La guerrilla colombiana de las FARC aceptó una propuesta para agilizar un intercambio de militares y policías secuestrados a cambio de que salgan de la cárcel unos 500 insurgentes presos, y flexibilizó su exigencia de desmilitarizar territorios para dialogar sobre el canje de rehenes.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) respondieron así a las cartas de personalidades encabezadas por la senadora opositora Piedad Córdoba, gestora de una docena de liberaciones de políticos y uniformados que han enviado varios mensajes al grupo rebelde.
La misiva de las FARC, fechada el 28 de marzo en las montañas de Colombia y suscrita por su secretariado o cúpula directiva, fue divulgada ayer por la página electrónica Anncol, que difunde habitualmente los pronunciamientos del grupo rebelde.
El grupo guerrillero señaló que está dispuesto a aceptar un diálogo para el intercambio, a condición de que haya una veeduría o presencia internacional.
Seis años de negociaciones. Aunque el acuerdo humanitario para el intercambio se gestiona hace cerca de seis años, siempre ha estado supeditado a que el Estado desmilitarice una extensa área del departamento del Valle del Cauca, exigencia que el gobierno del presidente Álvaro Uribe rechaza.
No obstante, en la carta las FARC restaron importancia a esa exigencia de desmilitarizar los municipios de Florida y Pradera (Valle del Cauca) para diálogos previos al intercambio.
“Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros”, expresaron las FARC al grupo Colombianos por la paz, dirigido por Piedad Córdoba.
Para ello, pidieron “garantías efectivas” para que sus delegados Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez, puedan participar en las gestiones y se “definan condiciones de modo, tiempo y lugar” y se conozcan “con suficiente anticipación”.
Las FARC liberaron en enero último a los políticos Alan Jara, ex gobernador del departamento del Meta; y Sigifredo López, ex diputado del Valle del Cauca; y en febrero a tres policías y un soldado, con lo que el grupo de rehenes que las FARC considera “canjeables” quedó en 22 personas.
No al diálogo con terroristas. El sábado el presidente colombiano rechazó la posibilidad de dialogar, ante los últimos ataques de las FARC y dijo que se necesita “firmeza con los terroristas”.
“¿Qué diálogo puede haber con estos bandidos que se lucen poniendo explosivos en la vecindad de las escuelas y en el camino de los niños? El diálogo es con la democracia. El diálogo no es con los terroristas”, afirmó.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) respondieron así a las cartas de personalidades encabezadas por la senadora opositora Piedad Córdoba, gestora de una docena de liberaciones de políticos y uniformados que han enviado varios mensajes al grupo rebelde.
La misiva de las FARC, fechada el 28 de marzo en las montañas de Colombia y suscrita por su secretariado o cúpula directiva, fue divulgada ayer por la página electrónica Anncol, que difunde habitualmente los pronunciamientos del grupo rebelde.
El grupo guerrillero señaló que está dispuesto a aceptar un diálogo para el intercambio, a condición de que haya una veeduría o presencia internacional.
Seis años de negociaciones. Aunque el acuerdo humanitario para el intercambio se gestiona hace cerca de seis años, siempre ha estado supeditado a que el Estado desmilitarice una extensa área del departamento del Valle del Cauca, exigencia que el gobierno del presidente Álvaro Uribe rechaza.
No obstante, en la carta las FARC restaron importancia a esa exigencia de desmilitarizar los municipios de Florida y Pradera (Valle del Cauca) para diálogos previos al intercambio.
“Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros”, expresaron las FARC al grupo Colombianos por la paz, dirigido por Piedad Córdoba.
Para ello, pidieron “garantías efectivas” para que sus delegados Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez, puedan participar en las gestiones y se “definan condiciones de modo, tiempo y lugar” y se conozcan “con suficiente anticipación”.
Las FARC liberaron en enero último a los políticos Alan Jara, ex gobernador del departamento del Meta; y Sigifredo López, ex diputado del Valle del Cauca; y en febrero a tres policías y un soldado, con lo que el grupo de rehenes que las FARC considera “canjeables” quedó en 22 personas.
No al diálogo con terroristas. El sábado el presidente colombiano rechazó la posibilidad de dialogar, ante los últimos ataques de las FARC y dijo que se necesita “firmeza con los terroristas”.
“¿Qué diálogo puede haber con estos bandidos que se lucen poniendo explosivos en la vecindad de las escuelas y en el camino de los niños? El diálogo es con la democracia. El diálogo no es con los terroristas”, afirmó.
Efe en Bogotá, Crónica, 30 de marzo.
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