Muchos consideran que el peor ombudsman nacional en la historia del país es José Luis Soberanes Fernández, quien está a punto de concluir su gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El recuento de su labor durante los 10 años que se mantuvo allí muestra la magnitud de la crisis que vive el país en materia de Derechos Humanos.
Es cierto que las reformas de 1999 al Artículo 102 Constitucional otorgaron autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios a la CNDH; al tiempo que elevaron a rango Constitucional la figura de consejero y establecieron al Senado, y ya no el Ejecutivo, como la instancia responsable de designar al ombudsman nacional. Todo ello, se pensaba, propiciaría una institución mucho más sólida y efectiva en el cumplimiento de sus funciones.
Sin embargo, la lista de omisiones e irregularidades en las que incurrió Soberanes es tal, que no hay evaluación difundida por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos respetable, ya sea nacional o internacional (incluidas Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch, entre otras) que no confirme el fracaso del Estado mexicano en la vigilancia y defensa de los derechos y garantías fundamentales de la población en los últimos años. Más aún, basta con echar un vistazo a los medios informativos para constatar los sistemáticos abusos a los Derechos Humanos de la ciudadanía y la ausencia de la CNDH.
Uno de los muchos puntos cuestionables de la labor de Soberanes tiene que ver con la misoginia y el machismo con que se condujo la CNDH estando él a cargo. Más allá de la ausencia de una sólida perspectiva de género de parte de la Comisión (que ya resulta grave), el Ombudsman optó por ser un factor de retroceso en materia de derechos de las mujeres, cuando en 2006, en alianza con el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, antepuso sus creencias religiosas personales y presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Aunque fracasó en su intento por echar atrás la despenalización en el DF, sus “argumentos” han sido retomados por quienes han aprobado en 14 entidades federativas legislaciones que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en casos de violación o de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre o del futuro bebé o bien de malformaciones.
Pero eso no es todo, también está el ominoso silencio ante los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, pues luego del informe presentado por Mirelle Roccatti en 1998, la Comisión ignoró los más de 400 asesinatos de mujeres documentados en la entidad desde 1993. Hace más de una década que la CNDH no ha publicado otro informe, no ha hecho recomendaciones, ni ha dado seguimiento a los terribles hechos que continúan aconteciendo en Ciudad Juárez.
Pero no sólo es Ciudad Juárez. Para el año 2008, de acuerdo con la Red de Investigadoras Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, A.C., al menos 10 mil mujeres y niñas habían sido asesinadas de manera violenta en México en un lapso de 10 años y la mayor parte de los casos quedaron en la impunidad. Sobre el caso, claro está, la CNDH no ha emitido pronunciamientos específicos, no cuenta con campañas sólidas, ni tampoco ha investigado los numerosos casos.
Uno de los episodios de mayor descrédito para la CNDH se dio cuando Soberanes convalidó la versión que Felipe Calderón diera sobre la muerte de la indígena originaria de la Sierra de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio. En una entrevista, Calderón cometió la atrocidad de asegurar que la mujer “falleció de gastritis crónica mal atendida”, en un intento por fijar el sentido de la indagatoria de la CNDH y liberar de cualquier responsabilidad al Ejército. 16 días después su versión fue confirmada por la CNDH, pese a las múltiples irregularidades e interrogantes que quedaron en torno al caso.
Para empezar, nunca se acreditó que la mujer tuviera un historial clínico de enfermedades gástricas que justificara la hemorragia que le costaría la vida. Además, “extrañamente” las autoridades estatales cambiaron el sentido de sus afirmaciones que originalmente apuntaban a que el origen del fallecimiento fue una violación y no un padecimiento crónico. En otros casos incluso fueron acallados los testimonios, como ocurrió con los médicos forenses Ignacio Gutiérrez Vázquez y Juan Pablo Medizabal
Pérez. El episodio confirmaría la dinámica de connivencia con los abusos que cometan las autoridades, federales o estatales, y la opacidad en las determinaciones de la Comisión, lo cual se convirtió en el sello de la casa.
