Ninguna reforma energética busca incrementar en el corto plazo las finanzas públicas, debido a la inminente tendencia a la baja en la producción y exportaciones de petróleo, coinciden los proyectos para la Ley de Derechos sobre Hidrocarburos propuestos por el Ejecutivo y el Frente Amplio Progresista (FAP).
La iniciativa del FAP plantea que de aprobarse la reforma se reduciría de 40 a 36% los ingresos del gobierno, en tanto no se mantenga los niveles de producción del hidrocarburo.
En el artículo 254 de la ley iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos establece: “Pemex estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 65% a la diferencia que resulte entre el valor anual del gas natural extraído en el año.
Contrario a ello, la iniciativa del Ejecutivo propone que el derecho sobre hidrocarburos sea 60 y 71.5% para nuevos campos en el mar.
Pese a que hay una afectación a los ingresos de las finanzas públicas se daría una mayor inversión en el sector petrolero y provocaría un crecimiento en la economía nacional, plantean las dos iniciativas.
El Ejecutivo propone un incremento del PIB de 1% anual y el FAP de alrededor de 12% del PIB.
Al respecto, el senador Rubén Camarillo, integrante de la Comisión de Energía del Senado dijo a El Economista que la idea de la reforma que se dictamine debe tener el menor impacto posible en las finanzas.
Detalló que la iniciativa para modificar la Ley Federal de Derechos sobre Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo tiene como objetivo darle mayores recursos a Pemex para inversión.
En los próximos años, Pemex va a requerir más de 200,000 millones de pesos anuales tan sólo en inversiones para poder sostener el pago de mantenimiento tanto en las reservas de hidrocarburos como en proyectos de refinación, almacenamiento, distribución y ductos.
La iniciativa del FAP plantea que de aprobarse la reforma se reduciría de 40 a 36% los ingresos del gobierno, en tanto no se mantenga los niveles de producción del hidrocarburo.
En el artículo 254 de la ley iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos establece: “Pemex estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 65% a la diferencia que resulte entre el valor anual del gas natural extraído en el año.
Contrario a ello, la iniciativa del Ejecutivo propone que el derecho sobre hidrocarburos sea 60 y 71.5% para nuevos campos en el mar.
Pese a que hay una afectación a los ingresos de las finanzas públicas se daría una mayor inversión en el sector petrolero y provocaría un crecimiento en la economía nacional, plantean las dos iniciativas.
El Ejecutivo propone un incremento del PIB de 1% anual y el FAP de alrededor de 12% del PIB.
Al respecto, el senador Rubén Camarillo, integrante de la Comisión de Energía del Senado dijo a El Economista que la idea de la reforma que se dictamine debe tener el menor impacto posible en las finanzas.
Detalló que la iniciativa para modificar la Ley Federal de Derechos sobre Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo tiene como objetivo darle mayores recursos a Pemex para inversión.
En los próximos años, Pemex va a requerir más de 200,000 millones de pesos anuales tan sólo en inversiones para poder sostener el pago de mantenimiento tanto en las reservas de hidrocarburos como en proyectos de refinación, almacenamiento, distribución y ductos.
Mragarita Palma Gutiérrez, El Economista, 29 de agosto.
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