Defienden a indígenas

Todos somos Jacinta, Teresa y Alberta: ésa fue la consigna a cuyo tono una Cámara de Diputados unánime exhortó a la Procuraduría General de la República a presentar "a la brevedad posible" las conclusiones no acusatorias para que esas tres mujeres, pobres e indígenas, salgan de la cárcel en que sin causa están recluidas desde hace tres años.

Sensible a deshoras a ese drama, la Junta de Coordinación Política pidió modificar el orden del día para introducir ese planteamiento, que suscitó una insólita coincidencia (a la que sólo el Partido Verde no se sumó, pese a que en algún momento su fundador Jorge González Torres se las dio de indigenista).

Narcedalia Ramírez Pineda, que durante años ha realizado trabajo de promoción social entre los mixtecos en Oaxaca, a través de la Fundación Ayú, abrió la ronda de apoyos a esa posición de los coordinadores parlamentarios. En nombre de la bancada priista -y en el suyo propio, animada en este caso por su solidaridad de género y de condición étnica- dijo que en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González "la injusticia es patente".

Sintetizó la situación recordando que las tres mujeres ñahñú, presas en Querétaro, fueron detenidas bajo la acusación de secuestrar a miembros de la Agencia Federal de Investigación, que en realidad habían ingresado a un tianguis para extorsionar. Cuando la resistencia de la gente impidió ese "delito policial", como lo calificó la diputada oaxaqueña, se vengaron con acusaciones en falso que les significaron condenas de 21 años de prisión.

Ordenada la reposición del procedimiento, la PGR anunció que no acusaría de nuevo a Jacinta. La joven legisladora, que pidió "no callar ni silenciar esta clase de atropellos", demandó que esa disposición alcance también a Teresa y Alberta.

En pleno acuerdo con esas posiciones iniciales, hablaron las perredistas Florentina Rosario Morales, Teresa Incháustegui y Leticia Quezada Orozco; Alma Fuentes Cortés y Rosi Orozco del PAN (quien pidió la reivindicación de las víctimas con "medidas simbólicas con impacto en su comunidad"), y Elsa María Martínez de Nueva Alianza.

Dos varones acompañaron a estas diputadas en su solidaridad con las tres presas: Jaime Cárdenas, del PT, que contrastó la defensa hecha por Sarkozy a favor de Florence Cassez con el silencio de Calderón respecto de estas mujeres. Y el hidalguense Héctor Pedraza, diputado por Ixmiquilpan, que inició su intervención en lengua ñahñú, que estuvo seguro que nadie comprendió, para hacer una reivindicación de los derechos de los 600 mil mexicanos de esa cultura dispersos en Querétaro, México e Hidalgo.

El acuerdo así expresado se convirtió en discrepancia apenas se abordó la agenda política, ya muy avanzada la sesión, tanto que programada para examinar los relevos en el gabinete dispuestos por el presidente Calderón, los participantes en la ronda de oradores tuvieron tiempo de comentar la presentación del paquete fiscal a los medios -cuando debió entregarse antes a la Mesa Directiva, lo que ocurriría apenas concluida la sesión, después de las cinco de la tarde-, incluyendo la supresión de las secretarías de Turismo, de la Reforma Agraria y de la Función Pública.

Únicamente los panistas Gerardo de los Cobos y Jesús Ramírez Rangel defendieron los nombramientos, aduciendo una formalidad que nadie discute, la facultad presidencial de nombrar y remover a sus colaboradores. Con reticencias, algún apoyo recibió esa posición del panalista chiapaneco Liev Vladimir Ramos Cárdenas.

De ahí en fuera, todo fueron agrias críticas a las designaciones, lo cual fue juzgado por Adriana Sarur como "bastantemente sano" con sabiduría esperable en la conductora de televisión de un canal usurpado. El priista hidalguense Jorge Romero Romero (huésped de San Lázaro por segunda vez) previno al nuevo director de Pemex contra cualquier intento de privatización y se preguntó si Eduardo Medina Mora perdió la guerra contra el crimen organizado o contra Genaro García Luna.

Y fueron más duros los petistas Teresa Guadalupe Reyes y Gerardo Fernández Noroña (que pidió una vez más la renuncia de Calderón), Laura Arizmendi, de Convergencia, y los perredistas Arturo Santana Alfaro y Claudia Edith Anaya, zacatecana que en silla de ruedas subió a la tribuna (sobre rampas improvisadas) para compendiar los expedientes contrarios a Arturo Chávez Chávez, candidato a procurador de la República, en materia de derechos humanos.
Miguel Ángel Granados Chapa, Reforma, 9 de septiembre.

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