El gobierno de Felipe Calderón planteó la sustitución “progresiva y verificable” de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, en particular las referentes a la actuación policial, de acuerdo con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, elaborado por la Secretaría de Gobernación.
Para ello, plantea consolidar la coordinación de instituciones policiales y ministeriales de los tres órdenes de gobierno y así cumplir metas de seguridad con sustento en la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a derechos humanos.
En la actualidad, el Ejército encabeza la lucha contra organizaciones del narcotráfico y tiene al menos cinco operativos: Michoacán, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Culiacán-Navolato y Sonora.
El documento, que será presentado en breve e involucra a dependencias federales responsables de la seguridad nacional, señala que Gobernación y las secretarías de la Defensa y Marina tienen como línea de acción garantizar el respeto a los derechos humanos, en el contexto de la participación de la milicia en la lucha contra el crimen organizado.
Con base en esto, se impulsa “la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial”, destaca el documento.
Como parte de la estrategia, Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública federal definirán el esquema para consolidar el Servicio Profesional de Carrera de las corporaciones policiales a través del Programa de Desarrollo Policial y de sus esquemas de profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
El documento hace referencia al diseño de las directrices en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza con pleno respeto a los derechos humanos bajo los principios básicos para el uso de las fuerzas y armas de fuego.
Según informes de la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH), del 1 de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008 recibió 634 quejas contra efectivos militares.
La CNDH ha documentado, en ese lapso, 250 hechos de ejercicio indebido de la función pública; 221 cateos y visitas domiciliarias ilegales; 182 de trato cruel o degradante, y 147 detenciones arbitrarias.
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que está en manos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para su revisión y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que el gobierno quiere aumentar de 67% a 70% la cifra de recomendaciones “atendidas eficazmente”, emitidas por la CNDH.
El esquema de Gobernación planea además una serie de ajustes en el ámbito de las Fuerzas Armadas para ponerlas a tono con estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
De acuerdo con el Programa, el gobierno federal aspira que entre 2008 y 2012 mejore su imagen en los indicadores internacionales que miden los derechos humanos y el nivel de las libertades políticas y civiles.
Gobernación, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República serán las dependencias que impulsen mecanismos que funjan como medio de control ciudadano respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad, acorde con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Gobernación verificará, dice el texto, de manera periódica avance y resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
Para ello, plantea consolidar la coordinación de instituciones policiales y ministeriales de los tres órdenes de gobierno y así cumplir metas de seguridad con sustento en la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a derechos humanos.
En la actualidad, el Ejército encabeza la lucha contra organizaciones del narcotráfico y tiene al menos cinco operativos: Michoacán, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Culiacán-Navolato y Sonora.
El documento, que será presentado en breve e involucra a dependencias federales responsables de la seguridad nacional, señala que Gobernación y las secretarías de la Defensa y Marina tienen como línea de acción garantizar el respeto a los derechos humanos, en el contexto de la participación de la milicia en la lucha contra el crimen organizado.
Con base en esto, se impulsa “la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial”, destaca el documento.
Como parte de la estrategia, Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública federal definirán el esquema para consolidar el Servicio Profesional de Carrera de las corporaciones policiales a través del Programa de Desarrollo Policial y de sus esquemas de profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
El documento hace referencia al diseño de las directrices en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza con pleno respeto a los derechos humanos bajo los principios básicos para el uso de las fuerzas y armas de fuego.
Según informes de la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH), del 1 de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008 recibió 634 quejas contra efectivos militares.
La CNDH ha documentado, en ese lapso, 250 hechos de ejercicio indebido de la función pública; 221 cateos y visitas domiciliarias ilegales; 182 de trato cruel o degradante, y 147 detenciones arbitrarias.
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que está en manos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para su revisión y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que el gobierno quiere aumentar de 67% a 70% la cifra de recomendaciones “atendidas eficazmente”, emitidas por la CNDH.
El esquema de Gobernación planea además una serie de ajustes en el ámbito de las Fuerzas Armadas para ponerlas a tono con estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
De acuerdo con el Programa, el gobierno federal aspira que entre 2008 y 2012 mejore su imagen en los indicadores internacionales que miden los derechos humanos y el nivel de las libertades políticas y civiles.
Gobernación, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República serán las dependencias que impulsen mecanismos que funjan como medio de control ciudadano respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad, acorde con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Gobernación verificará, dice el texto, de manera periódica avance y resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
Jorge Ramos, El Universal, 29 de agosto.
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