Caracas, 27 de agosto. El gobierno del presidente Hugo Chávez incluyó en un proyecto de ley sobre telecomunicaciones establecer un punto único de interconexión a Internet, lo que le permitiría tener control de acceso a la red, reveló hoy el diario caraqueño El Universal, medida que será sometida a votación en la Asamblea Nacional, donde el gobierno tiene mayoría.
Al rechazar las críticas que la iniciativa ha generado en algunos sectores de la sociedad venezolana, Chávez negó que sea un dictador y sostuvo que su gobierno se apoya en la Constitución y las leyes. “¿Qué yo necesito una ley para limitar la libertad de expresión? Para nada. Ya tenemos una Constitución y unas leyes”, dijo.
No descartó realizar una cadena de radio y televisión de 24 horas para “pulverizar” lo que caracterizó como mentiras que publica la prensa sobre su gestión. “Enemigos de esta patria, pitiyanquis arrastrados, sigan ustedes con sus televisoras, sus periódicos, nosotros seguiremos derrotándolos”.
El Universal afirmó que el proyecto de Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales establece que en el país se creará una sola interconexión a Internet.
La iniciativa debía ser promulgada por Chávez durante la vigencia de la Ley Habilitante, cuyo periodo de 18 meses concedido por el Congreso, y que le otorgó poderes especiales al mandatario, finalizó a finales de julio pasado.
El diario apuntó que “finalmente será la Asamblea Nacional la que se encargará de la aprobación” de la legislación vinculada con las telecomunicaciones.
El director de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos Correa, declaró al diario que el fallido decreto presidencial le habría permitido al Estado intervenir en el acceso a los contenidos en la red.
Detalló que el texto legal establecía que “el Ejecutivo creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de proveedores de servicios de Internet con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico” venezolano.
Correa explicó que los proveedores de servicio de Internet no tienen que interconectarse en la actualidad con la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela para brindar acceso a la red, ya que pueden hacerlo directamente.
El director de Espacio Público acotó que “la preocupación es sobre los mecanismos de control de contenidos que pueda aplicar (el Ejecutivo) si sólo se tiene un punto de interconexión”.
“¿Qué garantía hay de que no exista un control de la sociedad y que este punto de acceso a la red no va a afectar el acceso a determinado tipo de informaciones?”, cuestionó Correa.
El proyecto de ley declara “reservados al Estado” los servicios o actividades de telecomunicaciones, informática y servicios postales “para la seguridad y defensa nacional”, indicó el periódico.
Correa recordó que las restricciones a la libertad de expresión están permitidas por razones de seguridad y defensa, pero para ello el Estado “tiene que demostrar la necesidad de hacer esa reserva (sobre los medios)”.
En otro tema, Chávez se reunió con el ex alcalde de Londres, Ken Livinsgtone, Ken el Rojo, quien evaluó el desarrollo de Caracas y aceptó asesorar a los candidatos oficiales para las alcaldías en los comicios de noviembre.
Al rechazar las críticas que la iniciativa ha generado en algunos sectores de la sociedad venezolana, Chávez negó que sea un dictador y sostuvo que su gobierno se apoya en la Constitución y las leyes. “¿Qué yo necesito una ley para limitar la libertad de expresión? Para nada. Ya tenemos una Constitución y unas leyes”, dijo.
No descartó realizar una cadena de radio y televisión de 24 horas para “pulverizar” lo que caracterizó como mentiras que publica la prensa sobre su gestión. “Enemigos de esta patria, pitiyanquis arrastrados, sigan ustedes con sus televisoras, sus periódicos, nosotros seguiremos derrotándolos”.
El Universal afirmó que el proyecto de Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales establece que en el país se creará una sola interconexión a Internet.
La iniciativa debía ser promulgada por Chávez durante la vigencia de la Ley Habilitante, cuyo periodo de 18 meses concedido por el Congreso, y que le otorgó poderes especiales al mandatario, finalizó a finales de julio pasado.
El diario apuntó que “finalmente será la Asamblea Nacional la que se encargará de la aprobación” de la legislación vinculada con las telecomunicaciones.
El director de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos Correa, declaró al diario que el fallido decreto presidencial le habría permitido al Estado intervenir en el acceso a los contenidos en la red.
Detalló que el texto legal establecía que “el Ejecutivo creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de proveedores de servicios de Internet con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico” venezolano.
Correa explicó que los proveedores de servicio de Internet no tienen que interconectarse en la actualidad con la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela para brindar acceso a la red, ya que pueden hacerlo directamente.
El director de Espacio Público acotó que “la preocupación es sobre los mecanismos de control de contenidos que pueda aplicar (el Ejecutivo) si sólo se tiene un punto de interconexión”.
“¿Qué garantía hay de que no exista un control de la sociedad y que este punto de acceso a la red no va a afectar el acceso a determinado tipo de informaciones?”, cuestionó Correa.
El proyecto de ley declara “reservados al Estado” los servicios o actividades de telecomunicaciones, informática y servicios postales “para la seguridad y defensa nacional”, indicó el periódico.
Correa recordó que las restricciones a la libertad de expresión están permitidas por razones de seguridad y defensa, pero para ello el Estado “tiene que demostrar la necesidad de hacer esa reserva (sobre los medios)”.
En otro tema, Chávez se reunió con el ex alcalde de Londres, Ken Livinsgtone, Ken el Rojo, quien evaluó el desarrollo de Caracas y aceptó asesorar a los candidatos oficiales para las alcaldías en los comicios de noviembre.
Notimex, AFP y DPA, La Jornada, 28 de agosto.
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