El próximo 5 de julio, además de las elecciones federales se celebrarán 11 comicios estatales. En México, los institutos electorales estatales determinan los requisitos para la elaboración y publicación de encuestas.
Sin embargo, las regulaciones de tres de estos 11 institutos electorales, que los encuestadores de Consulta Mitofsky, Parametría, Buendía y Laredo, Berumen y Asociados, Demotecnia y BGC consideraron excesivas y de imposible cumplimiento, llevaron a las empresas a unirse y a presentar en Casa Lamm un frente común contra las medidas.
Los encuestadores destacaron que en Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora los requisitos para autorizar su trabajo van más allá de lo que legal, moral y metodológicamente pueden comprometer. Además, la regulación excesiva y sin sentido viola derechos constitucionales como el derecho al trabajo y a la información, particularmente la exigencia de los organismos de Sonora y Nuevo León —de entregar los resultados tres días antes de su publicación—, viola el artículo séptimo constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aseguraron.
Riesgos metodológicos
Los encuestadores reunidos en este foro informaron que ante el instituto electoral de San Luis Potosí solicitarán de manera conjunta el registro para poder elaborar encuestas, pero dejando en claro que el “plan de encuestas” no existe como tal, y que el detalle metodológico que exigen es impreciso en unos puntos, metodológicamente incorrecto en otros e improcedente en materia de encuestas electorales.
En Sonora y Nuevo León harán constar que es imposible entregar los resultados tres días antes de su publicación.
Sin embargo, las regulaciones de tres de estos 11 institutos electorales, que los encuestadores de Consulta Mitofsky, Parametría, Buendía y Laredo, Berumen y Asociados, Demotecnia y BGC consideraron excesivas y de imposible cumplimiento, llevaron a las empresas a unirse y a presentar en Casa Lamm un frente común contra las medidas.
Los encuestadores destacaron que en Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora los requisitos para autorizar su trabajo van más allá de lo que legal, moral y metodológicamente pueden comprometer. Además, la regulación excesiva y sin sentido viola derechos constitucionales como el derecho al trabajo y a la información, particularmente la exigencia de los organismos de Sonora y Nuevo León —de entregar los resultados tres días antes de su publicación—, viola el artículo séptimo constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aseguraron.
Riesgos metodológicos
Los encuestadores reunidos en este foro informaron que ante el instituto electoral de San Luis Potosí solicitarán de manera conjunta el registro para poder elaborar encuestas, pero dejando en claro que el “plan de encuestas” no existe como tal, y que el detalle metodológico que exigen es impreciso en unos puntos, metodológicamente incorrecto en otros e improcedente en materia de encuestas electorales.
En Sonora y Nuevo León harán constar que es imposible entregar los resultados tres días antes de su publicación.
El Universal, 31 de marzo.
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