En el combate contra la delincuencia organizada las fuerzas armadas no pueden ser “bomberos de las ineficiencias de la clase política” ni asumir tareas de seguridad pública, responsabilidad para la cual no están capacitadas, porque su presencia debe ser una medida de excepción y no la regla, advirtió Luis Astorga, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Especialista en el análisis socio-histórico del tráfico de drogas en México, afirmó que ante el creciente debilitamiento de las instituciones públicas y la falta de acuerdos políticos, la delincuencia organizada aprovechará cualquier resquicio que debilite al Estado para fortalecer su posición y disputar el monopolio de la violencia en el país.
Al participar en el ciclo de conferencias Narcotráfico, secuestro y economía sumergida, convocado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, señaló que la participación de elementos del Ejército en el combate al tráfico de drogas se remonta a varias décadas del siglo pasado, cuando intervinieron en tareas de “erradicación de cultivos, pero no en responsabilidades de persecución y captura de presuntos responsables”.
Destacó que desde la administración del ex presidente Ernesto Zedillo se colocaron las bases del actual programa de combate al narcotráfico en un contexto “nacional e internacional en el cual la capacidad de democracias frágiles, como la mexicana, de asumir sus propias decisiones tomando como base los intereses y objetivos nacionales son pocas, pues existe una enorme presión de la comunidad internacional para aplicar ciertas medidas no sólo en un país, sino en una región”.
El gobierno calderonista, enfatizó, “sólo sigue un camino que ya fue trazado, en el que la presencia militar no es una novedad, pero sí el que se le dé mayor peso en el combate, un incremento de su presupuesto y poder real, pero sin ningún contrapeso, pues –sin duda– una de las instituciones públicas más opacas en México es el Ejército”.
Mientras el esquema de combate al comercio ilícito de drogas no se modifique en el marco internacional, afirmó, “difícilmente cambiará el modelo aplicado en México con acciones como el Plan Mérida, que tiene sus antecedentes en la Operación Cóndor de los años setenta del siglo pasado, que estaba enfocada principalmente al comercio ilícito de drogas” en Sinaloa.
Agregó que actualmente se vive un proceso de “escisión de las grandes coaliciones de la delincuencia organizada, pero no de fragmentación, pues es evidente que sigue una disputa encarnizada por la hegemonía de algún grupo delictivo”.
Especialista en el análisis socio-histórico del tráfico de drogas en México, afirmó que ante el creciente debilitamiento de las instituciones públicas y la falta de acuerdos políticos, la delincuencia organizada aprovechará cualquier resquicio que debilite al Estado para fortalecer su posición y disputar el monopolio de la violencia en el país.
Al participar en el ciclo de conferencias Narcotráfico, secuestro y economía sumergida, convocado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, señaló que la participación de elementos del Ejército en el combate al tráfico de drogas se remonta a varias décadas del siglo pasado, cuando intervinieron en tareas de “erradicación de cultivos, pero no en responsabilidades de persecución y captura de presuntos responsables”.
Destacó que desde la administración del ex presidente Ernesto Zedillo se colocaron las bases del actual programa de combate al narcotráfico en un contexto “nacional e internacional en el cual la capacidad de democracias frágiles, como la mexicana, de asumir sus propias decisiones tomando como base los intereses y objetivos nacionales son pocas, pues existe una enorme presión de la comunidad internacional para aplicar ciertas medidas no sólo en un país, sino en una región”.
El gobierno calderonista, enfatizó, “sólo sigue un camino que ya fue trazado, en el que la presencia militar no es una novedad, pero sí el que se le dé mayor peso en el combate, un incremento de su presupuesto y poder real, pero sin ningún contrapeso, pues –sin duda– una de las instituciones públicas más opacas en México es el Ejército”.
Mientras el esquema de combate al comercio ilícito de drogas no se modifique en el marco internacional, afirmó, “difícilmente cambiará el modelo aplicado en México con acciones como el Plan Mérida, que tiene sus antecedentes en la Operación Cóndor de los años setenta del siglo pasado, que estaba enfocada principalmente al comercio ilícito de drogas” en Sinaloa.
Agregó que actualmente se vive un proceso de “escisión de las grandes coaliciones de la delincuencia organizada, pero no de fragmentación, pues es evidente que sigue una disputa encarnizada por la hegemonía de algún grupo delictivo”.
Laura Poy Solano, La Jornada, 28 de agosto.
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