Por supuesto, en la mejor tradición de los ombudsman de talla mundial, Soberanes rechazó, ignoró y descalificó cualquier crítica a la labor de la CNDH o a su gestión. La profunda distancia entre la Comisión y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos en México, así como las diferencias con algunos ombudsman de los Estados, fueron ampliamente difundidas. Incluso hubo casos como el de la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Guadalupe Morfín, quien cayó de la gracia de Soberanes cuando denunció la falta de apoyo de la CNDH y las presiones de las que eran objeto custodios del penal de Puente Grande para que desistieran de denunciar las irregularidades que permitieron la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A nivel internacional, un desaguisado fuerte se dio con la organización internacional Human Rights Watch (HRW), luego de la publicación del informe La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Una Evaluación Crítica, en el año 2008. En ese entonces, Soberanes descalificó las observaciones, claramente certeras, que establecían que el organismo cuesta mucho y rinde pocos resultados. El Ombudsman censuró y atacó duramente a cualquier persona u organización que mostrara acuerdo por las conclusiones del informe, de lo cual es prueba la precipitadarenuncia del representante del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, quien tras manifestar su acuerdo con dicho informe, fue objeto de una dura crítica de parte de Soberanes, luego de la cual fue removido y se le dio un plazo no mayor a dos meses para que dejara el país.
El incidente con Incalcaterra dio lugar a que organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (DF), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, lamentaran el papel de la CNDH, a la cual calificaron de incongruente y de falta de veracidad, por lo que demandaron la salida de Soberanes y solicitaron la realización de un juicio político.
Otro frente es el de los abusos militares. Aun cuando la Comisión ha reportado que en lo que va del sexenio se han registrado cerca de 2 mil 500 quejas contra el Ejército, este año únicamente ha emitido 14 recomendaciones, mismo número de recomendaciones emitidas durante todo el 2008. Las quejas presentadas abarcan delitos como ejecuciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, tortura, violaciones sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones.
La Comisión es el organismo defensor de Derechos Humanos con mayor presupuesto en América Latina, al grado que entre los años 2000 y 2009 éste se incrementó 236%, al pasar de 283 a más de 952 millones de pesos. De esos recursos, más del 70% se destinó al pago de la nómina, según la cual, Soberanes detenta un sueldo de 149 mil pesos mensuales y tiene a su disposición viáticos de lujo y prestaciones que incrementan en más del 30% su sueldo. Incluso se sabe que cuenta con un chef personal pagado con el presupuesto federal, quien satisface las exigencias gastronómicas del Ombudsman. Es decir, un mexicano como cualquier otro.
Es cierto que las reformas de 1999 al Artículo 102 Constitucional otorgaron autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios a la CNDH; al tiempo que elevaron a rango Constitucional la figura de consejero y establecieron al Senado, y ya no el Ejecutivo, como la instancia responsable de designar al ombudsman nacional. Todo ello, se pensaba, propiciaría una institución mucho más sólida y efectiva en el cumplimiento de sus funciones.
Sin embargo, la lista de omisiones e irregularidades en las que incurrió Soberanes es tal, que no hay evaluación difundida por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos respetable, ya sea nacional o internacional (incluidas Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch, entre otras) que no confirme el fracaso del Estado mexicano en la vigilancia y defensa de los derechos y garantías fundamentales de la población en los últimos años. Más aún, basta con echar un vistazo a los medios informativos para constatar los sistemáticos abusos a los Derechos Humanos de la ciudadanía y la ausencia de la CNDH.
Uno de los muchos puntos cuestionables de la labor de Soberanes tiene que ver con la misoginia y el machismo con que se condujo la CNDH estando él a cargo. Más allá de la ausencia de una sólida perspectiva de género de parte de la Comisión (que ya resulta grave), el Ombudsman optó por ser un factor de retroceso en materia de derechos de las mujeres, cuando en 2006, en alianza con el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, antepuso sus creencias religiosas personales y presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Aunque fracasó en su intento por echar atrás la despenalización en el DF, sus “argumentos” han sido retomados por quienes han aprobado en 14 entidades federativas legislaciones que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en casos de violación o de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre o del futuro bebé o bien de malformaciones.
Pero eso no es todo, también está el ominoso silencio ante los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, pues luego del informe presentado por Mirelle Roccatti en 1998, la Comisión ignoró los más de 400 asesinatos de mujeres documentados en la entidad desde 1993. Hace más de una década que la CNDH no ha publicado otro informe, no ha hecho recomendaciones, ni ha dado seguimiento a los terribles hechos que continúan aconteciendo en Ciudad Juárez.
