En medio de gritos y el olor a orina y sudor, los soldados encuentran una habitación salpicada de manchas de sangre y un trozo de madera incrustado de clavos que los delincuentes usaban para golpear a los rehenes y exigirle dinero a sus familias: 3 mil dólares cada uno.
Cinco de los presuntos plagiarios son colocados en un camión del Ejército, entre ellos su supuesto líder, hijo de un agente de la policía local.
Tras pasar cinco días con elementos de la Octava División del Ejército mexicano en Tamaulipas, The Associated Press observa que la ofensiva del Ejército es al mismo tiempo exitosa e imperfecta, complicada por la corrupción policial, la falta de adiestramiento de los policías y la desconfianza de la población local.
"Aquí no se le puede hablar a la policía porque los policías están coludidos (con los narcotraficantes)", dijo el Capitán del Ejército Huascar Santiago.
En la incursión en Reynosa (ocurrida el pasado 17 de marzo), los soldados liberaron a nueve mujeres que eran retenidas en una sala de estar, vestidas sólo con su ropa interior, así como a 46 hombres congregados en dos pequeños dormitorios, algunos hasta durante un mes, con escasa comida y agua. La sala de torturas tenía un colchón en el suelo y había en las paredes manchas de sangre y carteles de mujeres semidesnudas.
Los soldados esposaron al líder de la banda y cubrieron su cabeza. Luego lo llevaron a un baño y lo hicieron arrodillarse frente a una bañera, junto a un balde con agua. La puerta fue cerrada. El sospechoso emergió mojado y dispuesto a revelar las direcciones de otras dos viviendas, aunque la búsqueda no rindió resultados.
"Son ustedes unos héroes. Dios se los va a pagar", señalaba un mensaje de texto en el teléfono celular del capitán Santiago. El mensaje era del hombre que dio la información.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció la semana pasada que las quejas contra los soldados pasaron de 182 en el 2006, antes del envío de las tropas, a mil 230 en el 2008. Entre las quejas se incluyen allanamientos ilegales y maltrato a los detenidos.
Pero el Presidente Felipe Calderón defiende la actuación de los soldados. Dice que en la mayoría de las áreas donde han sido emplazados gruesos contingentes de tropas, la violencia ha disminuido.
Eso incluye a Ciudad Juárez. Según el gobierno federal, desde que 11 mil soldados y agentes federales llegaron al área, los asesinatos vinculados a los narcos se redujeron en un 70 por ciento.
En Tamaulipas, antenas ilegales adornan techos y terrenos baldíos. Eso permite que exista una amplia red de espías de los narcotraficantes que pueden comunicarse con transmisores-receptores portátiles de radio. Además, en algunas poblaciones los residentes toleran e inclusive protegen a los traficantes.
Olga Rodríguez, Reforma, 30 de marzo.
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