El polémico proyecto de ley para que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, opte a una segunda reelección en 2010, fue aprobado al filo de la medianoche de ayer tras 15 horas de tenso debate en el Congreso.
Dos semanas después de su aprobación en el Senado, la norma recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, tras una maratónica jornada teñida de acusaciones por supuestas ofertas de prebendas y ventas de votos.
Frente a estas protestas por la supuesta compra del voto de los legisladores, el silencio del mandatario, aquejado desde el fin de semana por la gripe A/H1N1.
Se espera, no obstante, que en los próximos días anuncie su candidatura a las elecciones del año que viene, aunque para que se haga finalmente efectiva deberá esperar al dictamen final de la Corte Constitucional, que debe examinar si es compatible el texto que se planteará en el referéndum con la Carta Magna, así como las irregularidades denunciadas durante el procedimiento de trámite de la ley.
Antes de diciembre. La ex presidenta del alto tribunal, Clara Inés Vargas, explicó ayer tras dar luz verde el Congreso a la segunda reelección, que si la Corte no se pronuncia antes del 30 de noviembre será imposible celebrar el referéndum que permitiría al presidente presentarse para un tercer mandato consecutivo.
Vargas advirtió que la Corte debe hacer un estudio jurídico exhaustivo de “muchas incidencias novedosas”, entre las que citó los casos de tránsfugas de la oposición al oficialismo, que podría deberse a las supuestas prebendas ofrecidas para que cambien su voto del “no” al “sí”.
En las últimas semanas, los opositores Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda) y el histórico Partido Liberal han acusado al gobierno de ofrecer prebendas para sacar adelante la iniciativa.
“Una vergüenza”. “Lo que ha pasado en el Congreso es una vergüenza porque se han conocido todo tipo de hechos de corrupción”, denunció ayer el candidato independiente a la presidencia, Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, segunda ciudad del país.
Por su parte, el precandidato presidencial Rafael Pardo, del Partido Liberal, consideró que la aprobación del texto por el Congreso es fruto de “un ejercicio de presión y corrupción absolutamente inútil, porque los cálculos demuestran que el presidente no tiene tiempo” para presentar su candidatura.
En respuesta, el ministro del Interior, Fabio Valencia, replicó que el gobierno está “convencido” de que las votaciones en el Congreso se han hecho “dentro del más riguroso trámite legal”.
Mientras la estrategia gubernamental es agilizar los procedimientos para la aprobación del referendo, Uribe tiene otro desafío: lograr que al menos siete millones y medio de colombianos, del total de 30 millones de electores, voten cuando se convoque el plebiscito, y además ganarse la confianza de la mayoría.
Si se llega a este punto, alertó el precandidato presidencial del PDA, Gustavo Petro, “si Uribe gana en las urnas, habrá dictadura en Colombia”.
Dos semanas después de su aprobación en el Senado, la norma recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, tras una maratónica jornada teñida de acusaciones por supuestas ofertas de prebendas y ventas de votos.
Frente a estas protestas por la supuesta compra del voto de los legisladores, el silencio del mandatario, aquejado desde el fin de semana por la gripe A/H1N1.
Se espera, no obstante, que en los próximos días anuncie su candidatura a las elecciones del año que viene, aunque para que se haga finalmente efectiva deberá esperar al dictamen final de la Corte Constitucional, que debe examinar si es compatible el texto que se planteará en el referéndum con la Carta Magna, así como las irregularidades denunciadas durante el procedimiento de trámite de la ley.
Antes de diciembre. La ex presidenta del alto tribunal, Clara Inés Vargas, explicó ayer tras dar luz verde el Congreso a la segunda reelección, que si la Corte no se pronuncia antes del 30 de noviembre será imposible celebrar el referéndum que permitiría al presidente presentarse para un tercer mandato consecutivo.
Vargas advirtió que la Corte debe hacer un estudio jurídico exhaustivo de “muchas incidencias novedosas”, entre las que citó los casos de tránsfugas de la oposición al oficialismo, que podría deberse a las supuestas prebendas ofrecidas para que cambien su voto del “no” al “sí”.
En las últimas semanas, los opositores Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda) y el histórico Partido Liberal han acusado al gobierno de ofrecer prebendas para sacar adelante la iniciativa.
“Una vergüenza”. “Lo que ha pasado en el Congreso es una vergüenza porque se han conocido todo tipo de hechos de corrupción”, denunció ayer el candidato independiente a la presidencia, Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, segunda ciudad del país.
Por su parte, el precandidato presidencial Rafael Pardo, del Partido Liberal, consideró que la aprobación del texto por el Congreso es fruto de “un ejercicio de presión y corrupción absolutamente inútil, porque los cálculos demuestran que el presidente no tiene tiempo” para presentar su candidatura.
En respuesta, el ministro del Interior, Fabio Valencia, replicó que el gobierno está “convencido” de que las votaciones en el Congreso se han hecho “dentro del más riguroso trámite legal”.
Mientras la estrategia gubernamental es agilizar los procedimientos para la aprobación del referendo, Uribe tiene otro desafío: lograr que al menos siete millones y medio de colombianos, del total de 30 millones de electores, voten cuando se convoque el plebiscito, y además ganarse la confianza de la mayoría.
Si se llega a este punto, alertó el precandidato presidencial del PDA, Gustavo Petro, “si Uribe gana en las urnas, habrá dictadura en Colombia”.
EFE en Bogotá, Crónica, 3 de septiembre.
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