Pero no sólo es Ciudad Juárez. Para el año 2008, de acuerdo con la Red de Investigadoras Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, A.C., al menos 10 mil mujeres y niñas habían sido asesinadas de manera violenta en México en un lapso de 10 años y la mayor parte de los casos quedaron en la impunidad. Sobre el caso, claro está, la CNDH no ha emitido pronunciamientos específicos, no cuenta con campañas sólidas, ni tampoco ha investigado los numerosos casos.
Uno de los episodios de mayor descrédito para la CNDH se dio cuando Soberanes convalidó la versión que Felipe Calderón diera sobre la muerte de la indígena originaria de la Sierra de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio. En una entrevista, Calderón cometió la atrocidad de asegurar que la mujer “falleció de gastritis crónica mal atendida”, en un intento por fijar el sentido de la indagatoria de la CNDH y liberar de cualquier responsabilidad al Ejército. 16 días después su versión fue confirmada por la CNDH, pese a las múltiples irregularidades e interrogantes que quedaron en torno al caso.
Para empezar, nunca se acreditó que la mujer tuviera un historial clínico de enfermedades gástricas que justificara la hemorragia que le costaría la vida. Además, “extrañamente” las autoridades estatales cambiaron el sentido de sus afirmaciones que originalmente apuntaban a que el origen del fallecimiento fue una violación y no un padecimiento crónico. En otros casos incluso fueron acallados los testimonios, como ocurrió con los médicos forenses Ignacio Gutiérrez Vázquez y Juan Pablo Medizabal
Pérez. El episodio confirmaría la dinámica de connivencia con los abusos que cometan las autoridades, federales o estatales, y la opacidad en las determinaciones de la Comisión, lo cual se convirtió en el sello de la casa.
Por supuesto, en la mejor tradición de los ombudsman de talla mundial, Soberanes rechazó, ignoró y descalificó cualquier crítica a la labor de la CNDH o a su gestión. La profunda distancia entre la Comisión y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos en México, así como las diferencias con algunos ombudsman de los Estados, fueron ampliamente difundidas. Incluso hubo casos como el de la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Guadalupe Morfín, quien cayó de la gracia de Soberanes cuando denunció la falta de apoyo de la CNDH y las presiones de las que eran objeto custodios del penal de Puente Grande para que desistieran de denunciar las irregularidades que permitieron la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A nivel internacional, un desaguisado fuerte se dio con la organización internacional Human Rights Watch (HRW), luego de la publicación del informe La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Una Evaluación Crítica, en el año 2008. En ese entonces, Soberanes descalificó las observaciones, claramente certeras, que establecían que el organismo cuesta mucho y rinde pocos resultados. El Ombudsman censuró y atacó duramente a cualquier persona u organización que mostrara acuerdo por las conclusiones del informe, de lo cual es prueba la precipitadarenuncia del representante del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, quien tras manifestar su acuerdo con dicho informe, fue objeto de una dura crítica de parte de Soberanes, luego de la cual fue removido y se le dio un plazo no mayor a dos meses para que dejara el país.
El incidente con Incalcaterra dio lugar a que organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (DF), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, lamentaran el papel de la CNDH, a la cual calificaron de incongruente y de falta de veracidad, por lo que demandaron la salida de Soberanes y solicitaron la realización de un juicio político.
Otro frente es el de los abusos militares. Aun cuando la Comisión ha reportado que en lo que va del sexenio se han registrado cerca de 2 mil 500 quejas contra el Ejército, este año únicamente ha emitido 14 recomendaciones, mismo número de recomendaciones emitidas durante todo el 2008. Las quejas presentadas abarcan delitos como ejecuciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, tortura, violaciones sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones.
La Comisión es el organismo defensor de Derechos Humanos con mayor presupuesto en América Latina, al grado que entre los años 2000 y 2009 éste se incrementó 236%, al pasar de 283 a más de 952 millones de pesos. De esos recursos, más del 70% se destinó al pago de la nómina, según la cual, Soberanes detenta un sueldo de 149 mil pesos mensuales y tiene a su disposición viáticos de lujo y prestaciones que incrementan en más del 30% su sueldo. Incluso se sabe que cuenta con un chef personal pagado con el presupuesto federal, quien satisface las exigencias gastronómicas del Ombudsman. Es decir, un mexicano como cualquier otro.
Mario Alcántara Jimenez, Crónica 21 de septiembre.
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