Con cierre de secretarías, en vilo 7 mil empleados

El presidente Felipe Calderón anunció ayer la desaparición de las secretarías de Turismo, Función Pública y Reforma Agraria, que puede representar un ahorro de 80 mil millones de pesos para el erario, así como la fusión de la Lotería Nacional con Pronósticos para la Asistencia Pública, y con lo que están en riesgo 7 mil 651 trabajadores, de los cuales 4 mil 282 son de base y 3 mil 369 de confianza
y honorarios.

Con esta decisión podrían quedar inconclusos proyectos turísticos y programas de apoyo al sector rural.

El gobierno federal propuso un recorte de mil 200 millones de pesos al presupuesto del sector turismo, así como la integración de la Secretaría de Turismo a la de Economía.

En el presupuesto de 2010 el gasto público destinado al turismo pasará de 4 mil 200 a 3 mil millones de pesos, lo que significa un recorte de 28 por ciento. Esta reducción afectaría proyectos turísticos como el del nuevo Centro Integralmente Planeado Costa-Pacífico, que contaría con una inversión pública de 4 mil millones de pesos y 6 mil millones de dólares en inversión privada.

Están en riesgo desarrollos como el relanzamiento de Huatulco, que prevé la construcción de 2 mil 500 cuartos nuevos, que supondrían una inversión pública de 108 millones de dólares, hasta 2012.

Las labores de la Secretaría de la Función Pública, que era la encargada de realizar auditorías a las dependencias del gobierno, vigilar el uso de los inmuebles federales y fiscalizar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, serán desempeñadas por la Contraloría General de la Federación, que dependerá de
la Presidencia.

En la SFP laboran 2 mil 546 personas, cuyos salarios le costaban al erario mil 181 millones de pesos. Vigilaba y fiscalizaba las compras y contrataciones del gobierno federal, que en 2008 sumaron 449 mil 672.23 millones de pesos.

Asimismo, administraba el sistema de compras electrónicas Compranet y el Asesoramiento Preventivo que brindaba asesoría y orientación a las dependencias en procesos de contratación para proyectos estratégicos.

Este programa contaba con 46 proyectos, con un valor de 47 mil 896 millones de pesos.

La SFP creó la Unidad de Política de Contrataciones Públicas que incentiva las ventas que realizan los particulares al gobierno.

Por su parte, la Secretaría de la Reforma Agraria ejerció un presupuesto de 4 mil 190 millones de pesos, de éstos mil 336.9 millones se destinaban para el pago del salario de 3 mil 546 trabajadores, 2 mil 374 de base.

Destinaba mil 500 millones de pesos para programas de apoyo al sector rural, como el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrícolas, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario y el Joven Emprendedor Rural.

Rafael Galindo Jaime, presidente de la Central Campesina Independiente, dijo que el interés de desaparecer la SRA fue económico y político, pues tanto el sector empresarial del medio rural como algunos funcionarios tienen intereses creados.

Advirtió que con esta medida se viola el artículo 27 Constitucional y tendrá que desaparecer también el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, el Tribunal Superior Agrario y el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina, consideró que es un error desaparecer la SRA, bajo el argumento de que se deben ahorrar gastos para enfrentar la crisis económica, porque el sector rural es sinónimo de soberanía nacional.
Milenio, 9 de septiembre.

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