BOGOTÁ (Agencias).— El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, firmó ayer un proyecto de referendo que le abre el camino para buscar su segunda reelección consecutiva y de inmediato lo envió a la Corte Constitucional para que inicie el examen de legalidad, informó el gobierno.
La sanción del referendo, aprobado previamente por el Congreso, y su envío al tribunal fue interpretado por analistas como una clara señal de que el mandatario está interesado en ser candidato en los comicios de 2010, aunque no lo ha expresado en público.
Ahora, la Corte tiene 120 días para decidir si declara legal el trámite. De ser así, el referendo será convocado y deberá contar con la participación de 25% de los electores —más de 7 millones de personas— para ser avalado.
Mientras tanto, el Consejo colombiano de Estado comenzó ayer a analizar el polémico acuerdo que permitiría a Estados Unidos usar bases militares de este país andino. El Consejo deberá emitir un dictamen, requisito previo para que el convenio pueda ser firmado por los gobiernos de ambas naciones.
El Consejo de Estado ha recibido del gobierno documentación detallada del convenio y la va a estudiar para emitir su dictamen “lo más pronto posible”, señaló ayer el presidente de este órgano, Rafael Ostau de Lafont, quien no se aventuró a precisar una fecha porque, explicó, se trata de “un tema complejo y de trascendencia internacional”.
El polémico acuerdo entre Bogotá y Washington ha sido cuestionado por varios países y motivó la convocatoria de una cumbre extraordinaria de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) el pasado 28 de agosto en Bariloche, al sur de Argentina. Además, fue una de las causas por las que el presidente venezolano, Hugo Chávez, decidió congelar recientemente sus relaciones con Colombia.
Trato inhumano a rehenes
En otro orden, el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, denunció ayer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla izquierdista del país, somete a los rehenes a tratos inhumanos y degradantes.
“Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas, incluyendo a aquellas que sufren reclusiones prolongadas en completo desprecio por los estándares mínimos de dignidad y humanidad”, subrayó, tras la difusión de pruebas de supervivencia de varios de los cautivos.
La sanción del referendo, aprobado previamente por el Congreso, y su envío al tribunal fue interpretado por analistas como una clara señal de que el mandatario está interesado en ser candidato en los comicios de 2010, aunque no lo ha expresado en público.
Ahora, la Corte tiene 120 días para decidir si declara legal el trámite. De ser así, el referendo será convocado y deberá contar con la participación de 25% de los electores —más de 7 millones de personas— para ser avalado.
Mientras tanto, el Consejo colombiano de Estado comenzó ayer a analizar el polémico acuerdo que permitiría a Estados Unidos usar bases militares de este país andino. El Consejo deberá emitir un dictamen, requisito previo para que el convenio pueda ser firmado por los gobiernos de ambas naciones.
El Consejo de Estado ha recibido del gobierno documentación detallada del convenio y la va a estudiar para emitir su dictamen “lo más pronto posible”, señaló ayer el presidente de este órgano, Rafael Ostau de Lafont, quien no se aventuró a precisar una fecha porque, explicó, se trata de “un tema complejo y de trascendencia internacional”.
El polémico acuerdo entre Bogotá y Washington ha sido cuestionado por varios países y motivó la convocatoria de una cumbre extraordinaria de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) el pasado 28 de agosto en Bariloche, al sur de Argentina. Además, fue una de las causas por las que el presidente venezolano, Hugo Chávez, decidió congelar recientemente sus relaciones con Colombia.
Trato inhumano a rehenes
En otro orden, el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, denunció ayer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla izquierdista del país, somete a los rehenes a tratos inhumanos y degradantes.
“Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas, incluyendo a aquellas que sufren reclusiones prolongadas en completo desprecio por los estándares mínimos de dignidad y humanidad”, subrayó, tras la difusión de pruebas de supervivencia de varios de los cautivos.
El Universal, 9 de septiembre.
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