En una carta enviada por el secretariado del grupo insurgente a Colombianos por la Paz, que lidera la senadora Piedad Córdoba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reclaman también “una veeduría internacional” para garantizar esos diálogos y adelantan que “ni bien la situación de orden público lo permita”, entregará a sus familiares “los restos del mayor (de policía Julio Ernesto) Guevara”.
“A la vez elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares”, reclamó la guerrilla en esa misiva.
Guevara falleció en cautiverio en algún lugar de la selva colombiana en febrero de 2006, después de permanecer en cautiverio más de siete años, tras ser secuestrado en noviembre de 1998 durante el asalto insurgente a la ciudad de Mitú, departamento de Vaupés.
La propuesta y reclamo de las FARC, aparece como un avance en el marco del tire y afloje que a lo largo de los últimos tres años mantienen con el gobierno para alcanzar el intercambio de rebeldes encarcelados a cambio de secuestrados. Desde las últimas liberaciones del pasado mes de febrero, sólo 22 policías del grupo de “los canjeables” quedan en cautiverio.
La difícil coyuntura por la que atravesaban las FARC desde hace más de un año, cuando una serie de golpes del Ejército acabaron con la vida de dos miembros del secretariado y la salud terminó con la de su líder histórico, Manuel Marulanda o Tirofijo, llevó ahora a la guerrilla a dejar de lado la exigencia de un territorio desmilitarizado en los municipios de Florida y Pradera, departamento del Valle.
“Estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes”, puntualizó la guerrilla en esa carta dirigida a Córdoba, donde reitera que los designados como delegados de las FARC son Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y Fabián Ramírez (estos dos últimos de actuación destacada en las fracasadas negociaciones de Paz en el Caguán durante 1998 y 2002). “La carta significa una gran posibilidad para avanzar en un acuerdo que había sido obstaculizado por planteamientos inamovibles de las partes, como el despeje de una zona para negociar”, explicó Iván Cepeda, de Colombianos por la Paz.
El sábado el mandatario Uribe había reiterado su negativa a negociar con las FARC debido a la “ofensiva terrorista” de los últimos 10 días en las que murieron nueve soldados y por lo menos 20 terminaron heridos en distintos puntos del país y con la que la guerrilla celebró el primer aniversario del deceso de su dirigente Tirofijo.
“¿Qué diálogo puede haber con estos bandidos que se lucen poniendo explosivos en la vecindad de las escuelas y en el camino de los niños? El diálogo es con la democracia. El diálogo no es con los terroristas”, había subrayado Uribe en la capital colombiana.
Para el analista Carlos Lozano, director del periódico La Voz, órgano del Partido Comunista Colombiano, “este es un gran paso adelante y es de esperar que el gobierno también tenga la grandeza de revisar sus exigencia y entienda que lo mejor es aprovechar esta oportunidad para realizar el canje”.
Mientras la guerrilla busca con esta propuesta reposicionarse políticamente, el gobierno está obligado a medir su próximo paso ya que un “sí” sólo conformaría a sus seguidores y ratificaría una estrategia donde sólo prima la “guerra” y una respuesta negativa terminaría por distanciarlo de la comunidad internacional y de aquellos que buscan que avanzar en el acuerdo humanitario.
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