Samaniego, Col., 14 de febrero. Cientos de campesinos awá continúan llegando a tres poblados del sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, tras dos matanzas de 27 aborígenes atribuidas a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras militares apoyados por helicópteros rastrean la zona buscando los cadáveres.
“Nos vinimos sólo con lo que podíamos cargar, para salvarnos. Allá se quedaron todas nuestras cosas”, dice Pablo Ika, indígena de 40 años que llegó junto con su familia a Samaniego, el poblado más cercano al resguardo de los indígenas awá donde se denunciaron las masacres.
Según un estimado de la gobernación del departamento de Nariño, donde vive la mayoría de los awá, en total unos 400 indígenas han emprendido el éxodo tras las dos matanzas. De ellos unos 125 ya están en Samaniego y otro tanto en Buenavista, otro caserío en las inmediaciones del resguardo.
Las autoridades indígenas aseguran que guerrilleros de las FARC mataron el 4 de febrero a 17 miembros de la etnia awá, en represalia por su supuesta colaboración con el ejército. Otros 10, que huían tras la primera matanza, fueron reportados muertos esta semana.
En el territorio de los awá, unos 3 mil militares apoyados por helicópteros realizan tareas de patrullaje y búsqueda de los cadáveres de los indígenas. Las difíciles condiciones climáticas y lo agreste de la región, compuesta por montañas cubiertas de una espesa vegetación selvática, dificultan la tarea.
En la zona además abundan las minas antipersonas, colocadas por rebeldes y narcotraficantes, que utilizan la región como corredor para transportar cocaína hacia las costas del Pacífico.
Los helicópteros militares improvisaron una pista de aterrizaje en el paraje de El Sande, cerca de donde se supone ocurrió la segunda masacre.
Pero la tarea del ejército se ha topado con el mutismo de los indígenas, que temen entregar información para evitar nuevas represalias de la guerrilla.
“Nosotros, los awá, siempre hemos sido recelosos de todos los actores armados que entran en nuestros territorios, porque no queremos su guerra, pues no es nuestra”, explicó Elder Abuí.
El director regional de la fiscalía, Álvaro Lara, ofreció a los indígenas protección para que entreguen la información sobre los sitios donde están los cadáveres.
“Si no confían en el ejército o la policía, porque son estamentos armados, los funcionarios de la fiscalía estamos dispuestos a recibir sus testimonios”, expresó.
Una comisión civil que debe recibir informes de los indígenas awá que han llegado a Samaniego y Buenavista partió en la madrugada de este sábado desde la capital departamental, Pasto, ciudad de 300 mil habitantes, a unos 900 kilómetros al suroeste de Bogotá. En Samaniego, los indígenas fueron albergados en escuelas y edificios públicos.
La alcaldesa local Yamile Montenegro dijo que, a pesar de la buena voluntad de los vecinos de Samaniego y de la colaboración de organismos humanitarios, los recursos son escasos.
“Estamos brindándoles la atención que podemos y hemos pedido la colaboración de organismos internacionales”, subrayó.
“Nos vinimos sólo con lo que podíamos cargar, para salvarnos. Allá se quedaron todas nuestras cosas”, dice Pablo Ika, indígena de 40 años que llegó junto con su familia a Samaniego, el poblado más cercano al resguardo de los indígenas awá donde se denunciaron las masacres.
Según un estimado de la gobernación del departamento de Nariño, donde vive la mayoría de los awá, en total unos 400 indígenas han emprendido el éxodo tras las dos matanzas. De ellos unos 125 ya están en Samaniego y otro tanto en Buenavista, otro caserío en las inmediaciones del resguardo.
Las autoridades indígenas aseguran que guerrilleros de las FARC mataron el 4 de febrero a 17 miembros de la etnia awá, en represalia por su supuesta colaboración con el ejército. Otros 10, que huían tras la primera matanza, fueron reportados muertos esta semana.
En el territorio de los awá, unos 3 mil militares apoyados por helicópteros realizan tareas de patrullaje y búsqueda de los cadáveres de los indígenas. Las difíciles condiciones climáticas y lo agreste de la región, compuesta por montañas cubiertas de una espesa vegetación selvática, dificultan la tarea.
En la zona además abundan las minas antipersonas, colocadas por rebeldes y narcotraficantes, que utilizan la región como corredor para transportar cocaína hacia las costas del Pacífico.
Los helicópteros militares improvisaron una pista de aterrizaje en el paraje de El Sande, cerca de donde se supone ocurrió la segunda masacre.
Pero la tarea del ejército se ha topado con el mutismo de los indígenas, que temen entregar información para evitar nuevas represalias de la guerrilla.
“Nosotros, los awá, siempre hemos sido recelosos de todos los actores armados que entran en nuestros territorios, porque no queremos su guerra, pues no es nuestra”, explicó Elder Abuí.
El director regional de la fiscalía, Álvaro Lara, ofreció a los indígenas protección para que entreguen la información sobre los sitios donde están los cadáveres.
“Si no confían en el ejército o la policía, porque son estamentos armados, los funcionarios de la fiscalía estamos dispuestos a recibir sus testimonios”, expresó.
Una comisión civil que debe recibir informes de los indígenas awá que han llegado a Samaniego y Buenavista partió en la madrugada de este sábado desde la capital departamental, Pasto, ciudad de 300 mil habitantes, a unos 900 kilómetros al suroeste de Bogotá. En Samaniego, los indígenas fueron albergados en escuelas y edificios públicos.
La alcaldesa local Yamile Montenegro dijo que, a pesar de la buena voluntad de los vecinos de Samaniego y de la colaboración de organismos humanitarios, los recursos son escasos.
“Estamos brindándoles la atención que podemos y hemos pedido la colaboración de organismos internacionales”, subrayó.
AFP, Reforma, 15 de febrero.
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