdad y a la salud, entre otros.
En esencia la mayoría de ministros llegó a la conclusión de que la penalización del aborto es una medida ineficaz.
Y, por lo mismo, determinaron que los legisladores pueden eliminar el castigo para las mujeres que incurren en este tipo de conductas, a la par que deben establecer medidas que garanticen brindarles apoyo médico y políticas públicas para evitar embarazos no deseados.
Los únicos ministros a favor de anular la reforma, y que consideraron que la vida está protegida por la Constitución desde el momento de la concepción, es decir desde que se une un esperma con un óvulo, fueron Sergio Aguirre, Mariano Azuela y Guillermo Ortiz.
Azuela fue el único que introdujo a la discusión cuestiones médicas y científicas dirigidas a definir en qué momento inicia la vida.
El tema fue evadido por los 10 ministros restantes que concluyeron que la Corte no tenía por qué determinar cuándo inicia la vida, pues es un rubro en el que nadie en el mundo se ha puesto de acuerdo, y que es ajeno a cuestión jurídica.
Carlos Avilés, El Universal, 28 de agosto.
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