La Cámara de Diputados pidió ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de la desaparición forzada y ejecución de los activistas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ocurrida el día 13 en Ayutla de los Libres, Guerrero, y al gobierno de Zeferino Torreblanca y a la procuraduría estatal les demandó realizar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial.
Por su lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) empezó la indagatoria del asesinato de los defensores indígenas de derechos humanos en Guerrero. Debido a que sus cuerpos fueron hallados el 21 de febrero con huellas de probable tortura, el organismo abrió un expediente de queja contra los gobiernos federal y local.
La CNDH dispuso el envío de un equipo al lugar de los hechos para que recabe evidencias, testimonios, constancias médicas y otros elementos que permitan determinar si existieron violaciones a las garantías fundamentales de los indígenas.
“Ante la manifiesta gravedad de los hechos y de los datos con que se cuenta, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, resolvió ejercer la facultad de atracción de la queja”, informó el organismo en un comunicado.
En San Lázaro, la Junta de Coordinación Política emitió un acuerdo en el que plantea que las investigaciones de la PGR, el gobierno y la procuraduría estatal garanticen a los familiares de los mixtecos acceso a la justicia.
También exhorta a la CNDH “a tomar las medidas apropiadas, en el ámbito de sus atribuciones, para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica” de los miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos y de los familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas.
Ultimátum de 30 días
Los legisladores advirtieron que en un plazo de 30 días, la CNDH deberá informar a la Cámara las medidas que haya adoptado sobre las recomendaciones.
Además, el pleno demandó a la PGR y a las secretarías de la Defensa Nacional y Seguridad Pública federal que informen, dentro del mismo plazo, si realizaron operativos y detenciones el 13 de febrero pasado en ese municipio; a Gobernación, que refuerce, vía su Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco.
Asimismo, exhortó al gobierno de Felipe Calderón a que envíe al Senado el documento de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, creado en virtud de la Convención Interna- cional para la Protección de Todas las Personas y contra Desapariciones Forzadas, de Naciones Unidas.
Por su lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) empezó la indagatoria del asesinato de los defensores indígenas de derechos humanos en Guerrero. Debido a que sus cuerpos fueron hallados el 21 de febrero con huellas de probable tortura, el organismo abrió un expediente de queja contra los gobiernos federal y local.
La CNDH dispuso el envío de un equipo al lugar de los hechos para que recabe evidencias, testimonios, constancias médicas y otros elementos que permitan determinar si existieron violaciones a las garantías fundamentales de los indígenas.
“Ante la manifiesta gravedad de los hechos y de los datos con que se cuenta, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, resolvió ejercer la facultad de atracción de la queja”, informó el organismo en un comunicado.
En San Lázaro, la Junta de Coordinación Política emitió un acuerdo en el que plantea que las investigaciones de la PGR, el gobierno y la procuraduría estatal garanticen a los familiares de los mixtecos acceso a la justicia.
También exhorta a la CNDH “a tomar las medidas apropiadas, en el ámbito de sus atribuciones, para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica” de los miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos y de los familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas.
Ultimátum de 30 días
Los legisladores advirtieron que en un plazo de 30 días, la CNDH deberá informar a la Cámara las medidas que haya adoptado sobre las recomendaciones.
Además, el pleno demandó a la PGR y a las secretarías de la Defensa Nacional y Seguridad Pública federal que informen, dentro del mismo plazo, si realizaron operativos y detenciones el 13 de febrero pasado en ese municipio; a Gobernación, que refuerce, vía su Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco.
Asimismo, exhortó al gobierno de Felipe Calderón a que envíe al Senado el documento de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, creado en virtud de la Convención Interna- cional para la Protección de Todas las Personas y contra Desapariciones Forzadas, de Naciones Unidas.
Enrique Méndez, Ciro Pérez y Emir Olivares Alonso, La Jornada, 27 de febrero.
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